El decreto de la excepción ibérica

En la sesión de control al Gobierno del 24 de abril, el señor Mariscal Anaya, diputado del Grupo Parlamentario Popular, realizó —con muy malas formas, por cierto— las siguientes preguntas a la Ministra Ribera de Transición ecológica: ¿Quién va a pagar la diferencia entre el precio real del gas y el de referencia decretado por el Gobierno?¿Se va a cargar al déficit tarifario?¿Lo van a pagar los consumidores del mercado libre?¿Van a subvencionar los consumidores españoles la electricidad que vendemos a Francia? Acusó a la ministra de que su regulación iba a afectar solo al 40% de los consumidores —los del mercado regulado— y de que el resto quedarían desprotegidos. Sus palabras finales fueron: “usted no tiene categoría para ser ministra”.

Según este diputado, secundado un poco más tarde por el señor Bal del Grupo Ciudadanos, todo lo que no sea bajar impuestos y prolongar la vida de las centrales nucleares, es perder el tiempo. De estas acusaciones y broncos debates, un ciudadano poco informado podría extraer la conclusión de que la ministra era una incompetente y no estaba acertando con su decreto regulatorio. Y que, en cambio, los diputados de la oposición tenían muy claro cómo debían hacerse las cosas.

Los diputados tienen a su disposición generosos recursos documentales y de asesoramiento para informarse adecuadamente de los asuntos, por lo que el desconocimiento que evidencian estas preguntas solo puede achacarse a la indolencia del diputado en cuestión o a su mala fe. Un ciudadano de a pie, como yo, que apenas posee otra cosa que la prensa, la radio y el BOE para informarse, puede —puedo— responder a las insolventes preguntas del señor Mariscal con bastante rigor:

La diferencia entre el precio del gas en el mercado y el tope regulatorio del decreto la va a pagar cada consumidor en su factura. Al no haber ningún exceso que pagar, no va a aumentar el déficit tarifario ni vamos subvencionar a los franceses. Estos pagarán a su precio hasta el último gramo de gas que consuman. El mercado regulado afecta al 40% de los consumidores domésticos, pero también al 80% de los industriales. El resto, que se rigen por contratos a plazo, se beneficiarán de los nuevos precios cuando renueven sus contratos. ¿Lo ve, señor Mariscal? Basta con leerse el decreto o su borrador previo.

¿Cómo es posible entonces que, aún pagando a su precio todo el gas consumido, la factura eléctrica se reduzca entre un 30% y un 50%? La razón es que el precio topado del gas solo afecta al mecanismo de fijación del precio del megavatio-hora (MWh) en el mercado marginalista. El exceso hasta el precio real se distribuye entre el resto de las tecnologías de generación y así el precio final resultante es mucho más bajo.

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos un precio real del gas de 112 €/MWh —este fue su precio medio durante 2021—; el precio topado es de 40 €/MWh y se mantendrá así durante los próximos seis meses; se necesitan 1,82 MWh de gas para producir 1 MWh de electricidad; la electricidad generada con gas es, en promedio, un 15% del total.

En estas condiciones, antes del decreto, 1MWh eléctrico se pagaría al precio de la tecnología más cara, es decir, a 112 x 1,82 = 204 €/MWh. Con la nueva regulación se pagaría a 40 x 1,82 + (112 – 40) x 1,82 x 15 / 100 = 72,8 + 19,7 = 92,5 €/MWh. En palabras, el tope de 40 €/MWh fija un precio base de 72,8 € para todas las tecnologías —ese es el mecanismo marginalista, en el que la tecnología más cara fija el precio de todas ellas—. El exceso de (112 – 40) x 1,82 = 131 € se reparte entre todas las tecnologías: la generación con gas paga un 15% y, el 85% restante, las demás, resultando un exceso uniforme de 19,7 € por MWh. El resultado final es de 92,5 € frente a los 204 € que pagaríamos sin el decreto.

La siguiente pregunta sería: alguien pierde dinero, pero ¿quién? La respuesta es que nadie pierde dinero, sino que las grandes compañías eléctricas dejan de enriquecerse en exceso. Si se paga el MWh a 204 €, las tecnologías renovables y nuclear —cuyo coste, incluyendo amortización, está por debajo de 40€ el MWh— reciben una sobrerretribución totalmente injustificada. Si se paga a 92,5 €, todavía siguen recibiendo un exceso de retribución del 131%, pero no del 400%. Piénsese que estas compañías vendieron el MWh a 48 € durante 2019 y siguieron ganando dinero.

No está justificado que, a una inflación inevitable debida a que tenemos que comprar los combustibles fósiles en el mercado internacional, las compañías añadan una inflación ficticia —es decir, que no responde a aumentos de coste— merced a una regulación no pensada para épocas de crisis de precios como esta.

Resulta muy sorprendente que la derecha nunca ponga en cuestión estos beneficios caídos del cielo de los que se han venido beneficiando las eléctricas. La ideología liberal de la que presumen debería condenarlos, pues se trata de una práctica contraria a la libre competencia. Sólo les parece bien que paguen el Estado y los consumidores. Pero el Estado ya está pagando 4.000 millones en bajadas de impuestos y los ciudadanos están pagando la luz dos y tres veces más cara que hace un par de años. De lo que se trata, no obstante, no es de que las compañías paguen sino de que dejen de enriquecerse por no prestar servicio alguno.

En una sociedad madura como la española, los debates deberían abandonar de una vez las prácticas infantiles de patio de colegio donde lo único que importa es perjudicar al adversario como sea, incluso deformando los hechos. Debatamos sobre las ideas, pero no sobre los hechos. Estos deberían ser sagrados, a no ser que nuestro propósito sea confundir.