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Vericuetos de la Razón de Estado


(Tiempo de lectura: 7 - 14 minutos)
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Con certeza, el Gobierno de coalición, por boca de su Presidente, va a invocar la razón de Estado para explicar y persuadir a sus socios de Gobierno y a la oposición e instituciones, su reciente giro dado a la política exterior de España a propósito del Sahara Occidental. La Razón de Estado es el núcleo de intereses estratégicos, a largo plazo, cuya satisfacción garantiza a la comunidad política estatal su pervivencia en el espacio territorial y en el tiempo histórico. Los Gobiernos son los gestores visibles de la razón estatal que invocan y traducen a la política cotidiana. Pero la táctica gubernamental, el corto plazo ejecutivo, ha de ser acorde con las líneas generales de la estrategia que la Razón de Estado define y garantiza.

Además, la contribución estatal gubernamental consiste en una gestión coparticipada de manera indirecta, pero real, por otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, así como por la Corona, pese a la sujeción gubernamental de ésta. Y ello, sin desdeñar la contribución a su satisfacción, como aparatos del Estado, del mundo sindical, el mundo de las empresas, las instituciones civiles y las Fuerzas Armadas. Tal diversidad en la coparticipación gestora y en las contribuciones –indirectas- a la satisfacción de los intereses estratégicos estatales, no implica propiedad o patrimonio gubernamental o institucional alguno, ya que la Razón de Estado permanece adscrita a la soberanía que reside en el pueblo español. El pueblo español es el sujeto de la Razón de Estado, que constituye su objeto, pero nunca al revés.

Comoquiera que los Estados se desenvuelven en dinámicas competitivas con otros Estados, vecinos o lejanos, con los que se relacionan de modo bien colaborativo o bien conflictivo -como es el caso de Marruecos por voluntad propia de Rabat-, la Razón de Estado, por ambas partes, suele mantener una parte de su composición bajo el secreto, desde luego en las comunidades políticas autocráticas e, incluso, en las sociedades que se autodefinen como democráticas. Y el secreto guía a los Gobiernos hacia la diplomacia secreta, causante de numerosos problemas políticos y militares a quienes la aplican, si bien, raramente proporcionan ocasionales satisfacciones colectivas. ¿Estamos hoy ante un retroceso o ante un posible avance de la defensa de los intereses de España en juego? Veamos.

Dado el alcance estratégico de lo acaecido, el 18 de marzo, tras enterarse por un comunicado de la Casa Real marroquí los distintos poderes, instituciones y opinión pública de la nueva actitud gubernamental española hacia el contencioso con Marruecos a propósito del Sahara, conviene precisar algunos extremos que el ruido desencadenado al respecto impide percibir.

Como se sabe, hace 47 años, el Gobierno español, con Francisco Franco agonizante y el entonces Rey Juan Carlos en funciones de jefe de Estado, ante la irrupción masiva de gentes marroquíes en el territorio saharaui administrado por España, la Marcha verde, tras una tensión creciente que duró meses, decidió evacuar a los nacionales residentes y a las tropas de las tres Armas allí asentadas. La ocasión se transformó en una ocupación de facto por parte de Marruecos del Sahara occidental, cuya estratégica fachada al océano Atlántico, más sus yacimientos de fosfatos en Bu Craa -los más ricos del mundo-, más los copiosos bancos pesqueros de su prolongado litoral componían y componen tres de los vectores más singulares del territorio saharaui al que confieren un interés geoestratégico y económico evidente. Con más de 266.000 kilómetros cuadrados de extensión, la mitad de España, débilmente poblado, tiene límites fronterizos septentrionales con Marruecos, meridionales con Mauritania y orientales, muy exiguos, con Argelia.

Una organización político-militar saharaui, el Frente Polisario, que había pugnado con las armas en la mano contra la presencia colonial española en el territorio, asumió la representación política saharaui y consiguió paulatinamente, a partir de 1975, el reconocimiento internacional de la creada República Árabe Saharaui Democrática por 84 Estados de todo el mundo, desde Suráfrica hasta México, más el aval de la Organización de la Unidad Africana, muy crítica con Marruecos. Buena parte de la población civil saharaui en fuga, halló refugio en el área occidental argelina de Tinduf, fronteriza del país ocupado.

