Una nueva Ley de Memoria Democrática para acabar con la impunidad de la represión franquista

La nueva ley no es revanchista, ni reabre heridas, ni mucho menos descalifica a quienes defendieron la Ley de Amnistía, todo lo contrario; el texto pone algunas cosas en su sitio para que de una vez se pueda pasar esta triste página de nuestra historia

La nueva ley no es revanchista, ni reabre heridas, ni mucho menos descalifica a quienes, como Marcelino Camacho, defendieron la Ley de Amnistía, todo lo contrario; el texto pone algunas cosas en su sitio para que de una vez se pueda pasar esta triste página de nuestra historia. Como decía Marcos Ana, poeta y el preso que más tiempo seguido pasó en las cárceles franquistas, para pasar una página de la historia, primero hay que leerla, porque lo contrario no es pasarla, es arrancarla.

Entre otras cuestiones, deja sentada la condena al golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura, declara su ilegalidad y reconoce como víctimas a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo. También considera ilegal y nula de pleno derecho cualquier condena franquista por causas políticas, ideológicas o de conciencia, con independencia de su naturaleza jurídica. Es de justicia reconocer la gran labor del movimiento memorialista y de las personas que lo integran, que han hecho posible los avances para construir una memoria democrática que haga realidad los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.

El derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos. Para ello, se crea una base de datos de ADN estatal, se refuerza la figura de un fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no podrá utilizarse la Ley de Amnistía para impedir investigaciones penales.

La nueva ley contempla la definición de símbolos y actos contrarios a la memoria democrática, con un procedimiento para su retirada, así como un completo régimen sancionador para hacerlo efectivo, algo que no contempló la ley de 2007. También se retiran los reconocimientos, honores, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a quienes integraron sus aparatos represivos.

Se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa desde Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirlo en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo, con la nueva denominación de Valle de Cuelgamuros, y se acuerda crear un centro de Memoria Democrática con la participación de los movimientos sociales y memorialistas.

Podrán tener nacionalidad española los/as descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, y a quienes les fue reconocida por la anterior ley de 2007, lo que lleva a reconocer este derecho a los descendientes de los brigadistas internacionales.

 Al tiempo, se atiende a las víctimas de los crímenes durante la Transición hasta 1983, cometidos con la connivencia o participación de estructuras residuales de la dictadura, mediante una comisión que concretará la forma de su resarcimiento. Así, por fin, la familia del joven malagueño Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 por agentes policiales, logrará que sea reconocido como víctima de la represión.