Acuerdo de pensiones: una victoria de la democracia

¿Tanto les costaba a las organizaciones empresariales y a los partidos de derechas aprobar una ley que mejora las condiciones de vida de los pensionistas, cumpliendo con los compromisos que el país tiene con sus mayores y que establece un marco estable sobre la financiación de nuestro sistema de pensiones?

Efectivamente, el acuerdo, que supone un incremento de las cotizaciones sociales de 0,6 décimas hasta el año 2032, es un cambio de paradigma de cómo se ha intentado resolver esta cuestión en las últimas dos décadas. Ante el inevitable envejecimiento de la población española, y consecuentemente la próxima la llegada a la jubilación de los ‘boomers’, sólo caben dos opciones:

O bien incrementar el gasto en pensiones durante un par de décadas para que los futuros pensionistas no pierdan poder adquisitivo en una etapa muy difícil de sus vidas, cuando los gastos médicos y de dependencia se incrementan de forma exponencial; y consecuentemente incrementar los ingresos para hacer frente a ese gasto. Como se hace cuando nacen más niños y hay que construir más escuelas y contratar a más profesores. De esta forma se opta por que sea la democracia la que organice la sociedad, ya se hace frente a una demanda social que se expresa en las urnas, y en las movilizaciones sociales. Ningún partido político con posibilidades de gobierno se ha presentado nunca a unas elecciones en España diciendo que hay que recortar las pensiones.

O bien reducir las cuantías de las pensiones, reduciendo los niveles de bienestar de la inmensa mayoría de los pensionistas, de tal forma que los únicos que puedan alcanzar un envejecimiento digno sean aquellos que han heredado un importante patrimonio o que han tenido elevados salarios que les han permitido contratar planes privados de pensiones, o incrementar de forma notable su patrimonio permitiéndoles tener importantes rentas de capital añadidas a la pensión. En este caso tendríamos una sociedad que organiza el bienestar de sus mayores sólo bajo el criterio del dinero. Un escenario soñado por los grupos financieros ya que canaliza gran parte del ahorro privado hacía ellos. Un sistema, como hemos visto en Chile tras la crisis financiera de 2008-2009, que no garantiza una pensión digna ni siquiera a quienes tienes planes en fondos de pensiones privados, ya que éstos quebraron durante la crisis, dejando en la indigencia a millones de ancianos, algo que nunca sucederá con un sistema público.

Las anteriores reformas, y particularmente la de 2013, suponían una clara apuesta por este último criterio, utilizando “complejos vocablos” para ocultar el recorte de las pensiones.

Sin embargo, la actual reforma, recién aprobada por el Congreso de los Diputados, opta por lo contrario: se deroga el factor de sostenibilidad (‘palabro’ inventado para justificar de forma torticera un recorte de pensiones); se garantiza la revalorización anual de las pensiones a partir de la inflación media, para que los pensionistas actuales y futuros no pierdan poder adquisitivo; se acuerda que en la segunda fase de negociación que se abre ahora se incrementen en mayor medida las pensiones más bajas, incluidas las no contributivas; y lo más importante, se establece un marco nuevo que implica un compromiso de incrementar la transferencia de dinero público a la Seguridad Social en una cuantía anual aproximada de un 2% del PIB a partir de 2023. En los PGE-2022 ya se contempla una partida de más de 18.000 millones €.

El gobierno y los sindicatos han apostado por la democracia como instrumento de organización social. Desgraciadamente, las organizaciones empresariales, al desmarcarse del acuerdo, y la oposición de derechas (PP, Ciudadanos, Vox, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria), al votar contra esta ley, han puesto en evidencia que para ellos el criterio prioritario sobre el que se basa su modelo social es el dinero, plegándose a los intereses del sistema financiero.

¿Tanto les costaba aprobar una ley que refrenda un buen acuerdo, que mejora las condiciones de vida de los pensionistas, cumpliendo con los compromisos que el país tiene con sus mayores, y que establece un marco estable sobre la financiación de nuestro sistema de pensiones? ¿Será que les importan más los beneficios del sistema financiero que el bienestar de los españoles?