Los sucesivos Gobiernos marroquíes, que dispusieron la ocupación militar del territorio previamente invadido por masas de civiles movilizados al respecto por las autoridades de Rabat, se aplicaron al sometimiento militar y a la represión de los naturales saharauis autóctonos no sumisos al dictado asimilador de la monarquía alauí; tiempo después, para yugular la resistencia autóctona, armada y dirigida por el Frente Polisario, las fuerzas armadas marroquíes acometieron el cerco de áreas del territorio occidental-meridional del país con un potente muro fortificado.

Las autoridades políticas marroquíes se oponen desde entonces a aceptar las consecutivas resoluciones de Naciones Unidas que, conforme al Derecho Internacional, obligan a Marruecos a convocar a la población autóctona a un referéndum basado en su derecho a la autodeterminación. La presencia de mediadores y observadores internacionales en la zona no ha servido de nada a la hora de hacer alterar a Marruecos su designio político-militar de anexión del Sahara, que ha integrado férreamente bajo la autoridad estatal y al que considera una provincia meridional.

De iure, conforme al Derecho Internacional, corresponde a España desempeñar el papel de potencia administradora de la descolonización; pero Marruecos ha desoído reiteradamente el mandato de Naciones Unidas. Casi todos los Gobiernos españoles hasta el momento, con matices no relevantes, han optado por convertir la cuestión del Sahara en un asunto subalterno dentro de la agenda política exterior de España. Y ello, no porque carezca de importancia, que la tiene por sí misma, sino por la persistente actitud amenazante de los gobernantes de Marruecos, instados por la monarquía alauí, de amagar de manera sistemática a las ciudades españolas de Melilla y Ceuta, históricamente enclavadas, desde 1497 y 1640, respectivamente, en el norte periférico del continente africano. Las reivindicaciones marroquíes se han extendido incluso a las islas Canarias, adscritas a la Corona de Castilla a partir del siglo XIV.

Cierta línea de pusilanimidad gubernamental española hacia el Sahara ha caracterizado la actitud oficial española –lastrada por un pasado colonial africanista a ultranza-, pese a la probada solidaridad generalizada en España con el pueblo saharaui, hermanado con el español mediante profundos lazos de afecto, comprensión y ayuda.

Así las cosas, vino a complicarlas extremadamente una de las últimas decisiones del presidente estadounidense Donald Trump consistente en admitir, por parte de Estados Unidos, la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sahara occidental, a cambio de que Rabat aceptara la apertura de relaciones diplomáticas con Israel, que ya ha instalado su Embajada en la capital marroquí. Paralelamente, Washington comerciaba con Rabat un programa de venta de armamento sofisticado que inquieta a las autoridades políticas españolas y preocupa a los rangos militares. El nuevo titular de la Casa Blanca, Joe Biden, pese a no refrendarla explícitamente, no ha anulado la decisión de su antecesor, mientras el nuevo Gobierno socialdemócrata alemán, a primeros de enero de este año, calificó de “seria y creíble” la propuesta marroquí de dotar al territorio saharaui de un estatuto autonómico dentro del Reino de Marruecos, calificativos clonados en la carta dirigida al rey de Marruecos por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Las repercusiones, internas y externas, de la misiva gubernamental española al Mohamed VI no se han hecho esperar. Las más importantes de las primeras conciernen a la representación de Unidas Podemos en la coalición gubernamental, que aduce no haber sido consultada al respecto de una cuestión de política exterior que considera cardinal para los intereses de España y su proyección. La otra, también de gran importancia, se refiere a la actitud de Argelia, principal exportador de gas a España, su segundo mejor cliente, que hace cincuenta años no solo acogió sino que apadrinó la resistencia saharaui primero contra España y posteriormente y sobre todo, contra Marruecos. Argelia, país con amplio ascendiente en el Movimiento de Países no Alineados, con un potente ejército y una población joven en expansión, con riquísimos yacimiento de reservas energéticas, disputa a Marruecos la hegemonía geopolítica en el Norte de África.

Es hora de preguntarse qué ha podido suceder para que Pedro Sánchez haya decidido enviar esa carta al rey alauí, en la que califica su propuesta de autonomía para el Sahara como el intento “más serio y creíble” para desbloquear una situación que se prolonga indefinidamente y sin solución –por voluntad marroquí- desde hace 47 años afectando, además, a gran parte de un pueblo como el saharaui, condenado a someterse a un designio militar ajeno en su propia tierra o a refugiarse en pleno desierto al amparo de Argelia.

