El tamaño de la lechuga

Hace unos días visité Murcia, un territorio que conozco bien. Como sin duda saben, la contaminación del Mar Menor se ha convertido, lamentablemente, en una verdadera tragedia, tanto ecológica –los sucesivos episodios de masiva mortandad de peces y el color de sus aguas evidencian el colapso ambiental de la laguna salada–, como económica y social: miles de empleos en el sector turístico, agrícola, pesquero… dependen de la salud del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena, conectado a la laguna.

El diagnóstico de la comunidad científica no deja lugar a dudas: el exceso de nitratos, procedentes sobre todo de la actividad agropecuaria, ha alterado gravemente el equilibrio de este delicado ecosistema, reduciendo el oxígeno que requiere su mantenimiento

Este proceso comenzó hace muchos años; de hecho, el gobierno regional, entonces socialista, aprobó en 1987 una Ley de Protección del Mar Menor, que el PP derogó en cuanto ganó las elecciones autonómicas. Siendo yo ministra de Medio Ambiente, acometimos la construcción de las depuradoras de aguas residuales de las principales localidades que vertían a la laguna, declarando dichas obras como de interés general del Estado (la depuración compete a las administraciones territoriales), y promovimos la creación de una Comisión del Mar Menor, a la que invitamos al gobierno de la Región de Murcia (competente en la gestión de la política agraria y urbanística), así como a ayuntamientos, expertos y organizaciones sociales. La comunidad científica ya conocía las causas del deterioro ecológico de la laguna, aunque la inmensa mayoría de los habitantes del entorno no eran aún conscientes de sus efectos.

La Comisión tuvo corta vida: el gobierno autonómico se negó a participar, y con ello abortó la posibilidad de implementar medidas que, de haberse tomado entonces, hubieran frenado el proceso.

Las cosas han cambiado mucho: la gravedad de las consecuencias del colapso ecológico es tan evidente que la ciudadanía se ha movilizado, cada vez de forma más masiva, exigiendo responsabilidades a todas las administraciones. Incluso se ha aprobado una ley autonómica para la protección de la laguna, que, entre otras cosas, reitera la prohibición (establecida en normas europeas) de superar determinadas cantidades de nitratos en la actividad agropecuaria. Se han recogido suficientes firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor; y el gobierno de la nación ha aprobado un conjunto de medidas, por importe de 380 mill. de € (financiados por los fondos europeos Next Generation), declarando de interés general medidas para garantizar la adecuación de los regadíos a la legislación vigente, reduciendo el uso ilegal del agua y su contaminación, así como para restaurar, en lo posible, la biodiversidad terrestre y marina.

Y ahora es cuando aparece el tamaño de las lechugas… En mi reciente visita he tenido conocimiento (fehaciente) del empeño de un empresario del sector agrícola para que no se apliquen las restricciones al uso de nitratos “porque de lo contrario, produciríamos lechugas muy pequeñas”. No me puedo creer que este hombre ignore la reacción de las grandes cadenas europeas de supermercados, que han decidido no comprar productos de la huerta murciana, a la vista de prácticas que pueden comprometer la salud de los consumidores. Una decisión que penaliza a todos los productores de la región, pagando seguramente justos por pecadores… Así que ojalá prevalezca el sentido común, por encima del tamaño de las lechugas…