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La agresión rusa a Ucrania desestabiliza la situación socioeconómica de Europa


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

Aunque los historiadores de la economía mostraron muy pronto los efectos negativos de las guerras sobre las necesidades socioeconómicas de las naciones, fue Keynes quien mostró brillantemente los efectos económicos de la Gran Guerra y sus consecuencias sobre la paz (John Maynard Keynes: Las consecuencias económicas de la paz, Barcelona, 2013). Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, también se produjo una extensa literatura sobre los efectos socioeconómicos de aquel conflicto y esa producción bibliográfica contribuyó a diseñar el gran pacto social que permitió asentar el Estado social en la mitad occidental de Europa. Algo más recientemente, la grave crisis económica que provocó en Europa la Guerra del Yom Kippur, por la subida del precio del petróleo, se resolvió en España, ya en la Transición, con los Pactos de la Moncloa que fueron el complemento socioeconómico del previo acuerdo político para elaborar la Constitución.

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania va a provocar una crisis socioeconómica en todo el continente europeo. Lo más inmediato será posiblemente una crisis de materias primas que incidirá sobre la producción de ciertos artículos (empieza a faltar, por ejemplo, aceite de colza), pero lo más grave será el gran esfuerzo que tendrán que hacer todos los Estados europeos para afrontar la crisis migratoria de ucranianos, el gasto militar complementario para hacer frente a las amenazas rusas (incluyendo el material militar que se entregue a Ucrania), la pérdida de materias primas procedentes tanto de Ucrania como de Rusia y, subsiguiente a esta pérdida, el cese de la producción por falta de éstas. También tendrá consecuencias económicas negativas el embargo y control sobre los ciudadanos rusos y el cese del turismo ruso en Europa. Además, esta nueva crisis llega cuando no se han cerrado los efectos de la Covid-19, pues todavía se están aplicando ERTES y el Gobierno todavía tiene que dictar medidas de apoyo a ciertos sectores.

Todo ello exige un gran esfuerzo de todos los países europeos para adaptar la política económica al nuevo escenario. Y ese esfuerzo sólo se puede hacer mediante un gran acuerdo nacional que suscriban el Gobierno, los partidos de la oposición y los Gobiernos subnacionales (en España, las Comunidades Autónomas). Algo se adelantó ya en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, pero parece que hay que avanzar mucho más, pues, como decía El País el 13 de marzo, “El Gobierno se dispone a gestionar una economía de guerra”. Por de pronto, el Gobierno, tanto en la Cumbre de Versalles del 11 de marzo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, como en la Conferencia de Presidentes de La Palma, ha ido adelantado algunas iniciativas como la intervención del mercado eléctrico o la bajada de impuestos en los combustibles, a lo que se agregaría el pacto de rentas que está también proponiendo el Gobierno e incluso se llevó a una reunión fallida de los interlocutores sociales el pasado 7 de marzo. Pero, más allá de las medidas económicas concretas (algunas de ámbito comunitario), lo que importa ahora es el pacto político que debe latir detrás de esas medidas. Ese pacto ha de darse a cuatro niveles y cada uno de ellos exige medidas diferentes.

