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El partido popular boicotea los fondos europeos


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Cuando el Gobierno español está distribuyendo los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia con criterios generalmente aceptados por las Comunidades Autónomas en numerosas Conferencias Sectoriales, donde han participado todos los Ministerios junto a sus respectivos Consejeros, el Partido Popular, en su no disimulada guerra a muerte contra el Gobierno del Presidente Sánchez, ha dado nuevos pasos destinados a deslegitimar todo el complejo plan de distribución de estos fondos.

Ya hemos comentado aquí en anteriores ocasiones que desde que se inició la crisis pandémica el Partido Popular llegó a la conclusión de que era buena ocasión para derribar al Gobierno legítimo de España, Gobierno salido de unas elecciones que nadie ha puesto en cuestión. Intentó una operación que aún no se ha aclarado totalmente para sustituir al Presidente Sánchez por algún antiguo dirigente socialista, pero como no encontraron a un socialista que se prestara a la operación (véase Javier García Fernández: “Un asunto tenebroso” y “El Covid-19 en Madrid, ¿ocasión para una operación de desestabilización del Gobierno”, Sistema Digital, 28 de mayo de 2020 y 14 de octubre de 2020) cambiaron la táctica deslegitimadora y decidieron acudir a las instituciones europeas con el apoyo de la eurodiputada y antigua Ministra de Rajoy, Dolors Montserrat, hoy Presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cargo que está utilizando torticeramente para hacer oposición en las instituciones europeas al Gobierno de su país (véase Javier García Fernández “El fantasma de Antonio Pérez sigue recorriendo Europa”, Sistema Digital, 19 de junio de 2020).

Como la operación no está saliendo bien, ahora han añadido nuevos ingredientes. Por una parte, recurriendo el reparto de fondos ante los Tribunales españoles y, por otra parte, incrementando las denuncias ante la Comisión Europea. Para lo primero tenía que intervenir la inevitable Díaz Ayuso que, con un pretexto nimio, ha recurrido una pequeña subvención del Ministerio de Trabajo y Economía Social que ha beneficiado sólo a cuatro Comunidades Autónomas. ¿La iniciativa la ha tomado por su cuenta la Presidenta de la Comunidad de Madrid o ha sido acordada con Génova? En el fondo da igual, porque parece que el Partido Popular está preparando algún otro recurso que interpondrían los grandes Ayuntamientos con Alcalde popular. Como comenta El País del 14 de enero, en los grandes Estados de la Unión Europea no es costumbre poner judicialmente en cuestión el reparto de fondos europeos, con lo que se pone en cuestión la credibilidad de España en Bruselas.

Como ha dicho la Vicepresidenta Calviño, que la Comunidad de Madrid recurra el reparo de esta cantidad (0’08% de los fondos europeos), cuando en el centro de su política económica y financiera está la bajada de impuestos, llama mucho la atención. Y es que parece que Díaz Ayuso quiere que el Estado la compense por la demagógica bajada de impuestos, es decir, que todos los españoles la financiemos una operación tributaria con la que espera obtener algunos votos.

La segunda parte de la maniobra, la denuncia ante Europa, tampoco es nueva. Aquí convergen varias circunstancias. Por un lado, la derecha, todas las derechas, no quieren que los fondos europeos sean repartidos por un Gobierno de izquierdas, porque creen (un poco mecánicamente) que ese reparto va a tener réditos electorales. De modo que el Partido Popular lleva muchos meses intentando que no lleguen los fondos. Así de claro: el partido de Casado prefiere que no lleguen fondos europeos a España antes de que los reparta el Gobierno de coalición. Pero, al lado de esta circunstancia tenemos otra no menos relevante. Como buen aliado del mundo de los negocios, el Partido Popular ha visto una buena ocasión de negocio en estos fondos y muy pronto empezamos a oír voces políticas (de la derecha) y también empresariales pidiendo a la Comisión que los fondos llegaran, pero que no los repartiera el Gobierno, sino alguna comisión “independiente”. Esto era una aberración constitucional, porque el Gobierno tiene atribuida la dirección de la política interior y no parece que deba abdicar esta materia en terceros; pero el intento medio político y medio empresarial sigue vivo, porque los negocios son los negocios. Cuando desempeñé en el pasado algunas responsabilidades en el Ministerio de Cultura y Deporte tuve que recibir en varias ocasiones a distintas delegaciones de empresarios de la cultura que querían saber cómo íbamos a repartir los fondos que correspondían a este Ministerio. Y, por supuesto, se ofrecían a colaborar en el reparto.

Con esos antecedentes, el partido de Casado sigue presionando en la Comisión y en el Parlamento para que no se libren los fondos o, si se libran, que no los gestione el Gobierno. A poco que conozcan la política comunitaria europea deberían saber que no van a conseguir ni una cosa ni la otra, pero siguen presionando porque a Pablo Casado y a su equipo les puede el síndrome del alacrán montado sobre la rana en medio del río.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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