La España que nos toca

Cuando los datos son poco consistentes en términos de validez, la información que resulte de ellos también lo será. La propia fiabilidad de la fuente categoriza la solidez de los datos extraídos de ella. De aquí que, con datos poco fiables, esto en cualquier metodología científica, lo que quedará en cuestión es la propia validez de la investigación además de la competencia profesional de los investigadores. Si la justicia desatiende sus principios todo el Estado se desmoronará más temprano que tarde.

Históricamente, la elaboración de trabajos de investigación fue motivo de atención judicial por las innumerables denuncias por irregularidades cometidas. De aquí deducimos que la corrupción siempre se sintió atraída por las oportunidades que ofrecían esos instrumentos poco conocidos, aunque muy nombrados. Así, los fondos de la corrupción se blanqueaban a través de los denominados proyectos de investigación.

Los llamados “chiringuitos”, de los que disfrutaron muchos de los dirigentes de la España reciente, recibieron un flujo de fondos cuantioso. Por todas las autonomías florecieron centros de estudio, fundaciones, asociaciones y otras entidades afines, creadas o instrumentalizadas para financiar indirectamente a estructuras corporativas. Todo, sin mencionar el uso indebido de los fondos de formación cuya finalidad se distorsionó hacia financiaciones alternativas o al enriquecimiento ilícito.

Veamos un ejemplo. El juicio sobre el supuesto fraude por seis millones de euros en subvenciones ocurrido en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a finales de la década de los noventa llegó a juicio a fines de enero de este año. Más de veinte años después. El tribunal estudió en ese tiempo, el fraude en la gestión de fondos para formación de parados que la patronal gallega recibía de administraciones públicas. Aunque acababa utilizando para otros gastos como la reforma de su sede o el abono de facturas del día a día como pago en restaurantes, cafeterías y quioscos. El caso fue destapado en febrero de 2001 por informaciones periodísticas de la Cadena Ser Galicia y El País. El principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, que fue secretario de la CEG hasta el año 2000, se acogió a su derecho a no declarar.

Tras varias suspensiones, la última ocurrida en 2019 por “traspapelarse” miles de folios, el juicio se inicia. Las defensas alegaron, ya en septiembre de 2019, indefensión al no haber podido accedido a 21 tomos de la causa. La cantidad total difiere entre los 6.000 y los 9.000 folios en función de lo que dice cada parte. Por ello, reclamaron una suspensión, a la que accedió el tribunal. En el caso ya participaron en el más de quince jueces. Además, el presidente de la CEG de entonces, Antonio Ramilo, amigo personal de Fraga, ya ha fallecido. Según la Fiscalía, entre 1996 y 1999, el secretario de la CEG y siete empresas se concertaron para “obtener un beneficio patrimonial” por cursos no realizados, manuales didácticos innecesarios y duplicando facturas con costos excesivos. Para la Fiscalía, todos los acusados, “con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial”, se apropiaron de fondos públicos justificados a través de “cursos no realizados”, facturas “dobladas” y la “imputación excesiva de coste” de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de “otros excesos contables”.

Al parecer, la justicia que nos toca permite que se libren de sus cargos los presuntos culpables y no se recupere lo saqueado.

Abundan los informes falsos que se construyen con mentiras que enferman a la sociedad, porque sólo procuran inocular creencias falaces. Cuando en los juzgados no se atiende a la validez de la información, entonces la sombra de la sospecha se cierne sobre la equidad de sus decisiones. Mantener abiertas causas sobre denuncias inconsistentes y pruebas dudosas, contra rivales políticos, en sincronía con campañas periodísticas amarillistas es, al menos, llamativo.

No es nuevo, tampoco, la velocidad para archivar causas judiciales que incomoden al poder. Inclusive, el hábito de “producir” información de poca calidad para su uso contra un adversario político en el marco de un proceso judicial se repite impúdicamente. El llamado Informe PISA, “Pablo Iglesias Sociedad Anónima”, producido por las cloacas de Interior, es un ejemplo. Sería deseable que la Justicia dedicase todas sus energías en la lucha contra la corrupción, incluida la que pueda agazaparse en las propias estructuras institucionales.

No todo vale en la España que nos toca.