En principio, a escala estatal, la carta va firmada por un jefe de Gobierno español, no por el jefe del Estado. Independientemente de la casi segura y consabida consulta previa de Pedro Sánchez a Felipe VI, hay formalmente aún un nivel superior al de la rúbrica, lo cual determina una posibilidad de retroceso o revisión de lo enunciado en la carta. No obstante, se trata de una misiva de reconocimiento, no explícitamente propositiva, aunque con suficiente ambigüedad como para admitir que si una futura negociación hispano-marroquí al respecto no prosperara, el criterio gubernamental español podría verse modificado. Segundo, pese a la presumible y airada reacción de Argelia, llamando a Argel a su embajador en Madrid, pocos observadores dudan de que Madrid evacuara consulta previa a sus homólogos argelinos, de la que ahora estará dando cuenta detallada su representante diplomático en Madrid. España no puede perder un proveedor básico de gas como Argelia; pero Argelia tampoco puede permitirse perder un extraordinario cliente como España país que es, además, puerta de entrada a Europa de los energéticos argelinos, más cotizados aún hoy, si cabe, dadas las fricciones desatadas a propósito de la dependencia alemana del gas ruso, cuestionada por Berlín tras la guerra de Ucrania.

Hasta aquí, lo presumible. A partir de aquí, la diplomacia secreta vinculada a la secreta Razón de Estado. Se desconoce el hilo conductor más específico que conecta la ocasión de la carta al rey de Marruecos con la guerra en Ucrania, bajo vientre de la Federación Rusa, y con las presumibles presiones euro-estadounidenses para incorporar a España a los vectores geoeconómicos de esta guerra desplegados por Washington en el pulso que libran, por Estado interpuesto, la OTAN y la Federación Rusa. He ahí una de las hipotéticas claves que pueden contribuir a explicar buena parte de lo sucedido. Asimismo, la reciente apuesta armamentista de Washington hacia Rabat podría explicar una medida española como esta, en sintonía con la lógica estadounidense, para intentar atajar el desequilibrio intencional así creado.

El envío de la carta del presidente español Pedro Sánchez a Mohamed VI sobrevino en un momento de acefalia de la oposición, donde el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo no se ha consolidado aún de modo definitivo. Políticamente y desde una perspectiva oportunista, el momento fue considerado idóneo para guiar el mensaje gubernamental al Palacio Real de Rabat. Además, dado el tono continuista de los mensajes del dirigente gallego respecto a los de su descabalgado predecesor, ningún consenso parece ni viable ni posible con un partido enrocado, aún, en la negación a todo tipo de acuerdo con el Gobierno, en consonancia con la actitud mantenida y no enmendada del fenecido líder del Partido Popular.

No avisar a los representantes de la izquierda no socialista en la coalición gubernamental puede ser interpretado en términos o bien de urgencia geopolítica coyuntural y única, en el mejor de los supuesto, o bien en clave de un ninguneo premeditado. Ni una ni otra ayudan en nada al partido mayoritario en la coalición de Gobierno a poder seguir gobernando con desenvoltura. Resulta evidente que buena parte de los contenidos sociales que aseguran el voto del mundo del trabajo y el voto femenino hacia los partidos coaligados del Gobierno procede de su ala izquierda y le aportan legitimación y apoyo electoral necesarios para mantenerse de ahora en adelante. Son muchas y muy pesadas las adversidades afrontadas, hasta hoy con éxito, pero lo son también las brechas que se van abriendo intramuros del Ejecutivo; no será la mejor de ellas la prevista en torno a la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio, por el rechinado de dientes que encopetados prebostes de la Alianza político-militar experimentan al percatarse de la presencia de ministros comunistas en el Gobierno de España, Estado anfitrión del evento.

Por otra parte, los integrantes de un Gobierno de coalición tienen todo el derecho del mundo a hacer aflorar sus divergencias ideológicas, dada la composición ideo-política binaria de los partidos que lo integran; pero es un hecho que, a la hora de decidir, la unidad de acción gubernamental es un axioma político, en cualquier caso sometido a respeto y atención. Con todo, la práctica de la diplomacia secreta no suele figurar entre los acuerdos programáticos al uso en las coaliciones.

