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La batalla de los impuestos


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)
Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en una foto del Partido Popular de Madrid vía flickr. Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en una foto del Partido Popular de Madrid vía flickr.

El señor Núñez Feijóo ha reforzado su equipo económico con hasta cuatro consejeros autonómicos de Hacienda y parece bastante claro que el Partido Popular va a presentar batalla en las elecciones de 2023 defendiendo una bajada de impuestos. Por otro lado, el Banco Central Europeo va dar por terminada la larga etapa de compra de deuda pública de los Estados miembros y se anuncian subidas de los tipos de interés. Para un país como España, endeudado hasta el 118% de nuestro PIB, no son buenas noticias.

El libro blanco sobre fiscalidad elaborado por quince expertos nombrados hace más de un año por el Gobierno ha emitido recientemente su veredicto en un documento de 800 páginas repletas de cifras y argumentaciones. Sin embargo, parece que el Gobierno no encuentra el momento de abordar este tema, a pesar de que la reforma fiscal figura en el acuerdo firmado por la coalición. En mi opinión, si no se da la batalla ahora, cada vez será más difícil darla, a medida que se acerque la cita electoral de finales de 2023.

Lo primero a desmontar es la demagogia de pedir bajar impuestos en cualquier circunstancia y lugar, sin más razonamiento que la muletilla de que el “dinero está mejor en manos de los ciudadanos” o el falso argumento de que mejora la inversión y el crecimiento, a pesar de las numerosas evidencias en contra —sin ir más lejos, todos los expertos coinciden en que la crisis de 2008-12 fue agravada por los recortes de las prestaciones públicas—. Por otra parte, los que piden rebajas de impuestos no se recatan en exigir todo tipo de ayudas al Estado, como hemos visto durante la pandemia y, recientemente, con la subida del precio de los carburantes. ¿De dónde se piensan que sale el dinero?

A un partido que pide bajar impuestos hay que exigirle que diga dónde piensa recortar, qué servicios públicos quiere disminuir o qué prestaciones va a dejar de dar. Aunque, si tomamos a la Comunidad de Madrid como el laboratorio neoliberal del PP, queda bastante claro que bajan el IRPF a la vez que recortan la sanidad, la educación y, recientemente, también el transporte público. Es decir, bajar impuestos sólo perjudica a los que dependen de las prestaciones públicas para tener unos servicios dignos. Que a una renta media o baja le devuelvan 100 o 200 euros en el IRPF no le permite pagarse una operación quirúrgica privada ni costear una enseñanza privada a sus hijos.

Por otro lado, España no tiene un problema de exceso de gasto público y menos aún de exceso de ingresos fiscales. Por el lado del gasto, en cualquier indicador que escojamos —número de funcionarios por habitante, de médicos, de jueces, de enseñantes, de inversión pública en I+D, etc— aparecemos siempre por debajo de la media de la UE. Por el de los ingresos, el citado libro blanco proporciona abundantes tablas comparativas en las que España presenta una diferencia sistemática de 7 puntos de PIB con respecto a la media ponderada de la UE-27 y tiene un déficit público persistente del 3% del PIB desde 2008. Es decir, gastamos modestamente, pero ingresamos aún menos.

Pero, la buena noticia del libro blanco —y es ahí donde, en mi opinión, la izquierda puede ganar la batalla comunicativa— es que tampoco sería necesario subir los impuestos, sino que bastaría con que todos pagásemos lo que nos corresponde. En los dos grandes impuestos —IRPF e IVA— y en otros impuestos importantes —sociedades, sucesiones, donaciones y patrimonio— existen numerosos “agujeros” que, de taponarse, podrían cerrar esa brecha de 7 puntos que nos separa de la UE, eliminar nuestro déficit histórico y empezar a amortizar una parte de nuestra abultada deuda. Considérese que el nivel de deuda que tenemos nos obliga a pagar cada año del orden de 30.000 millones en intereses y las perspectivas son de empeorar.

En el IRPF hay actualmente 27 causas de exención —en 1991, eran solo 12—, que disminuyen la recaudación potencial en 11.000 millones, un 10% del total. Además, muchas de ellas se aplican independientemente del nivel de renta. El libro blanco recomienda estudiarlas detenidamente y dejar solo aquellas que estén plenamente justificadas. Conviene recordar que, para que una exención fiscal sea constitucionalmente válida, debe responder a fines de interés general.

La recaudación por IVA está lastrada con 27.000 millones menos —nada menos que un 37% de lo recaudado en 2021— debido a los tipos reducidos y a las exenciones. Tenemos 33 productos con tipos reducidos (10%) o superreducidos (4%), solo superados por los 35 de Italia. El IVA es un impuesto regresivo porque, tanto si se sube como si se baja, afecta proporcionalmente más a las rentas más bajas. Pero, los beneficios de bajarlo también afectan a las altas, disminuyendo la recaudación total. Solo tendría un carácter redistributivo bajarlo en aquellos productos consumidos muy mayoritariamente por las rentas bajas. El libro blanco estima que el 55% del beneficio fiscal que representan los tipos reducidos se concentra en el 40% de los hogares más ricos. Si se pretende progresividad y redistribución, el impuesto adecuado no es el IVA, sino el IRPF u otros mecanismos como las ayudas directas o el ingreso mínimo vital.

En el de sociedades, entre reducciones de la base imponible y deducciones de la cuota, hay hasta 32 causas de exención. El tipo nominal es del 25% sobre beneficios, pero el tipo efectivo sobre resultado contable fue, en 2020, del 8,3%. Aquí, la recomendación es también revisar una a una las causas de exención y dejar sólo las que estén totalmente justificadas.

El último agujero fiscal se produce en los impuestos de sucesiones y donaciones y de patrimonio, cuya legislación y recaudación es responsabilidad de las comunidades autónomas y que algunas de ellas —especialmente, las gobernadas por el PP— han reducido prácticamente a cero, creando una competencia fiscal a la baja entre comunidades. El libro blanco recomienda armonizar los tipos, estableciendo un mínimo y un máximo estatal, entre cuyos límites se aplicaría la legislación de cada comunidad.

Si se les explica adecuadamente y por doloroso que les resulte, los ciudadanos están dispuestos a pagar sus impuestos. Lo único que no toleran es que los demás no paguen la parte que les corresponde. El fraude, la elusión, la ingeniería fiscal y la desigualdad entre las comunidades autónomas es el veneno a extirpar para que todos nos sintamos tranquilos con lo que pagamos. Si se eliminan los numerosos agujeros y desequilibrios de nuestro sistema y se dedican más recursos a detectar el fraude, el sistema sería mucho más equitativo y no sería necesario subir ningún impuesto.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.

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