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Vuelve la inflación. Evocación de los Acuerdos de La Moncloa


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En marzo de 2022 el Índice de Precios de Consumo aumentó en un 3% sobre el mes precedente y en un 9,8% sobre el mismo mes del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la electricidad, carburantes y combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los componentes del índice con crecimientos mayores en el mes citado. En el mismo mes el aumento de los precios de consumo en los países de la Eurozona ascendió al 7,5%, dentro de los cuales el precio de la energía explicó más del 44,1% del aumento de dicho indicador.

España fue el quinto país de entre los 19 estados miembros de la Unión Europea en cuanto a intensidad de las elevaciones del indicador citado, detrás de los tres países bálticos y de los Países Bajos. Destacaron asimismo las importantes elevaciones de precios registradas por países tales como Alemania (7,5%), Italia (7,0%) y Francia (5,1%), según Eurostat.

Los Acuerdos de la Moncloa establecieron aumentos salariales en función no de la inflación pasada, sino en función de la inflación prevista para el año siguiente. Tuvieron un papel estabilizador que permitió sacar adelante la Constitución de 1978

En el caso español destaca la relevancia de la electricidad, que en marzo de 2022 explicó más del 50% de aumento del IPC. Este indicador no recoge la evolución de los precios de la electricidad en el subsector de los consumidores (hogares y empresas) que tienen contratos convenidos con las empresas productoras de electricidad. Dicho componente supuso en 2021 el 60% del total de consumidores. Esta carencia debería ser corregida por el INE.

En el primer trimestre de 2022 la economía española parece haber mantenido un ritmo de crecimiento similar o incluso algo superior al del trimestre precedente (el 2,2%). Sin embargo, esta evolución puede resultar afectada a la baja por el comportamiento de los precios energéticos. La experiencia española de las elevaciones de los precios del petróleo y del gas ha sido siempre negativa, provocando situaciones de recesión.

Una situación como la descrita tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo, coincidiendo con la etapa de la transición política española desde la dictadura a una democracia parlamentaria. La elevación del barril de petróleo desde dos dólares hasta diez dólares en el año 1973, que había sido un periodo de intenso crecimiento, provocó una fuerte desaceleración del crecimiento en 1974-75.

Ante los riesgos políticos que planteaba la situación de bajo crecimiento, inflación disparada y aumento del desempleo, pasadas las primeras elecciones legislativas de junio de 1977, se firmaron los Acuerdos de la Moncloa en octubre de 1977 entre las principales fuerzas políticas. En el momento de la firma, el IPC crecía en un 26,5%. “Técnicamente los acuerdos consistieron en un pacto para limitar el crecimiento de la masa salarial a cambio de diversos compromisos públicos y también de una cierta presencia política de la oposición y de los sindicatos” (J. V. Sevilla Segura, “El final de la transición», ‘El País’, 23.11.1985).

Tras los Acuerdos de la Moncloa se establecieron aumentos salariales en función no de la inflación pasada, sino en función de la inflación prevista para el año siguiente, con cláusulas de revisión salarial semestrales. Los Acuerdos citados tuvieron un papel estabilizador que permitió sacar adelante la Constitución de 1978.

Ante la posible espiral de precios-salarios que puede tener lugar, será conveniente establecer acuerdos en línea no sólo con la pauta establecida en los citados Acuerdos de la Moncloa, sino también con los acuerdos interconfederales que sucedieron a dichos Acuerdos. Todo ello con el fin de impedir el freno al crecimiento que pueden provocar los elevados precios de la energía y de mantener las reformas necesarias para la transformación de la economía española.

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.