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El ecologismo como base para un nuevo orden internacional


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No desvelamos nada nuevo si decimos que vivimos tiempos de un enorme deterioro ecológico que amenaza con ser irreversible. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad, que entró en una crisis sanitaria agravada por el ataque a la biodiversidad y los ecosistemas. El modelo de producción capitalista, depredador de territorios, nos mantiene en jaque desde hace mucho tiempo.
Pero esta crisis sanitaria no es el único problema urgente al que nos enfrentamos: la crisis energética, la disminución de los recursos hídricos, el agotamiento de las tierras fértiles o la pérdida de biodiversidad cultivada para adaptarse a las condiciones cambiantes del clima o a las plagas venideras son retos que también tenemos sobre la mesa. 

Una gran política de recuperación de la naturaleza sería insuficiente si no va acompañada de un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta la imposibilidad de un crecimiento indefinido

Mientras, un sector del capitalismo basa su acción en convencernos, por una parte, de que no existe crisis ecológica ni emergencia climática alguna, mientras, por otra, defiende que se adopten medidas en el ámbito del mercado para garantizar que sólo aquellos que puedan pagarlo puedan seguir teniendo acceso a los recursos necesarios. Tienen un claro ideario racista: no hay recursos para todos y hay que protegerse para que no nos los arrebaten.

Es lo que se denomina ‘capitalismo caníbal’, en el que esa extracción de recursos se hace la mayoría de las veces de forma violenta: desalojos de campesinos para quedarse con las tierras de interés minero, hídrico o ganadero. Cuenta ineludiblemente con el apoyo de gobiernos que dejan en la cuneta a su propia población o, en casos extremos, fomentan guerras en distintos puntos del planeta para hacerse con recursos como el petróleo o el agua.

Ha quedado demostrado que la explotación de la naturaleza no es infinita como en otro momento histórico pudo creerse. Eso lleva a que el capitalismo tenga que hacer frente a una nueva contradicción: debe mantener un alto ritmo de extracción de recursos naturales cuando disminuyen las reservas, al tiempo que tiene que reforzar el proceso de hacer negocio con el consumo de esos mismos recursos, como demuestran las acciones para hacer cada vez más amplio el negocio del agua.

Frente a esta situación de crisis no basta con defender el derecho de los pueblos a utilizar los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de su gente. Es imprescindible tomar nota de que esos mismos recursos son limitados para cualquier tipo de sociedad, igual da que sea capitalista depredadora o socialista, por lo que toda buena alternativa pasa por debatir seriamente sobre la imposibilidad de mantener un crecimiento ilimitado.

Para definir una propuesta de sociedad alternativa es necesario lograr una síntesis dialéctica entre la lucha por un desarrollo económico justo, unas relaciones humanas igualitarias y unas relaciones internacionales de cooperación, solidaridad y paz, con una nueva forma de desarrollo que frene y controle la explotación ilimitada de los recursos.

Además, una gran política de recuperación de la naturaleza sería insuficiente si no va acompañada de un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta la imposibilidad de un crecimiento indefinido. No estamos sólo ante un problema de solución tecnológica ni económica. Tenemos la necesidad acuciante de poner en pie un nuevo sistema basado en la redistribución de la riqueza y en la planificación democrática de la economía que incorpore cuestiones que den respuesta a la situación en la que nos encontramos. Debe garantizar un futuro de paz y progreso para toda la Humanidad, es decir, tenemos el reto de incluir el ecologismo en la base de la configuración de un nuevo orden internacional.

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.