Logros compartidos

Este Acuerdo, decíamos, se sostiene en una clara voluntad política. Ahora bien, ¿es suficiente la voluntad política para hacer sostenible el sistema público de pensiones? La respuesta en el caso español solo puede ser rotundamente afirmativa. Nuestro sistema tiene un gasto razonable si nos comparamos con países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. Y si pensamos en clave de la generación de los baby-boom -sin entrar en que justamente esta generación ha sido de las que más ha contribuido al sistema- se prevé un gasto, según un informe reciente de la OCDE del 13,2 % PIB para el año 2045.

Por tanto, el sistema, más allá de las cotizaciones, es y será sostenible. Y lo será gracias a ingresos que procederán de otras fuentes, como ha señalado con sólidos argumentos el catedrático Santos Ruesga. Así, se fijan mecanismos para dar una imagen de solvencia a corto, medio y largo plazo. A corto, porque el gobierno tiene el mandato de resolver el déficit -creado artificiosamente desde 2012 por el gobierno del PP- a fecha 2023. A medio, porque, entre otras medidas, se buscan fórmulas para acercar la edad real de jubilación a la legal a fin de incentivar el mantenimiento de la actividad. Y para el largo plazo, se aprueba el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que permitirá resolver posibles déficits de forma flexible, dentro del marco del diálogo social y del Pacto de Toledo.

Pero precisamente por lo importante que es generar credibilidad y confianza el Acuerdo de pensiones prevé elaborar un informe de auditoría entre las fechas 1967 y 2019 que proporcione, de forma definitiva, una imagen fidedigna y fiel del sistema de tal manera que la ciudadanía pueda confiar, como lo hicieron nuestros mayores, en que cobraran pensiones.

Esta Ley que recoge el Acuerdo en pensiones es un hito logrado colectivamente. Éste no ha sido un camino fácil. Venimos de posiciones muy dispares evidenciada, desde 2015, en la Comisión del Pacto de Toledo. Precisamente por ello, hemos de valorarlo, con todo el énfasis que haga falta, como un logro colectivo compartido, que no hubiera sido posible si a la perseverancia de las formaciones políticas no hubiéramos podido sumar el apoyo de la ciudadanía.

Se me permitirá que insista en una cuestión que, de manera malintencionada, la derecha ha ido difundiendo para generar una profunda preocupación entre amplios sectores de la población. Porque este acuerdo desbarata, por fin, el mito malintencionado de la quiebra irremediable del sistema, de su imposible sostenibilidad. Y utilizamos el término “malintencionado” de manera plenamente consciente, porque cuestionar aquella es deslizar en el subconsciente colectivo la idea de que hay que mirar hacia sistemas privados de pensiones.

Decía un diputado de la ultraderecha que esta ley es ideológica. Por supuesto. Preservar el sistema público con pensiones suficientes es una cuestión de voluntad política. De nuevo los socialistas blindamos legalmente el sistema de pensiones. Por convicción y también porque es una cuestión de clase. Sabemos que a la derecha no le preocupan las pensiones, porque ellos se las podrán pagar. Frente a ello, el objetivo de este Acuerdo en Pensiones es el interés general y, por ello, los socialistas nos sentimos plenamente identificados.

Y todavía un matiz más: nos sentimos, además orgullosos. Por la forma en que se ha alcanzado el objetivo, a través del debate y el acuerdo, tanto entre las fuerzas políticas como en el diálogo social, materializando así una auténtica enmienda a la totalidad a reformas como la de PP que prescindieron de ellos por completo. Pero, sobre todo, nos sentimos orgullosos del objetivo mismo alcanzado. El Acuerdo es una declaración expresa de una gran mayoría del arco parlamentario, salvo la derecha y la ultraderecha, de que el sistema público de pensiones es de reparto, universal, solidario y de rechazo a cualquier reforma que suponga una desnaturalización del sistema público de pensiones. Sin la menor exageración, todo un hito político.