¿Está agotada la legislatura?

Pero ni el presidente Sánchez ni los partidos del Gobierno de coalición van a renunciar a la cuarta parte de la legislatura porque lo pida la derecha. El Gobierno de Sánchez está ejecutando el programa de gobierno con el que obtuvo la investidura y sería un error renunciar a sus proyectos sólo porque le interesa al principal partido de la oposición y a su nuevo líder, necesitado de demostrar que es un líder nacional y no un político de provincias de efímero recorrido.

Porque este Gobierno está consiguiendo lo que parecía imposible. Con una mayoría muy escasa está aplicando un programa progresista que está sacando a España del pozo social y económico donde la dejó el Gobierno de Rajoy. No era fácil, porque menos de dos meses después de formarse el Gobierno de coalición hubo que declarar el estado de alarma por causa de la pandemia del coronavirus y esa situación excepcional duró hasta 2021, con una oposición del Partido Popular y de Vox cada vez más bronca y más desleal, con el impagable apoyo de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional que dictó varias Sentencias aberrantes que dejaban desarmado al Gobierno ante una gravísima crisis sanitaria [véase Javier García Fernández: “Efectos de la pandemia en la gestión pública. El Parlamento y el Gobierno”, en José Félix Tezanos (ed.): Cambios sociales en tiempos de pandemia, Madrid, 2022, págs. 655-702]. Y cuando la sociedad española empezó a recuperarse de la crisis sanitaria, la agresión rusa contra Ucrania ha vuelto a desestabilizar el horizonte socioeconómico europeo con unos efectos que aún no conocemos hasta donde llegarán.

¿Por qué esa impaciencia de la derecha? En primer lugar, como hemos escrito aquí muchas veces, por esa concepción de la derecha española que considera que es de Derecho natural que gobiernen en representación de los grandes intereses económicos y empresariales y de las ideologías más reaccionarias. Para la derecha española, en lugar de entender que la democracia es alternancia de partidos progresistas y conservadores, el Gobierno es algo consustancial a la clase dominante y sólo éstas tienen derecho a dirigir la política del país.

En segundo lugar, la impaciencia de la derecha por gobernar se debe a que los intereses capitalistas se están viendo afectados por la política progresista del Gobierno de coalición. Nada revolucionaria, la política socioeconómica del Gobierno del Presidente Sánchez sería incluso asumible por Gobiernos democristianos, pero en España la imbricación derecha política/intereses empresariales es más intensa y visible que en otros países europeos. La reacción desmesurada de ciertas empresas (no todas ni el conjunto de los empresarios) ante los moderados impuestos diseñados para contribuir a paliar la crisis energética es impropia de sectores regulados que cumplen un servicio público que proporciona notables beneficios empresariales (véase Rosa Paz: “Nadie llorará por eléctricas y bancos”, El Periódico de España, 2 de agosto de 2022: también el editorial “Impuesto a la banca”, El País, 12 de agosto de 2022). De modo que hay algunos intereses empresariales cuyos beneficios extraordinarios los obtienen de todos los españoles (“El beneficio de los grupos del ICEX se mantiene en niveles récord hasta junio”, Expansión, 30 de julio de 2022) que no quieren contribuir a paliar los efectos de la doble crisis sanitaria-ucraniana y sueñan con que gobierne un Partido Popular que, contra lo que recomiendan todos los organismos internacionales, sigue erre que erre con la bajada de impuestos.

También quería un adelanto electoral el propio Núñez Feijoo, que quiere creer que va a ganar las próximas elecciones sólo porque coyunturalmente algunos sondeos han puesto a su partido por delante del PSOE. Albert Ribera creyó lo mismo y ya sabemos cómo acabó. Pero Núñez Feijoo, con sus errores económicos, su imagen subordinada a Díaz Ayuso, sus silencios que en España no dan buena imagen y su prisa acabará estrellándose, para solaz de la Presidenta madrileña. Es un misterio lo que bulle dentro de la cabeza del Presidente del Partido Popular para que en la comparecencia posvacacional se haya atrevido a pedir al Gobierno que no ejercite su facultad constitucional (y su obligación) de proponer al Rey dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Ya se corrió el rumor de que en la única entrevista que tuvo con el Presidente Sánchez, Núñez Feijóo le pidió que uno de los dos Magistrados fuera a propuesta del partido conservador, pero esta petición en público hace pensar si el político gallego administra bien el principio de realidad. ¿Tanto miedo tiene el Partido Popular a perder la mayoría que posee en el Tribunal Constitucional? ¿Es tan esencial para los intereses conservadores que los órganos constitucionales no sometidos a la elección ciudadana directa estén controlados siempre por la derecha como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial? La Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense sobre el aborto es un ejemplo de como la guerra cultural e ideológica siempre puede ser ganada por las fuerzas más ultramontanas. No es una suposición si vemos como ABC ha aplaudido la Sentencia estadounidense contra el aborto. Y en España ha pasado ya, como hemos dicho más arriba, con las Sentencias que el Partido Popular y Vox consiguieron durante el estado de alarma.

En todo caso, los que presionan en favor de un adelanto electoral no conseguirán sus objetivos, porque este Gobierno tiene programa para rato y porque España necesita, en medio de la crisis ucraniana, un Gobierno firme que gestione los intereses de la mayoría y no los de la banca y de las energéticas.