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La concordia como excusa para la indecencia


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Ilustración de Fito Vázquez Ilustración de Fito Vázquez

"A la corte del rey emérito, la concordia le sale a cobrar". Como era de esperar, la vuelta del rey emérito, después de dos años de su salida precipitada de España dando un portazo ante las primeras informaciones, investigaciones y de las primeras medidas adoptadas por su hijo Felipe VI, para luego instalarse a cuerpo de rey en Abu Dhabi, se ha convertido en un acontecimiento mediático y político de primer orden. Con ello, ha saltado por los aires lo acordado con la casa real y el gobierno, que si bien no preveía ninguna nueva exigencia de transparencia o de disculpas públicas, limitaba la visita a lo estrictamente personal y por tanto en un ambiente de discreción.

Sin embargo, la repercusión pública es pues poco menos que inevitable, tanto en la localidad de San Xenxo como en el debate político, tras dos años de escándalos, investigación y sucesivas regularizaciones fiscales. Lo que no lo es tanto es la frivolidad del emérito con respecto a la regata y sobre todo su pretensión de volver a dormir en el palacio de la Zarzuela, para dar con ello una apariencia de normalidad, como si entre tanto no hubiera pasado nada, o lo que es aún peor: la obscena y disparatada pretensión de la corte del rey emérito de lavar su imagen con base a la ingente aportación en inversiones y empleos de sus visitas y de las inversiones y negocios logrados con otros Estados.

En coincidencia con su próxima visita y no por casualidad, los monárquicos de la asociación Concordia Real Española, se han arrogado, sin ninguna legitimidad para ello, la representación de todos los monárquicos, cuando ni siquiera la mayoría de los que defienden la monarquía como forma de Estado y seguramente que tampoco del actual rey Felipe VI, lo respaldan, iniciando una campaña de justificación y legitimación de su labor de intermediación aprovechando su alto cargo de representación, de sus negocios y de la ocultación de sus ganancias y regalos en paraísos fiscales, todo a buen resguardo de sus obligaciones con la Hacienda pública. En palabras de la propia fiscalía: no solo hablamos de delitos fiscales sino también tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, salvados gracias a la falta de colaboración de las monarquías del golfo, la prescripción y sobre todo la inviolabilidad . Ya no les basta con que la razón de Estado haya prevalecido finalmente con respecto al principio democrático de la igualdad de todos ante la ley, eludiendo la apertura de juicio y su comparecencia ante la justicia, con las únicas sanciones del reproche público y de la regularización de una parte de sus fondos ocultos, hasta ahora conocidos, con la Administración Tributaria. Con ello se pretende que la responsabilidad no ha sido del rey emérito sino de los ciudadanos, los medios de comunicación y las instituciones españolas que han promovido y apoyado una mínima transparencia y dación de cuentas, es decir de la propia democracia constitucional.

Por eso, hacen un balance tan disparatado y obsceno de las reales gestiones de Juan Carlos I como comercial, que resultaría de todas ellas que además a los españoles nos sale a deber y mucho: al menos sesenta y dos mil millones de euros y dos millones y medio de empleos creados gracias a sus más de doscientas visitas, según sus cálculos. Como si la promoción de España en el exterior del jefe de Estado no hubiese formado parte de sus obligaciones, y como si la retribución presupuestaria de la Casa Real y su disfrute del patrimonio del Estado no fuese suficiente para sus méritos. Y por ello se justificasen la percepción de mordidas y de regalos multimillonarios en metálico o en especie como contraprestación por parte de las empresas y los Estados beneficiados. Lo que no dice es, si es algo tan natural, por qué entonces se ocultó al público y a Hacienda en paraísos fiscales mediante testaferros, por qué el actual rey lo reprochó y sancionó y por qué el emérito salió de España para no volver más que de turismo. Resulta tan burda e inmoral esta defensa cerrada de los oscuros negocios del emérito, que uno estaría tentado a calcular a cuánto podrían ascender los fondos obtenidos de las comisiones aplicadas a esos más de sesenta mil millones que alegremente se calculan, si solo fuese del tan famoso como vergonzoso tres por ciento. Una cantidad astronómica muy distante de lo declarado y regularizado recientemente para hacer frente a sus obligaciones con Hacienda y evitar un juicio y una posible sanción penal.

A todo esto, la posición del gobierno de coalición oscila entre la razón de Estado de una parte, manteniendo inmutable la inviolabilidad, y la sobreactuación republicana de otra con la monarquía como una institución corrupta por su misma naturaleza. Solo en las últimas fechas la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reclamado el acotamiento de la inviolabilidad a las funciones en la jefatura del estado. Mientras tanto, todo el relato de la derecha es que el rey emérito no ha sido juzgado ni condenado y que el gobierno le pide explicaciones y la izquierda le cuestiona tan solo por haber sido rey, como si buena parte de las tímidas sanciones no hubieran sido adoptadas por el rey Felipe VI en defensa de su reinado y de la institución monárquica. De nuevo el relativismo moral y la utilización de un caso vergonzoso de corrupción real como munición de oposición por parte de la derecha, en parte para no dejar espacio a la monarquía absoluta y la razón absolutísima de la ultraderecha y en parte por su conocida manga ancha con la corrupción.

Para más inri, forman parte de la mencionada asociación 'Concordia Real Española' un ministro de defensa como Eduardo Serra y el que fuera director de la marca España, Espinosa de los Monteros, vinculados ambos a los gobiernos de la derecha.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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