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Andalucía sí se juega su futuro el 19 de junio


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En abril de 2012, PSOE e Izquierda Unida alcanzaban un acuerdo para frenar la llegada del PP, entonces dirigido por Javier Arenas Bocanegra, al Palacio de San Telmo y gobernar juntos en Andalucía. Atrás quedaban años de desencuentros, opas más o menos hostiles de los socialistas sobre el PCE y el intento de consolidar al PSOE como una especie de PRI mexicano a la andaluza.

Quienes llegamos a aquel acuerdo lo hicimos, por una parte, presionados por nuestra base social que días antes nos gritaba “No nos falléis” en los piquetes y manifestaciones de la huelga general que los principales sindicatos de clase convocaron el 29 de marzo de 2012, y por otra, por el convencimiento que teníamos en IU de que ni por activa ni por pasiva se facilitaría un gobierno del PP. 

El Gobierno de Juanma Moreno, tras más de dos años de pandemia, y a pesar de los miles de millones de euros de fondos Covid gestionados, no sólo no ha sido capaz de frenar el deterioro del sistema sanitario público, sino que lo ha impulsado, con el consiguiente incremento de las listas de espera a la par que los seguros privados

Este acuerdo abrió paso a un profundo cambio en lo que era la práctica de los gobiernos del PSOE; las leyes y proyectos contemplados en el acuerdo empezaban por limpiar la Junta de Andalucía y sus filiales de las secuelas de los casos de corrupción que ya estaban apareciendo. Además, planteaba medidas de gran calado como una avanzada reforma agraria, una banca andaluza, pasando por una ley de la vivienda que reconocía el carácter social del suelo; pero, sobre todo, el acuerdo significaba una esperanza para millones de andaluzas y andaluces que veían cómo era posible hacer realidad lo que soñaron un 28 de Febrero, construir una Andalucía de progreso.

Sin embargo, aquellas ilusiones no se culminaron y Susana Díaz entendió en un momento dado que para sus planes de futuro, que no eran otros que dar el salto a la dirección estatal del PSOE, era mejor disolver el Gobierno. Se quitó de encima a Izquierda Unida como socio, que podía ser a veces contradictorio y siempre incómodo para quien se resistía a realizar las transformaciones sociales, económicas y políticas que recogía el acuerdo de Gobierno, pero que era absolutamente leal y responsable en la acción de Gobierno. Le parecían mejor otros, como era el emergente Ciudadanos de Juan Marín, un partido que veía completamente dócil.

Este cortoplacismo no le sirvió a Susana Díaz de trampolín hacia Ferraz, pero sí alimentó el ‘caballo de Troya’ que cuatro años más tarde abriría las puertas del Gobierno de Andalucía a una alianza que incluía, por primera vez, a la extrema derecha.

Todo esto nos lleva a tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido en Andalucía para que sólo diez años después de aquel acuerdo PSOE-IU todas las encuestas anuncien la posibilidad de que llegue al Gobierno andaluz la extrema derecha de Vox. Lo podría hacer de la mano de un Partido Popular que ha estado al frente del Gobierno que más ha deteriorado la enseñanza, un Gobierno que tras más de dos años de pandemia, y a pesar de los miles de millones de euros de fondos Covid gestionados, no sólo no ha sido capaz de frenar el deterioro del sistema sanitario público, sino que lo ha impulsado, con el consiguiente incremento de las listas de espera a la par que los seguros privados.

Explicar esta situación no es fácil y no puede estar exenta de una profunda autocrítica desde la izquierda, tras no haber sabido aprovechar la oportunidad histórica que el pueblo andaluz nos otorgó en 2012. Ahora, en esta campaña electoral recién comenzada, corresponde a las fuerzas de la izquierda andaluza poner toda la carne en el asador. Hay que conseguir que nuestra base social comprenda la trascendencia de estos comicios y explicar que lo que ocurre es más grave de lo que parece. La perspectiva de que Vox marque las políticas de igualdad, educación o Memoria Histórica, entre otras muchas, sólo podría superarse si la base social progresista decide no quedarse en su casa y que por encima de la tentación de pasar factura con una abstención a los errores cometidos es necesario movilizarse electoralmente para derrotar a la derecha más extrema. Cada abstención de izquierdas será, en realidad, un voto para la extrema derecha.

 

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.

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