Reflexiones desde la Izquierda

No conozco suficientemente el panorama político andaluz como para analizar las causas específicamente andaluzas por las que la izquierda ha cosechado allí malos resultados, pero los analistas de estos días coinciden en referirse al voto útil, al perfil moderado del candidato popular, al miedo a que el futuro gobierno dependiera de Vox, a la desunión de los partidos a la izquierda del PSOE, a lo reciente de la candidatura socialista, etc. Mi propósito es, más bien, estudiar qué debilidades de la izquierda nacional, y del gobierno de coalición en particular, han podido influir negativamente en estas elecciones.

Para muchos votantes resulta desconcertante el bajo aprecio que los partidos de la izquierda obtienen en las encuestas, a pesar de todas las medidas sociales que ha aprobado el Gobierno, y el ascenso en las mismas de los partidos de la derecha, tales como PP y Vox, que se han dedicado básicamente a insultar al Gobierno, a descalificar todas esas medidas y a poner todo tipo de obstáculos para su aprobación. Así lo hicieron con los decretos de los estados de alarma durante la pandemia, con las subidas del salario mínimo, con la implantación del ingreso mínimo vital, con la reforma laboral y con los decretos para combatir la crisis inflacionaria actual. El paro baja de tres millones por primera vez en catorce años, los contratos indefinidos pasan de uno a cinco de cada diez nuevos contratos, se invierten cuantiosos fondos en modernizar la economía (como hemos reflejado aquí), se aprueban medidas de protección a los más vulnerables, tales como la ampliación del bono social eléctrico y las ayudas directas al transporte, a la pesca y a la agricultura y se consigue en Europa una excepción ibérica para rebajar el coste de la electricidad. Y, sin embargo, nada de eso resulta suficiente para movilizar a los potenciales votantes de izquierda.

Releyendo un libro reciente de José Álvarez Junco sobre la guerra civil española y el clásico de Hugh Thomas sobre el mismo tema, extraigo algunas reflexiones sobre algunos errores que, según estos autores, cometió la Segunda República que —salvando las evidentes distancias— podrían tener aplicación al momento actual. Los dirigentes republicanos del periodo inicial, 1931-33, lanzaron un amplio programa de reformas en los ámbitos educativo, laboral, agrario, de modernización del ejército y de descentralización territorial. Sin duda, eran reformas muy necesarias dado el atraso secular y el analfabetismo del país después de décadas de una democracia tutelada por el poder real, culminada por siete años de dictadura. Pero, también, imposibles de llevar a cabo de la noche a la mañana. Se enajenaron a la Iglesia desde el primer momento con una Constitución que mermaba muchos de sus privilegios e infravaloraron su poder en un país de ancestral raigambre católica. Tomaron algunas medidas prescindibles, como el cambio de la bandera y el himno nacionales, que les enfrentaron con los sectores más conservadores de la sociedad. Asustaron a muchos terratenientes y empresarios con reformas tal vez demasiado rápidas. En definitiva, se creyeron en posesión de la única verdad e ignoraron o minimizaron la existencia de fuerzas muy poderosas, que acabaron por organizarse en su contra y dando un golpe de estado.

Mi reflexión aplicada al momento actual es que, no basta con que el Gobierno tome medidas que nos parezcan justas, sino que también debe esforzarse en despertar un consenso suficientemente amplio hacia ellas. No debe pensar solo en la acogida de los posibles beneficiados, sino también en las resistencias que van a despertar en otros sectores. Un ejemplo puede ser la legislación laboral, donde cualquier beneficio que obtengan los trabajadores supondrá una merma simétrica del mismo para sus empleadores. Igualmente, cualquier ayuda estatal a los más vulnerables saldrá de los presupuestos del Estado, los cuales se nutren de los impuestos que pagamos todos. A veces, observamos polémicas dentro de los socios del Gobierno en las que ambos parecen competir por dilucidar quién es más progresista o propone mejores ayudas. Pero, otros sectores sociales pueden ver tales ayudas como excesivas porque saben que alguien deberá pagarlas. La política progresista debe guardar siempre un equilibrio y considerar que gobierna para todos. Cualquier medida ha de ir acompañada de una explicación pública suficiente, que genere un debate y un consenso. Es lo que en el sindicalismo de los años 70 llamábamos “cargarse de razón”. Por ejemplo, algunos debates actuales dentro del feminismo, o el más reciente sobre la prostitución, suceden fundamentalmente dentro de las élites de estos movimientos, sin prestar atención a cómo los percibe la mayoría de los ciudadanos. El objetivo de la izquierda debe ser transformar la sociedad —es decir, las mentalidades de las personas— y no tan solo transformar el BOE. Si las medidas no van acompañadas de un amplio consenso social, los ciudadanos las perciben como ajenas y les suscitan desconfianza.

Otra debilidad es, sin duda, la política comunicativa. La derecha hace poco y comunica mucho. Sus terminales mediáticas están bien engrasadas y saltan ávidas ante cualquier fisura del Gobierno que pueda ser explotada o para ocultar o minimizar cada uno de sus logros. Consiguen instalar en la mente de muchos votantes la imagen de un gobierno rehén de los enemigos de España, dispuesto a cualquier traición para mantenerse en el poder.

En cambio, el Gobierno de izquierdas ha hecho mucho y comunicado poco. Podría, por ejemplo, vanagloriarse de haber integrado en el campo democrático a fuerzas políticas que fueron antisistema en algún momento, como es el caso de la propia Unidas Podemos, de ERC y de EH Bildu. Sin embargo, ha dejado que se instale la imagen negativa que quiere la derecha.

Podría haber explicado mejor la formación del precio de la electricidad y el decreto de la excepción ibérica. La coincidencia de su entrada en vigor con la ola de calor, y la ausencia de mejores explicaciones, han permitido a la derecha descalificarlo como un fracaso. Tampoco ha dedicado el tiempo suficiente a explicar cómo los fondos europeos están modernizando el tejido productivo en ámbitos como el de la energía, el vehículo eléctrico o la producción de semiconductores y las consecuencias que ello tendrá para la cantidad y la calidad del empleo.

En definitiva, lo que no se comunica, no existe y lo que se comunica, aunque sea una deformación de la realidad, es lo que se instala en la mente de las personas. La izquierda debería prestar mucha más atención a su política comunicativa, tanto para justificar mejor sus decisiones, como para dar a conocer sus éxitos.