La aprobación del decreto anticrisis: un espectáculo lamentable

Ninguno de los que se opusieron a su aprobación habló en contra de las medidas contenidas en el decreto. Como mucho, se propusieron otras adicionales, tales como bajar impuestos o prolongar la vida de las centrales nucleares. Pero, el grueso de sus intervenciones consistió en reproches al Gobierno por razones variopintas, totalmente ajenas a cualquier medida anticrisis.

El decreto fue aprobado por 176 votos contra 172 y dependió críticamente de los 5 votos de EH Bildu —es decir, pudo muy bien no haberse aprobado—, que se inclinó por el sí en el último momento. Su portavoz expresó que tenían muchas cosas contra el Gobierno, pero que votaban sí por responsabilidad hacia los ciudadanos. Toda una lección para los que votaron no, sobre todo viniendo de un partido al que muchos niegan el derecho a participar en política por su pasado filoetarra. Si hubiera triunfado el no, hoy pagaríamos la gasolina y la electricidad más caras, los transportistas, agricultores y pescadores no podrían hacer frente a sus gastos, los alquileres subirían más del 2% y 600.000 personas menos tendrían acceso al bono social eléctrico.

Solemos aceptar como normal que en el Congreso se vote por razones ideológicas —es decir, “voto no porque soy del bando contrario y mi misión es hacerte daño”— al margen del contenido de lo que se aprueba, pero no debería ser lo normal. Puede ser razonable cuando se trata de la aprobación de los presupuestos o de leyes del programa de gobierno que expresan su sesgo ideológico, como podrían ser la ley de eutanasia o las leyes educativas. Pero, cuando lo que se está dirimiendo es atender a las consecuencias de una pandemia, de una catástrofe natural o de una crisis económica derivada de un conflicto internacional, votar no es votar para que no se atiendan las necesidades urgentes de los ciudadanos; es votar contra ellos.

Es el caso de ERC, inflamada por el espionaje que supuestamente han sufrido unas decenas de secesionistas catalanes y vascos. Asunto que ha venido de perlas al independentismo para revitalizar su languideciente causa y mostrarse una vez más como víctimas, a causa de sus ideas, de un estado opresor. Sin embargo, por muy justa que fuera su indignación —que está por ver—, los ciudadanos que lo están pasando mal no deberían ser castigados por ello. Las “cosas de comer” de la gente deberían ser sagradas para los que se dicen políticos y, en este caso, se dicen además de izquierdas. Siempre habrá ocasión de “castigar” al Gobierno en otras leyes. Entrando en el fondo, y aún dando por buenas las noticias publicadas, lo único relevante a dilucidar aquí es si dicho espionaje fue o no autorizado por el juez competente. Si fuera así, significaría que la autoridad judicial ha visto suficientes indicios para hacerlo y la intervención de los teléfonos sería, mal que le pese al secesionismo, completamente legal.

El no del PP merece cierto detenimiento. Las razones de su portavoz —“intentamos el acuerdo hasta el último minuto”— no fueron más que excusas de mal pagador. Lejos de intentarlo, solo pretendieron vender caro su apoyo, exigiendo aprobar de matute una parte de su programa: la bajada de impuestos. El Gobierno les ofreció tramitarlo como proyecto de ley, donde podrían haber planteado sus enmiendas y, si conseguían apoyo suficiente, haberlas aprobado. Pero fue más fuerte su deseo de dañar al Gobierno, jugando de nuevo con las necesidades de las personas. También les complacía agitar una vez más el fantasma del terrorismo: “han preferido pactar con Bildu” —dijeron—. El PP de Feijóo es tan solo más educado en las palabras que el de Casado, pero es el mismo en sus actos, que es lo que al final cuenta.

Y tenemos el no de Cs. Aunque a este partido le queda ya poca vida, uno se pregunta, ¿para qué sirve? Es indistinguible del PP y siempre hacen lo mismo que él. El discurso del señor Bal fue del todo inconsistente: después de los consabidos reproches al Gobierno sobre sus socios separatistas y comunistas, dijo que las medidas del decreto le parecían perfectas y que estaba al 100% de acuerdo con ellas, pero que el problema era su negativa a bajar los impuestos y a prolongar la vida de las centrales nucleares.

Señores de la derecha, un poco de seriedad: si quieren bajar los impuestos y prorrogar las centrales nucleares, preséntense a las elecciones con ese programa y gánenlas. No pretendan que los que no están de acuerdo les hagan el trabajo y menos aún, tomando como rehenes las necesidades de las personas y empresas que lo están pasando mal.

Cuando está en la oposición, la izquierda suele guiarse por el principio del mal menor: si algo supone un avance, aunque no sea todo lo que le gustaría, suele apoyarlo. En la derecha, se guían al parecer por el del mal mayor. Da igual que haya una pandemia o una guerra. Para ellos, cualquier ocasión es buena para causar daño al Gobierno, aunque los damnificados sean los ciudadanos.

Del resto de partidos del no —Vox, Junts y la CUP— no hay mucho que decir, salvo que no se espera nada constructivo de ellos. El primero está contra el sistema democrático, el segundo contra el “opresor” Estado español y, el tercero, contra ambos. Tan solo hay que lamentar que una parte importante de los españoles les sigan votando.

El debate sobre el decreto anticrisis nos deja como amargo residuo unas reflexiones bastante pesimistas acerca de la falta de madurez democrática y del mucho encanallamiento y odio que todavía siguen presentes en nuestros partidos políticos. No es así como reconciliaremos a los ciudadanos con la política.