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Unas medidas muy necesarias


  • Escrito por Jesús Membrado Giner - Fundación Sistema
  • Publicado en Opinión
(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

La respuesta del Presidente Biden a los representantes empresariales que se quejaban de falta de mano de obra en algunos sectores y del abandono de muchos empleos en plena pandemia, fue contundente: “páguenles más”.

Es decir, mejoren las relaciones laborales, aumenten los salarios y fijen plantillas en base a unas buenas condiciones de trabajo.

Que uno de los logros en la negociación laboral de los repartidores de comida a domicilio en Nueva York haya sido que puedan utilizar el baño de los restaurantes de los que sirven, es una muestra de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo norteamericano.

No ha sido fácil, el ayuntamiento y otras muchas instituciones tuvieron que emplearse a fondo para cerrar el convenio. En un momento de más oferta de empleos que demanda, y con millones de empleados renunciando cada mes a sus trabajos por considerar que no les compensa (la “gran dimisión”), el movimiento sindical está resurgiendo en EE.UU.

A pesar de que su tasa de afiliación ronda el 10’3%, la mitad que en los años ochenta, la actual administración estadounidense está muy comprometida en hacer que los sindicatos restablezcan el equilibrio de poder en las empresas y en los diversos sectores económicos, muy decantado en los últimos cuarenta años a favor de los empresarios.

Una de las señas de identidad de la actual administración demócrata pasa por impulsar el movimiento sindical. En un país que históricamente ha sido muy reticente con los sindicatos, resulta algo inédito y excepcional.

Dicen los analistas que desde la época del Presidente F.D. Roosevelt, con la Ley Nacional para la Recuperación Industrial del año 1933, la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo de 1935 y la Ley de Estándares Laborales Justas de 1938, por las que se facilitó el crecimiento de la sindicalización en las grandes y medianas empresas y se fijó , entre otras muchas cuestiones, el sobrecoste de las horas extras, no se había conocido una situación igual.

La comisión de trabajo creada por Biden y presidida por la vicepresidenta Kamala Harris hace casi un año, a fin de estudiar medidas que faciliten el sindicalismo, ha permitido desarrollar iniciativas novedosas, como la orden que obliga a las empresas contratistas con la administración federal por encima de 30 millones de euros , de tener acuerdos firmados con los sindicatos.

Es un primer paso para hacer que el Estado sirva de ejemplo en las relaciones laborales con los trabajadores. Así como facilitar la sindicalización de los trabajadores federales, permitiendo el acceso en las instalaciones de los sindicatos para informar y afiliar, cosa que hasta ahora era imposible.

A pesar de que el intento de cambiar la Ley que permite a los empresarios “reemplazar permanentemente” a los trabajadores huelguistas para romper protestas está atascada en el Congreso, el objetivo de ejemplificar desde el Estado parece imparable.

Si bien es cierto que en la campaña electoral del 2020, se recuperó la alianza histórica del movimiento sindical con el partido demócrata y que estas medidas pueden parecer las resultas de aquellos apoyos, todo hace pensar que la estrategia apuesta más lejos.

El trumpismo del partido republicano arrastra una parte sustancial de trabajadores cabreados, clases medias proletarizadas y precarios en pésimas condiciones laborales. Sectores a los que sistemáticamente les hacen creer que sus pérdidas de derechos y salarios son resultado de la competencia a la baja de los inmigrantes y la deslocalización empresarial.

Para cambiar esta percepción hay que mejorar las condiciones de vida y la distribución de la riqueza y para eso se precisa una negociación colectiva basada en la fortaleza sindical.

Seguramente la apuesta de Biden por el sindicalismo tiene además un componente democrático de recuperación de la sociedad civil organizada que haga de contrapeso a la enorme influencia del extremismo de los republicanos, que pretenden colonizar culturalmente la sociedad norteamericana.

Aunque la apuesta emprendida es arriesgada y los inciertos resultados no serán inmediatos, seguro que habrá efectos colaterales en la UE, tanto por la presencia de sus corporaciones empresariales en Europa como por la necesidad de atajar las mismas corrientes de pensamiento extremo en los países de la UE.

Porque la crisis del 2008 afianzó en la UE la percepción de que era un espacio exclusivamente al servicio de los intereses económicos y financieros, lo que alentó a los euroescépticos y fomentó los mismos argumentos que el trumpismo en la extrema derecha.

Han tenido que pasar 15 años para que los temas sociales vuelvan al centro de los debates políticos. Por eso la ambiciosa directiva europea sobre salarios mínimos y negociación colectiva son importantísimas.

El manifiesto “Relanzar el proyecto social de Europa” firmado por ocho sindicatos muy representativos de ocho países miembros de la UE afirmando que ”esta directiva constituye una verdadera oportunidad para Europa, para reconciliar el proyecto europeo con su ciudadanía” es un paso importante, al que deberán seguir muchos más.

 

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