La Constitución de 1978, ni mito, ni arma arrojadiza

Los cambios producidos en el desarrollo del texto constitucional han cerrado buena parte de los caminos que la denominada Transición abrió hacia una sociedad socialmente avanzada, igualitaria y con una democracia inclusiva

Es evidente que existe un aprovechamiento táctico de lo que todavía pueda tener de simbología el 6-D, pero no lo es menos que a este postureo de la extrema derecha contribuye que los cambios producidos en el desarrollo del texto constitucional han cerrado buena parte de los caminos que la denominada Transición abrió hacia una sociedad socialmente avanzada, igualitaria y con una democracia inclusiva.

La realidad es que el modelo de Estado y de gobierno surgido entonces está muy devaluado en la medida en que la Constitución declara derechos no garantizados por ley –vivienda y trabajo dignos, servicios públicos de calidad y de acceso universal, redistribución de la riqueza nacional–, al tiempo que se pretenden institucionalizar reformas y recortes de derechos impuestas desde 2010 en el marco de las políticas de austeridad mandatadas por la Unión Europea.

Es decir, lo que la derecha busca realmente es ejecutar un proceso deconstituyente que consolide un nuevo modelo de relaciones sociales, institucionales y laborales acorde con su ideal neoliberal. Eso es lo que intentan cuando tratan de mantener intacta la ‘ley Mordaza’ que limita derechos y libertades, o la reforma laboral que dejó sin efecto el papel que la propia Constitución concedía a los agentes sociales.

En este marco, un error de las fuerzas políticas de la izquierda ha sido no entender que para la derecha el texto constitucional de 1978, aprobado por una determinada correlación de fuerzas y una potente presión social, no era un punto de llegada, sino un punto de partida desde el que iniciar un vaciado de contenido de los artículos más avanzados. Sólo así mantendrían sus posiciones de dominio, es decir, aquello tan sabido de cambiar algunas cosas para que las cuestiones de fondo, las que marcan el dominio del poder económico, no se cuestionen.

Desde esta perspectiva tiene todo el sentido plantear un proceso desde el que discutir de una forma abierta y participativa cómo debe ser el modelo constitucional que mejor se adecue a los retos del s. XXI, desde el modelo económico, hasta la forma de Estado y de relacionarse los distintos pueblos que lo componen.

En este debate hay una parte de la izquierda que, si bien aceptó el pacto constitucional en un determinado momento, se consideró luego engañada al comprobar que se olvidaban sus aspectos socialmente más avanzados y se ponía en valor los conceptos más conservadores. Esto llevó ya al entonces secretario general del PCE, Julio Anguita, a plantear el abandono formal de aquel acuerdo constitucional y a poner en valor la defensa de una República federal, laica, feminista, participativa y solidaria, con claro componente social y con respeto a la identidad de los pueblos y su derecho a decidir.

Hoy no basta con denunciar la hipocresía de quienes se envuelven en una Constitución que no tardarían en cambiar drásticamente si tuvieran la mayoría parlamentaria para hacerlo. Hay que demostrar que su actual contenido, que jugó un importante papel en su día, se ha quedado pequeño para encauzar la solución de los problemas económicos, sociales o territoriales que soporta la mayoría social trabajadora. La Constitución no debe ser ni un mito, ni un arma arrojadiza entre fuerzas políticas, sino un instrumento al servicio de las necesidades de cada momento histórico.