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Presidencialismo y polarización en el cogobierno


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

El Presidente Sánchez, al margen del gobierno y del parlamento ha decidido unilateralmente cambiar la posición de España en relación al Sáhara Occidental para apoyar ahora la alternativa de una de las partes: el reino de Marruecos, abandonando con ello la responsabilidad y la posición histórica de España en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con la premisa ineludible de la legalidad internacional.

El cambio de posición ha provocado primero la sorpresa y luego el rechazo y la indignación de los saharauis y de la misma ONU, así como de la contraparte del gobierno de coalición a la que se ha sumado la totalidad de los grupos parlamentarios del parlamento con la lógica excepción del grupo socialista, si bien las bases del partido que en su momento encumbraron a Sánchez frente al aparato parece que no opinan lo mismo y esto puede significar que la apertura al centro reduzca a su vez el espacio a la izquierda.

Y con ello un desencuentro añadido en el gobierno compartido, que además tiene lugar en el complicado escenario de las consecuencias geopolíticas, económicas y energéticas de la invasión de Rusia en Ucrania. Un giro que dificulta aún más si cabe la pretensión de concretar el pacto institucional de mínimos frente a los efectos de la guerra logrado en La Palma. Sobre todo tras la dura reacción de Argelia, las consecuencias del paro del transporte y la reducción de expectativas sobre el objetivo de una posición conjunta de la Unión Europea en materia energética. El bandazo presidencial, al menos por ahora, no ha sido una jugada maestra de la diplomacia del presidencialismo (al modo del presidente Macron), y tal parece que además ha dejado desguarnecido el flanco de la política interna para responder con mayor rapidez y claridad al paro del transporte y su influencia en el clima de malestar ciudadano.

Además llueve sobre mojado, en particular con relación a la política exterior y de defensa, ya que algo así ocurrió desde los mismos inicios de la invasión de Ucrania, en que se produjo también la decisión inesperada y unilateral del presidente Sánchez de enviar armas españolas al escenario del conflicto. La única diferencia con el más reciente volantazo en relación al Sáhara es que el envío provocaba además la división en el seno del otro partido de la coalición y sin embargo obtenía el beneplácito de la oposición conservadora y con ello de la mayoría del parlamento.

Pero esta dinámica divergente no solo se ha dado en la política exterior, que se da por sentado de que se trata de una atribución propia del Presidente, sino también en las políticas de Estado que en la negociación del gobierno de coalición quedaron como competencia exclusiva del socio mayoritario el partido socialista, dejando a UP como un socio transversal o complementario. Poco antes, el aviso de la reforma laboral ya nos situó al borde del abismo, con una votación que estuvo a punto de dejar en minoría una de las reformas más importantes de la legislatura y acabar de paso con la estabilidad del propio gobierno, y precisamente en una materia atribuida desde su inicio a Unidas Podemos en el pacto de gobierno. Es verdad que por su importancia para la concertación social y para el desarrollo de los fondos europeos, previamente el Presidente Sánchez intervino de parte para lograr en los momentos finales la presencia de la ministra de economía al parecer con el objetivo de garantizar la vinculación de los empresarios al acuerdo final.

Como consecuencia de ello, al final asistimos a dos estrategias diferentes y no complementarias sino divergentes en cuanto a la búsqueda de los apoyos para la convalidación del real decreto, en este caso por parte de los dos partidos coaligados en el seno del gobierno. Mientras Unidas Podemos pretendía consolidar la mayoría con los grupos de apoyo a la investidura, el PSOE lo intentaba al final con ciudadanos y otros grupos minoritarios. El fracaso, lejos de abrir una reflexión compartida para afrontar con garantías el resto de la legislatura parece haber profundizado la lógica de la divergencia. Las diferencias se amplían.

Con ser la más grave tampoco era ésta la primera vez, sino que la divergencia en la estrategia de alianzas estuvo ya presente desde bastante antes, con el intento del PSOE de atraer a Ciudadanos, tanto en las prórrogas del estado de alarma como en los intentos frustrados de moción de censura frente a los gobiernos de Murcia y de Castilla y León, que luego al frustrarse habrían de servir de excusa para el adelanto electoral, dando lugar a una amplia victoria de Ayuso en las elecciones de Comunidad de Madrid.

La conclusión es que en base a dos estrategias divergentes y una cada vez mayor autonomía presidencial en un gobierno compartido con los ministerios y la presidencia como compartimentos estancos, la necesaria coherencia o incluso la mera coordinación en la actuación del gobierno es cada día un objetivo más difícil, sobre todo en una situación de una cada vez mayor complejidad e incertidumbre. Con ello la estrategia de ampliación hacia el centro consolidando al tiempo el actual espacio electoral de las izquierdas se convierte en casi una quimera. En este sentido, la decisión de Yolanda Díaz de aplazar el proceso de escucha previo a su posible candidatura electoral puede interpretarse en este contexto. En resumen, que la actual dinámica de divergencia es peligrosa y que por tanto se hace necesaria una rectificación urgente que permita la cohesión del gobierno sin menoscabo de la pluralidad de su composición, del papel preeminente del presidente del gobierno y de las futuras estrategias electorales.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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