La lógica perversa del chantaje en la política exterior

Todavía está pendiente el interrogante del impacto de este giro de la política exterior con respecto al abastecimiento de gas comprometido por la empresa estatal argelina Sonatrach con las compañías energéticas que como Naturgy abastecen a España. En definitiva, un chantaje económico y comercial en toda regla para condicionar la soberanía de la política exterior española.

En las últimas horas, el gobierno español ha mostrado por primera vez su preocupación sobre la reacción argelina, que hasta ahora ha minimizado, y anuncia el estudio de una respuesta legal en el marco del Acuerdo Euromediterráneo del año 2005, mientras que Bruselas, en plena crisis de abastecimiento del gas, exige a Argelia que reconsidere sus medidas.

Todo ello, cuando a la mencionada decisión unilateral del Presidente Sánchez todavía no se le ha dado ninguna explicación creíble, ni las contrapartidas marroquíes son apreciables. Y en que ni tan siquiera el cambio de postura ha sido sometido al inexcusable refrendo del parlamento, para que pueda ser considerado como eje de la nueva política exterior española con relación al Sáhara.

Ninguna explicación pública, como no sea la cesión al chantaje marroquí y la sumisión a la política de los EEUU en el norte de África, como consecuencia del acuerdo Abraham de reconocimiento mutuo entre Israel, los Emiratos y marruecos y la consiguiente presión de los servicios de inteligencia marroquíes para cambiar la posición tradicional de defensa del derecho de autodeterminación y de la legalidad internacional de los países europeos encabezados por España. Una presión que se convirtió en un chantaje a raíz del conocimiento público de la asistencia sanitaria en España al secretario general del Frente Polisario, aprovechada por Marruecos para desencadenar un conflicto diplomático y una estrategia tanto de presión migratoria, como de sus servicios de inteligencia, con la complicidad de medios políticos, mediáticos y judiciales españoles, que culminó con la sustitución de la entonces ministra de exteriores González Laya y el inesperado y radical cambio de postura del presidente del gobierno y de su actual ministro Manuel Albares, sumándose a la propuesta de autonomía. Y con ella, asumiendo implícitamente la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental.

Los únicos precedentes de este Presidencialismo impostado en materia de política exterior, al margen del parlamento y de la propia Constitución, ya se esbozaron por el gobierno Zapatero, tanto en la valoración de la propuesta de autonomía marroquí del Sáhara en 2007, luego corregida por el parlamento con una resolución en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y de la legalidad internacional, como en la carta del ministerio de exteriores, presidido entonces por Moratinos, para incrementar unilateralmente la aportación a la iglesia en las declaraciones del IRPF. No es casual pues la reaparición de Moratinos en todo este tema.

Este giro de la política exterior española hacia el Magreb se produce también en el contexto de la escalada del enfrentamiento entre Marruecos y Argelia, y el consiguiente alineamiento internacional de ambos en la reconstrucción de una nueva dialéctica geopolítica de bloques comerciales y militares que se ha hecho presente de forma dramática a las puertas de Europa con la guerra a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

No se trata pues de un simple error de cálculo, más o menos catastrófico, por parte del presidente del gobierno, sino que es la consecuencia de una cesión al chantaje marroquí absolutamente injustificable, minusvalorando sus consecuencias políticas y comerciales, a la que a su vez ha respondido Argelia con un intento de chantaje comercial, y quién sabe si también migratorio y de seguridad.

En todo caso, tanto la escalada en la dialéctica del chantaje, como sus posibles consecuencias son de tal gravedad que al menos deberían provocar el rechazo del conjunto de las fuerzas políticas y del parlamento. La derecha no debería aprovechar ahora con Argelia, como lo hizo en el caso de Marruecos, para hacer oposición al gobierno y con ello sumarse al chantaje. Aunque solo fuera por una vez, el PP debería actuar como un partido de Estado.