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CCOO denuncia que el “dumping social” con los países del Este en el sector del transporte por carretera seguirá en España


(Tiempo de lectura: 1 - 2 minutos)

Antes del 2 de febrero de 2022, España tiene la obligación de transponer la directiva europea para el desplazamiento de las y los conductores en el sector de transporte por carretera. Al tal efecto, los ministerios de Transportes y Trabajo han elaborado un anteproyecto de ley que no va a poder debatirse con los ámbitos afectados, sino que verá la luz por la vía del Real Decreto Ley y dejando parte de la Directiva sin transponer.

Este anteproyecto de ley debía garantizar un marco legal para que las y los conductores desplazados a trabajar en otros países no cobren el salario del país de origen, como viene ocurriendo con empresarios que se instalan en países del Este de Europa para pagar menos a sus trabajadores, aunque desarrollan su actividad en España.

El anteproyecto de ley no concreta cuál debe ser la retribución que percibirá una trabajadora o trabajador desplazado a España desde otros países o desde España al extranjero. En la actualidad existen cerca de 52 convenios colectivos, uno por cada provincia de España, con retribuciones muy dispares, por lo que en la medida en que un mismo trabajador puede circular por varias provincias un mismo día, resulta imposible determinar qué debe de cobrar.

El anteproyecto, al tramitarse por la vía de urgencia, va a dejar el apartado de sanciones sin transponer, una circunstancia que conlleva un incumplimiento del Estado español con la Directiva 2020/1057.

La lucha contra el ‘dumping’ formaba también parte de los acuerdos del Ministerio de Transportes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que quedará en agua de borrajas si el ministerio se limita a transponer en la forma en que se ha diseñado el anteproyecto de Ley.

Desde el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO consideramos que la transposición de una directiva europea en materia laboral y de transporte debe ir precedida de la participación y el debate de los ámbitos afectados, tramitarse con los tiempos suficientes y no por un Real Decreto Ley que no responde al objetivo que se pretende.

Denunciamos que continuará el ‘dumping social’ con la connivencia del CNTC y el Ministerio de Transportes si la Unión Europea no lo remedia.

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