La indignidad de España ante el Sahara Occidental

Sinceramente, lo primero que me viene a la cabeza es que me gustaría saber si estamos hablando de un comportamiento y decisión, por parte del Gobierno de España, motivado e influenciado por la negligencia, la cobardía, la estupidez o la corrupción.

Digámoslo claro, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara y los acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 por los que se cedían dos tercios del territorio a Marruecos y un tercio a Mauritania fueron ilegales en base al derecho internacional; cosa que se refrendó cuando, el 29 de enero de 2002 el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictaminó la nulidad de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid”.

La única acción posible en este caso, con arreglo a la legalidad internacional, es la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Lo demás, cualquier otra consideración con la que nuestros gobernantes y políticos españoles (sea cual sea su color político) traten de convencernos, es tratar de engañarnos a los españoles y de alargar en el tiempo el sufrimiento de este pueblo.

Por suerte, no todo está perdido, también hay políticos de diferentes tendencias en toda España que se han pronunciado en contra de esta decisión rastrera e injusta, incluso dentro del propio Gobierno de España. Tienen, todos ellos, mi respeto, independientemente de su tendencia política. Y tienen mi respeto porque están mirando por la dignidad y el futuro del pueblo saharaui. Y tienen mi respeto porque están actuando según la legalidad internacional y sabiendo que España es la potencia administradora, no puede, en modo alguno, plegarse a las exigencias y chantajes del Gobierno marroquí ocupante desde hace ya 46 años, del territorio del Sahara Occidental.

Y me refiero exclusivamente al Gobierno marroquí, ya que su gente, las buenas personas marroquíes, entre las cuales tengo buenos amigos a los que quiero y respeto, no tienen la posibilidad (para no ser amenazados, encarcelados, torturados, asesinados) de decir nada en este tema.

Me pregunto ¿por qué nuestro Gobierno toma esa decisión?. Y por favor, que no me vengan con el cuento de la Realpolitik…la Realpolitik es que hay empresas españolas que tienen sus fábricas en Marruecos y podrían dejar dicho país y fabricar en el nuestro o en otro. Personalmente estoy dispuesto a pagar un poco más por una prenda de ropa o un alimento si sé que están producidos en un país que respeta los derechos humanos, la dignidad y las libertades, no se ustedes…

Se nos llena la boca hablando de sostenibilidad y a veces nos olvidamos (o no queremos ver) la realidad. Se acuerdan ustedes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿aquellos en los que el numero 17 habla de paz, justicia e instituciones sólidas?. Pues ese, entre otros, es justo lo que no tiene el Sahara Occidental gracias a la ocupación marroquí que ya dura 46 años.

Y mientras tanto, los sucesivos Gobiernos de España desde el año 1975, han mirado para otro lado, mientras colaboran con unas migajas (unos pocos millones de euros pero migajas, al fin y al cabo, que no resuelven en problema) con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) que se encarga de gestionar (o de hacer como si gestionase, porque nunca, desde el inicio de su misión ha conseguido algún resultado) la situación del Sáhara Occidental.

Llegados a este punto y después de la nula empatía e incumplimiento de la legalidad internacional de los sucesivos Gobiernos de España a lo largo de estos años en cuanto a este tema ya me empiezo a preguntar si es que hay (o ha habido) intereses personales en Marruecos por parte de algunos políticos españoles (actuales o pasados). Me pregunto si algunos de estos políticos (o profesionales de algún otro nivel vinculados a estas decisiones) tienen relación a través de empresas, contactos, etc. con algo que en ese país vecino les proporciones ingresos…y les obligue a ceder al continuo chantaje que Marruecos ha efectuado a lo largo de los años a España; porque si no es así, no me explico esta ceguera y sinrazón cuando es sabido que el pueblo español apoya decidida y unánimemente al pueblo palestino desde el año 1976 a través de múltiples iniciativas. La dignidad, el sentido común y la empatía en este tema sí que pertenecen al pueblo español.

El Gobierno de España, a través de diferentes ministros ha dado unas explicaciones poco creíbles, sin ningún rigor (histórico o legal) y pensando que el pueblo español se las va a creer. Que el Gobierno de España no conozca esta historia del Sahara Occidental y la legalidad internacional ya es grave, pero más aún que lo pretenda disfrazar y nos quiera tomar por tontos a los españoles.

Espero conocer la opinión de nuestro ministro de Interior, Excelentísimo Señor Don Fernando Grande Marlaska Gómez que, cuando fue Presidente en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en su auto de fecha 4 de julio de 2014 (resolución 40/2014) confirmaba que “…España “de iure” aunque no “de facto” sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el período de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas”. Pues estas obligaciones son todo lo contrario a lo que nuestro Gobierno acaba de hacer.

Cuando le han preguntado al ministro de Exteriores español, el Excelentísimo Señor Don José Manuel Albares sobre si esto puede afectar a las relaciones con otro país vecino nuestro, Argelia, este ha dicho que Argelia es un país fiable y amigo para España. Lo que no sé, a juzgar por las noticias de las últimas horas, en las que el Gobierno de Argelia ha llamado a su embajador en España, cuando llevaba aquí dos meses, para que se vuelva a su país, si España continúa siendo un amigo y socio seguro y fiable para nuestros vecinos argelinos. Quizás consideren que el trato hacia ellos por parte de nuestro Gobierno no sea muy correcto. Y a lo mejor no les falta razón…

Argelia es un vecino con el que España tiene muchísimos lazos desde que, en 1508, los españoles desembarcaron en Mers-el-Kebir. Desde aquellos años, hemos tenido una historia, en general, de ayuda mutua y sin grandes conflictos. Argelia es un país que viene colaborando con España en muchas materias y pienso que no se merece que nuestro Gobierno tome una decisión (soberana, por supuesto) de tal calibre y con las implicaciones internacionales que eso conlleva, sin haber contactado con nuestros vecinos, socios y amigos argelinos.

Argelia, el país más grande de África quizás también sea el que tiene el corazón más grande, y lo está demostrando, al menos, en esta situación hacia un pueblo que vive subyugado, oprimido y maltratado por una Potencia que ocupa ilegalmente su territorio. Es un país que, en línea con sus valores acerca del derecho de los pueblos a la autodeterminación, ha tratado desde siempre al pueblo saharaui como a un hermano y continúa haciéndolo, dándole la oportunidad a los jóvenes de una educación superior, prestándoles ayuda médica especializada cuando lo necesitan, etc.

No se merece Argelia que ahora, la potencia administradora del Sahara, España, tome un giro no acorde con el derecho internacional y haga este desplante, primero a los saharauis y luego a la propia Argelia. De hecho, la ONU ya se ha pronunciado rechazando esta decisión del Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental.

Estamos enviando armas a Ucrania para que pueda defenderse de las agresiones y crímenes perpetrados por el ejército ruso pero no vemos que hay otro pueblo, cercano a nosotros en la distancia y en la Historia, que desde hace años ha sido ocupado y está siendo sistemáticamente maltratado y anulado. ¿Cómo se explica eso?.

Los españoles no podemos permitir que nuestro Gobierno haga oídos sordos a la legislación internacional y actúe en contra de los sentimientos de hospitalidad y de amistad hacia el pueblo saharaui. Porque si lo permitimos, seremos cómplices de esta situación. En nosotros queda solucionarlo y mirar al futuro con la cabeza bien alta y satisfechos de haber ayudado a un pueblo hermano cuyo sufrimiento dura ya 46 años y cuya responsabilidad para arreglar la situación es, principalmente, nuestra.