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Corrupción, espionaje y audios


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Ilustración de Fito Vázquez. Ilustración de Fito Vázquez.

Las informaciones que se han dado en los últimos días sobre el acoso a Pablo Iglesias y a Podemos me han generado una profunda indignación. Estos hechos me parecen de tanta gravedad que me voy a desviar de la economía para tratar este asunto que es, sin lugar a dudas, un atentado contra la democracia. Tiene su vertiente económica en todo caso, pues se han utilizado fondos públicos para elaborar informes falsos. Estamos ante unos casos (escuchas ilegales, informes falsos), que son un ejemplo claro de malversación del gasto público.

Pablo Iglesias, así como Podemos, han estado sometidos a un vendaval de informes falsos elaborados por ciertos sectores de la policía con dinero público. Todo ello ha influido en la opinión pública, habiendo sido una de razones que explican su pérdida creciente de electores

Hay quien puede pensar que después de tantos casos de corrupción, escuchas ilegales, espionajes, deberíamos estar curados de espanto e inmunizados de todas las informaciones que van saliendo, y que, por tanto, no tiene sentido a estas alturas ni escandalizarse ni indignarse. Pero no podemos aceptar el conformismo ante tanta basura que está afluyendo a la superficie. Hay que ser conscientes del mal que se está haciendo a la democracia y a la economía y, en consecuencia, hay que seguir indignándose frente a tanto atropello a los derechos humanos, pues se pretende distorsionar la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir su voto y limitar lo más posible la propia libertad de expresión.

Las responsabilidades son, por tanto, varias y esperemos que se esclarezca la verdad de todo ello, de modo que las personas que han llevado a cabo estos actos rindan cuantas ante la justicia. En los audios de Villarejo aparecen implicados en asuntos turbios personas e instituciones, como es el caso de dirigentes políticos, empresarios, medios de comunicación, jueces y fiscales. No se trata ni mucho menos de que a partir de ahí se responsabilice a todos los políticos, empresarios, jueces y fiscales y medios de comunicación, como pretenden determinados medios de televisión, radio, prensa escrita y digital, como una forma de desprestigio a la democracia bajo el lema de todos son iguales.

Estas prácticas delictivas realizadas en las cloacas del Estado, pero con los apoyos mencionados, suponen un peligro para la democracia y significan una pérdida de calidad de este sistema político, lo que no significa que por ello lo descalifiquemos sin más. Lo cierto es que Pablo Iglesias, independiente de lo que podamos opinar sobre él, así como Podemos han estado sometidos a un vendaval de informes falsos elaborados por ciertos sectores de la policía con dinero público. Todo ello ha influido en la opinión pública que cada vez es más rehén de las noticias falsas, habiendo sido una de las varias razones que explican su pérdida creciente de electores. La justicia rechazó todas las denuncias presentadas por falta de pruebas, pero de esto no se ha dado tanta información como lo que supuso las acusaciones falsas que se hicieron.

Uno de los hechos que más me llamó la atención fue un programa de Jordi Évole que trataba de las noticias falsas y para ello reunió a varios periodistas. Se planteó la cuestión del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, al que se acusó de tener una cuenta no declarada en Suiza. La noticia, que se propagó bastante, resultó ser falsa. Pero el daño que se le causó ya estaba hecho. A la pregunta de Évole de por qué había sucedido esto, algún que otro periodista contestó sin ningún rubor que fue publicado porque recibieron un informe de la policía que dieron por bueno sin más comprobaciones. Me quedé atónito; o sea, la policía, financiada con fondos públicos en lugar de enviar la información, de lo que según el escrito había un claro delito, a los tribunales, la remitía a una concreta prensa. Pensé que el caso traería cola, pero no fue así.

Las cloacas del Estado, que siempre se utilizan contra la izquierda, son una herencia del franquismo y tras 40 años no se ha acabado con ellas. Una buena salud democrática supone finalizar con unos comportamientos oscuros claramente transgresores de la legalidad.

Catedrático emérito Universidad Complutense.