El pacto más importante es el pacto parlamentario. Es necesario un acuerdo en las Cortes Generales y de ese acuerdo no debería descolgarse el Partido Popular. ¿Será capaz el partido conservador de liberarse de las presiones de Vox y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que sólo entienden la confrontación (casi diríamos sangrienta) y que ven en cada crisis una ocasión de derribar al Gobierno? Hay indicios contradictorios. Por un lado, el pacto Partido Popular–Vox en Castilla y León ofrece perspectivas muy negativas, no sólo por el hecho de que va a ser la primera vez que la extrema derecha entra en un Gobierno autonómico, sino, sobre todo, porque ese acuerdo dificulta el entendimiento del Partido Popular con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco es alentadora la intervención de la Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, la Diputada Gamarra, en la primera pregunta oral al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso tras la despedida de Casado, intervención bien preparada, porque dio lugar a sendos editoriales de ABC y El Mundo publicados el día siguiente que repetían las acusaciones contra el Gobierno por “aprovechar” la guerra. Tampoco favorece el acuerdo unas desafortunadas manifestaciones de Núñez Feijóo, donde acusaba al Gobierno de “forrarse” con los impuestos, cuando una parte relevante de esos impuestos van a las Comunidades Autónomas. En sentido inverso, tenemos que Núñez Feijóo ha estado muy ambiguo ante el pacto castellano-leonés con Vox y ha mostrado una cierta actitud constructiva en la Conferencia de Presidentes, si bien esa actitud ha sido aprovechada por la prensa de derechas para atribuirle las rebajas fiscales que el Presidente del Gobierno ha propuesto (“Feijóo arranca a Sánchez el compromiso de bajar impuestos”, decía un titular de ABC el 14 de marzo). Habrá que ver por dónde se orienta el futuro Presidente del Partido Popular. En todo caso, el pacto parlamentario parece necesario, sobre todo para que las consecuencias de la guerra no se conviertan en arma de destrucción contra el Gobierno como ha pasado durante los estados de alarma. No faltarán medidas legislativas, pero dentro de éstas quizá sea necesario acudir a la legislación de urgencia y es muy perjudicial que los Decretos-Leyes que dicta el Gobierno sean recurridos en el Tribunal Constitucional por la oposición, cuando se trata de un Tribunal que hasta junio tendrá mayoría no sólo conservadora, sino muy antigubernamental como se ha visto en las diversas Sentencias el año 2021.

El segundo pacto es el territorial. La nueva crisis exige la colaboración leal de las Comunidades Autónomas que, además, en los casos vasco y catalán mueven partidos nacionalistas en el Congreso. Técnicamente es imprescindible la colaboración de todas las Comunidades Autónomas como hizo falta durante la pandemia. Algo se ha conseguido en la Conferencia de Presidentes, pero debe proseguir la cooperación por dos vías, a saber, las Conferencias Sectoriales de los Ministerios y la aplicación de normas estatales que marquen las líneas generales a aplicar.

El tercer pacto es el pacto social. La reforma laboral ha mostrado que se puede llegar a acuerdos y esos acuerdos, ahora, son igualmente imprescindibles. La CEOE, UGT y Comisiones Obreras han de negociar mucho y acordar bastante, porque la crisis bélica tiene, ante todo, efectos socioeconómicos que afectarán a las rentas, a las condiciones de trabajo y a la Seguridad Social. En este punto la lealtad constitucional es necesaria en la ejecución de las medidas, pero también en los gestos, pues hemos visto gestos inadecuados en los Presidentes vasco y catalán en la reunión de La Palma con su constante preocupación de no ser acusados de tibios.

El cuarto pacto es el pacto europeo. Aquí el Gobierno tiene que estar respaldado por la oposición, por los sindicatos y por los empresarios, porque ese respaldo refuerza las iniciativas españolas. Por cierto, que vendría bien que el Partido Popular dejara de denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea y que la Presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la ex–Ministra de Rajoy Dolors Montserrat, cesara en su operación de desprestigio de España. Un Gobierno y un Parlamento cohesionados nos dan fuerza en la Unión Europea para defender los intereses nacionales.

Una guerra, aunque un Estado no sea contendiente, provoca grandes cambios jurídicos y administrativos. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial un conocido administrativista francés, Roger Bonnard, publicó una interesante obra, La guerre de 1939-1940 et le droit public (París, 1940), donde estudiaba la posición de los órganos constitucionales y de los ciudadanos y la respuesta de la Administración y de las finanzas ante el conflicto. Esperemos que los países europeos no tengan que situarse en la posición de contendientes, pero es claro que los órganos constitucionales y la Administración tendrán que actuar conforme a nuevos principios y a nuevos problemas.

Habrá tiempo de seguir comentando esta nueva crisis, pero ahora es el momento de pedir unidad a todos los actores políticos y sociales.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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