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Desarrollo sostenible o... los lunes al sol


  • Escrito por Toni Ferrer
  • Publicado en Opinión
(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

Con la película Los lunes al sol (2002), del director Fernando León de Aranoa, que está ambientada en la ciudad de Vigo durante la reconversión industrial se popularizo la expresión “los lunes al sol”, referida a las consecuencias del paro de larga duración en las personas desempleadas y sus familias. La economía mundial en los años ochenta del siglo pasado intensifico su proceso de globalización, que en nuestro país repercutió en la reducción del peso del sector primario y de la industria en la economía y en el empleo. Estos procesos de ajuste se aceleraron en el periodo previo a nuestro ingreso en la Comunidad Europea, y no estuvieron exentos de duros conflictos sociales y movilizaciones sindicales. La Ley de reconversión Industrial (1984) estableció la protección social para las personas excedentes y las medidas para reindustrializar los territorios afectados.

Desde la crisis de la COVID-19 y ahora con la guerra de Ucrania, se ha puesto de manifiesto la urgencia de establecer nuevos compromisos ante el cambio climático y la creciente digitalización. La pandemia destapó la verdadera cara de una globalización económica injusta que ha impedido una respuesta solidaria a la crisis sanitaria, por las debilidades y carencias causadas por los procesos de deslocalización productiva, que han provocado el desabastecimiento de los mercados internacionales y la escasez de vacunas, equipos e instrumental sanitario vitales para la lucha contra el coronavirus. Situación agravada actualmente en muchos países pobres por la falta de alimentos básicos junto con los problemas a nivel global por el descontrol de la inflación y la incertidumbre económica por las restricciones de las fuentes de energía y los desabastecimientos de las cadenas de suministros.

Los informes de los expertos sobre el cambio climático son cada vez más dramáticos respecto a la emergencia climática. Pues constatan que se ha desaprovechado el tiempo para tomar medidas, lo que conlleva pérdidas y daños irreversibles, aunque consideran que aún se puede actuar, pero advierten que la solución para el medio ambiente no se puede fiar solo a los avances tecnológicos, pues estos no pueden ser la excusa para no luchar drásticamente ante el cambio climático. Si queremos conservar para un mundo sostenible y de progreso social, la respuesta global frente al cambio climático es determinante para los intereses medioambientales, económicos y sociales de toda la humanidad. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) propone un marco de trabajo, bajo el concepto de Transición Justa, que fue acordado en la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2013, entre representantes de los gobiernos, empresarios y sindicatos. Posteriormente, en 2015, el Consejo de Gobierno de la OIT adoptó las Directrices sobre Transición Justa hacia Economías y Sociedades ambientalmente sostenibles.

Para las transiciones justas se requiere un importante despliegue de inversiones en sectores que contribuyan a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la industria, la agricultura, la movilidad y los servicios. Para impulsar entre otras medidas: la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, servicios ambientales, desarrollar políticas activas de empleo o políticas de protección social. Reforzar el diálogo social como elemento que garantice la transparencia, la corresponsabilidad y la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño, implantación y gestión de las políticas de lucha contra el cambio climático, así como de las medidas fiscales, socioeconómicas y de empleo que aseguren el desarrollo económico y la justicia social.

A su vez estamos inmersos un proceso de digitalización de la economía, donde su alcance y efectos aún no son conocidos en su totalidad. La implantación de los cambios tecnológicos no es homogénea, pues se registran variaciones significativas entre los diferentes países, sectores productivos y empresas, y con resultados desiguales para la sociedad. Las desigualdades y vulnerabilidad sociales tienden a incrementarse en el plano digital, lo que exige la construcción de normas y la definición de reglas de conducta. Las iniciativas deben centrarse en las tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial, así como los mundos de intercambio digital como el metaverso.

La creciente implantación de la digitalización en los ámbitos laborales está generando diversas interrogantes sobre sus posibles efectos en materias centrales para el mercado de trabajo y las relaciones laborales, como las siguientes: consecuencias sobre la creación o destrucción de empleo, los cambios en los contenidos del trabajo, las repercusiones en las cualificaciones y competencias profesionales, la calidad del empleo y las condiciones de trabajo o el acceso a la protección social. Es de suma importancia el debate sobre el papel determinante que deben jugar la legislación y la negociación colectiva en la regulación de estos procesos. La ley Rider de nuestro país es una referencia a nivel internacional en la necesaria regulación de los derechos laborales en las plataformas digitales.

Es evidente que el desarrollo tecnológico crea empleo, pero también lo son sus repercusiones en las personas que pierdan sus puestos de trabajo pues se enfrentan graves dificultades para acceder a los nuevos empleos. Ya que las competencias actuales serán obsoletas para los trabajos futuros y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar rápidamente desfasadas. Por eso el proceso de digitalización debe estar vinculado a la formación permanente, pero el objetivo central de esta nueva revolución tecnológica debería ser la promoción de una mejora sustancial del empleo y del bienestar social.

Las políticas progresistas deben de dotar de herramientas para la transformación del modelo productivo, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo medioambiental, social y económicamente sostenible y justo. Con estos objetivos el Gobierno PSOE-UP puso en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para recuperar la economía y la sociedad de la crisis y producir una segunda modernización de nuestra economía. Las medidas previstas en el PRTR se enmarcan en el acuerdo que alcanzaron los dirigentes de la Unión Europea (UE) sobre el marco financiero plurianual 2021- 2027, que suponen más de 1,07 billones de euros y las medidas extraordinarias del fondo de recuperación (Next Generation EU), otros 750.000 millones de euros, y que para nuestro país representan unos 140.000 millones de euros. También se cuenta con el instrumento europeo de protección por desempleo (SURE), para hacer frente a los costes de las medidas de mantenimiento del tejido productivo y el empleo, como son los ERTE.

El PRTR, los fondos europeos y las reformas comprometidas con la UE, se está desarrollando mediante proyectos de inversión vinculados: a la transición ecológica; al desarrollo de la agenda digital; los objetivos de reducción de las desigualdades de género y a los cuidados y a lograr una mayor cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se implementan a través los Proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE). El Consejo de Ministros ya ha aprobado once PERTE, que son los siguientes: para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; de la salud de vanguardia; de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento; agroalimentario; nueva economía de la lengua; economía circular; la industria naval; industria aeroespacial; la digitalización del ciclo del agua; microelectrónica y semiconductores y la economía social y de los cuidados.

La transición a una economía digital y baja en carbono, como plantea la UE en el Green New Deal, para la mejora de la sostenibilidad, la productividad y la eficiencia economía pasa por impulsar la política industrial, la innovación y el empleo de calidad. Las estrategias industriales deben desarrollar medidas específicas de apoyo sectorial y territorial, en particular en las zonas en transición productiva y dar respuestas a los retos demográficos. Los principios del Trabajo Decente de la OIT -empleo, protección social, libertad sindical, negociación colectiva y salud laboral-, junto los objetivos permanentes de igualdad, inclusión social y erradicación de la pobreza recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son las referencias para desarrollar las transiciones justas.