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Las rebajas de impuestos de la derecha populista y el saldo del Estado social


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)
Alberto Núñez Feijóo en una imagen del Partido Popular vía flickr. Alberto Núñez Feijóo en una imagen del Partido Popular vía flickr.

Hay que bajar impuestos y reducir los gastos burocráticos, esa ha sido la aportación del nuevo PP de Feijóo al plan de respuesta frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania y de las sanciones internacionales a Rusia. No se sabe de ninguna otra propuesta. De nuevo entre el mantra conservador de la bajada de impuestos como bálsamo de fierabrás que todo lo cura, y el populismo reaccionario que continúa demonizado a la fiscalidad como robo al individuo y a la inversión pública y el gasto social como despilfarro, grasa burocrática, cuando no como chiringuito de la casta política.

Nada diferente de lo dicho por el PP de Casado desde un principio, incluso ante los efectos económicos de la pandemia y a pesar de calamidades como las inclemencias del tiempo o el volcán de La Palma que han requerido un incremento del gasto público sin precedentes. Como también ocurrió antes con Rajoy como líder de la oposición, aunque luego hiciese todo lo contrario desde el gobierno subiendo decenas de veces los impuestos, eso sí sobre todo los que afectan a las rentas medias y bajas, entre ellos el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, y no así con la fiscalidad de las grandes rentas, plusvalías y patrimonios del sacrosanto uno por ciento. Siempre con la bajada de impuestos, de unos más que de otros, como única alternativa, aunque nunca le convenga recordar a la derecha que fueron sus últimos gobiernos los que más subieron los impuestos, y si es que lo hace se remite a aquello de las imposiciones por la herencia recibida.

En los últimos años la estigmatización de los impuestos por parte de la derecha se ha incrementado hasta el delirio, como consecuencia del efecto contagio del populismo de la ultraderecha que propone algo similar al tramo único de la Rusia de Putin. Ya no quieren recordar la Constitución de la que tanto se reclaman donde se afirma que"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". Porque los impuestos reparten las cargas en función de la renta y el patrimonio y financian lo público, lo de todos.

Por otra parte, no les importa que haya más o menos margen en el marco de la legislación europea, ni los posibles efectos de recortes lineales sobre el mantenimiento de un reparto justo y progresivo de las cargas, como tampoco la magra experiencia del recorte de la denominada grasa del Estado por parte del PP con motivo de la anterior crisis financiera. En este sentido nuestro IVA de los carburantes es ya de los más bajos en Europa y por tanto queda un escaso margen para reducir la factura y para hacerlo de forma justa y sobre todo de manera que no cuestione la sostenibilidad del estado social ya que más de la mitad sirve para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales de las CCAA, algunas de ellas gobernadas por la derecha. Eso explica la vía adoptada por el plan del gobierno de subvencionar el precio de los carburantes en vez de la tan reclamada bajada de impuestos. Por otro lado, el IVA y los impuestos relacionados con la energía eléctrica ya se ha bajado al mínimo en el último decreto para reducir la tarifa eléctrica, solo queda establecer un precio de referencia al gas en la península ibérica de acuerdo con la Comisión Europea y limitar los denominados beneficios caídos del cielo. Porque lo que siempre evitan, tanto la derecha como la ultraderecha, es hablar de los beneficiarios de las empresas y los bancos calificando cualquier medida de regulación o de contención de sus márgenes de intervención o nacionalización socialcomunista.

El principal problema de los impuestos en España no es por exceso sino por defecto. En relación a nuestro entorno europeo, la anomalía está sobre todo en la distribución y la recaudación de los ingresos fiscales, muy por encima del limitado volumen y de los márgenes siempre mejorables de ineficiencia del gasto público. No hay más que leer el libro blanco de la comisión de expertos recientemente publicado y ver las tablas comparativas de la fiscalidad en Europa para darse cuenta que nuestro sistema gravita sobre los impuestos de la renta de las personas físicas y del IVA, aunque se hayan reducido con todo tipo de bonificaciones y exenciones, y en mucha menor medida sobre la fiscalidad efectiva del impuesto de sociedades, sobre las plusvalías y el patrimonio, en resumen los impuestos que afectan a los más ricos. A pesar de ello, las administraciones autonómicas del PP se han dedicado a bajar los impuestos para beneficiar a unos cientos de declarantes: los que hasta ahora paganan los más ricos como son el impuesto del patrimonio, el de donaciones y el de sucesiones, mientras recortan y privatizan los servicios públicos esenciales ante la imposibilidad de financiarlos y exigen del gobierno central un nuevo modelo de financiación autonómico más favorable. Asimismo, con los llamados planes de sostenibilidad, se demostró en la crisis financiera la mucha demagogia y el escaso margen para reducir los organismos que fueron externalizados de la propia administración con el objetivo en su momento de eludir el control y la regulación públicos, pero encubiertos con los falsos argumentos de la eficiencia y de la reducción del gasto.

En resumen, ante cualquier problema, y en cualquier momento del ciclo económico, la propuesta de la derecha sigue siendo bajar los impuestos y al tiempo criticar la abultada deuda pública, sin decir por otro lado lo fundamental: qué tipo de inversiones y de gasto público se verán recortados o simplemente eliminados.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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