La carta a Rabat cabe interpretarla como una declaración de intenciones, ni más ni menos, que, como hemos subrayado, no cierra vías de evasión, revisión o remoción si acaso la contraparte marroquí, como acostumbra, elude en un futuro sus compromisos pactados al respecto, que aún no conocemos. Si bien la misiva obedece -muy posiblemente- a una sincera voluntad de Pedro Sánchez y del ministro Albares de dar salida aun diferendo enquistado que paraliza la acción exterior española, brinda asimismo la posibilidad de comprometer a Marruecos a olvidar sus amenazas, avenirse a las buenas relaciones con su vecino norteño, a respetar la españolidad histórica de Ceuta y Melilla -¿para qué le servirían esos dos enclaves, con el usufructo que hasta ahora les ha sacado como supuesto –y perpetuo- talón de Aquiles de la política española?-; ambas ciudades autónomas son prósperas y activan la economía norteafricana de la que miles de marroquíes se benefician. De igual modo, de medrar esas buenas intenciones, le cabe exigir al rey alauí olvidar la artera reivindicación de las islas Canarias, fuera de lugar de cualquier escenario político razonable.

Está por ver qué es lo que Rabat propone a los saharauis en su mentado estatuto de autonomía. Mal precedente la polvareda que levantó, con retirada de su embajadora, cuando España decidió acoger por razones humanitarias a Ibrahim Galli, líder de la RASD enfermo de cáncer, para recibir atención médica en La Rioja. Rabat pareció olvidar entonces que España es un país soberano, potencia administradora además, por mandato de Naciones Unidas, del proceso descolonizador del Sahara. Aquel incidente, por cierto, ha quedado zanjado por el inmediato regreso a Madrid de la representante diplomática alauí llamada a Rabat entonces.

¿Qué pasará con el pueblo saharaui? Esa es la gran cuestión. Los Estados y su Razón estatal, no solo se justifican por el poder consolidado, mantenido o ampliado en la satisfacción de sus intereses estratégicos ante tal o cual coyuntura; lo que completa el sentido de la política de Estado y garantiza eficazmente su consolidación estratégica, es, en el largo plazo, la eticidad subyacente a su conducta. Fiarlo todo a las ventajas de un avance coyuntural o a la aún demasiado volátil neutralización de un histórico conflicto como el hispano-marroquí, sin pautas éticas ahora visibles –a las que obligan el crédito y el compromiso internacional de España como potencia garante de una descolonización del Sahara escamoteada hasta ahora por Marruecos- carecería del anclaje de legitimidad que determina la permanencia y la viabilidad de las mejores decisiones políticas.

Lo peor de lo que puede suceder, amén de las acostumbradas y previsibles trapacerías de la contraparte, consiste en la erosión, una más, que sufre la Organización de Naciones Unidas si, además de Marruecos, habituado al desdén hacia la ONU, España desatiende las resoluciones legales –hasta 74- admitidas por la comunidad internacional allí representada. ¿Hay que olvidar el referéndum de autodeterminación como legal vía de salida a tan dolorosa situación? ¿Se asume la responsabilidad histórica de olvidarlo? ¿Hay suficiente fuerza política para resistir las presiones para orillarlo?

La clave consiste en averiguar si el Gobierno, tras este presumible giro enunciado en su política exterior, satisface con su táctica la estratégica Razón de Estado que garantice, en el largo plazo, los intereses estatales de España, entre los que se incluye su ascendiente descolonizador sobre el Sahara. Medio millón de saharauis miran hacia nosotros con el corazón contrito, cuando ven cómo el extendido deseo de emerger a la realidad internacional con un Estado propio, se aleja cada vez más de las tierras requemadas por el sol sobre el ardiente desierto que les alberga.

 

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.

1 comentario

  • Domingo Sanz Viernes, 25 Marzo 2022 13:32 Enlace comentario

    La Razón de Estado, esa que tantas veces sirve para un roto o para un descosido. Ante la forma chapucera con que se ha gestado por parte de Pedro Sánchez, solo podemos especular mientras ponemos el grito en el cielo pues eso sí, como tantas veces, los más débiles son los que perderán todo, abandonados por todos porque se les ha prohibido durante décadas tener Estado para así robarles la razón con la que podrían defenderse. Pensando en esa "razón" tan poderosas como oportunista cuando conviene, me viene a la cabeza Fernán Gómez con Rafael Alonso en "El abuelo" cuando se preguntaba sobre lo que era el "honor", y como olvidar la respuesta.

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