La batalla fiscal

Como ya es habitual, lejos de un debate sosegado y racional, el Partido Popular apela a las emociones y a nuestro primitivo cerebro reptiliano. Los términos empleados —“hachazo fiscal”, “felonía fiscal”, “voracidad fiscal de la izquierda”, “infierno fiscal”, “se pretende engordar la caja de Sánchez”, etc.— no dejan lugar a dudas sobre el tipo de imagen que intentan instalar en nuestra mente: subir impuestos se califica de “insoportable opresión fiscal” y, bajarlos, de “necesario alivio fiscal”. Milagros Pérez Oliva, en El País (26/09/22), señala con acierto que, con ese ruido, la derecha persigue que “el pago de impuestos sea percibido como una opresión que atenta contra la libertad”. En correspondencia con esta visión, la supresión del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía y las reducciones planeadas en Galicia y Murcia, han sido recibidas en Madrid por la señora Ayuso con un “bienvenidos al paraíso”.

Para no perdernos, lo mejor es ir a los fundamentos de nuestra convivencia y enunciar algunos axiomas que deberían, en principio, ser compartidos por todas las ideologías de nuestro espectro político:

1. Todos somos españoles.
2. Nuestra convivencia está regida por la Constitución de 1978.

El artículo 31 de ésta última enuncia con claridad: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”

Por lo tanto, tener un sistema fiscal progresivo —en el que pague más quién más capacidad económica tenga— no es un invento de la izquierda, sino un mandato constitucional. Suprimir el pago de 100 millones de impuestos al 0,2% más rico de la población, como se ha hecho en Andalucía, podría en consecuencia —y tal vez debería— ser denunciado como un acto anticonstitucional. Los 5.800 euros que se ahorra en promedio cada uno de los 17.000 ciudadanos que tiene patrimonios superiores a dos millones no están mejor en sus bolsillos —como afirma la derecha—, sino que estarían mucho mejor atendiendo a alguna de las muchas necesidades no cubiertas de los andaluces. Sobre todo, considerando que Andalucía es receptora neta en el esquema de financiación autonómica, es decir, recibe financiación aportada por otras comunidades con mayor renta per cápita.

Tendría sentido un debate sobre la conveniencia de tener o no un impuesto sobre el patrimonio. Este ha sido suprimido en otros países europeos o reemplazado por otras formas de gravamen de la riqueza. Pero, usar las competencias autonómicas para provocar una competición fiscal a la baja entre todas ellas es un despropósito sin sentido. Solo contribuye a crear agravios comparativos y a aumentar la ineficiencia global del sistema. Se trata del mismo fenómeno de dumping que criticamos a países como Irlanda o Luxemburgo dentro de la UE.

Recientemente se ha publicado que en España harían falta 95.000 enfermeras más para llegar a la media europea de 827 enfermeras por cada 100.000 habitantes. La media española es de 625 y, por comunidades, Andalucía es de las tres peor situadas. El cuarto pilar del Estado del Bienestar —la atención a la dependencia— tiene un enorme déficit de financiación que hace que decenas de miles de dependientes mueran cada año sin haber recibido las ayudas a las que tenían derecho. Las universidades, según el Consejo de Rectores, deberían recibir 2.500 millones anuales más para atender a las exigencias de la nueva ley de universidades en lo referente a la composición de sus plantillas. Podríamos seguir con el número de jueces, de profesores, de científicos, etc. para comprobar que nuestras cifras no se corresponden con ser la cuarta economía de la UE.

Ante tantas necesidades y, más aún, en una coyuntura tan difícil como la actual con la inflación disparada como consecuencia de la invasión de Ucrania, resulta irresponsable que la derecha exija continuas bajadas de impuestos. Sus terminales mediáticas publican falsedades tales como que en España se pagan demasiados impuestos, cuando basta consultar las cifras de Eurostat para comprobar que en España los impuestos suponen 39% del PIB, frente al 46% de media de la UE y muy lejos de lo que recaudan países como Bélgica o Suecia (50%), Francia o Finlandia (52%), o Dinamarca (54%). Deberíamos recaudar 85.000 millones más, tan solo para estar en la media.

Además de proporcionar estos datos, la izquierda debería responder con contundencia al falso imaginario que, sobre los impuestos, trata de instalar la derecha. Donde ella dice “opresión fiscal”, la izquierda debería decir “debida contribución” o “participación proporcional” al esfuerzo común. Donde ella dice “esquilmar a los ciudadanos”, la izquierda debe precisar que hablamos tan solo del 1% más pudiente y que no se pretende esquilmarlos sino, simplemente, que aporten lo que les corresponde. Donde dice “defender la libertad”, la izquierda debe denunciar que se defiende el egoísmo de unos pocos. “Alivio fiscal” debería ser reemplazado por “desentendimiento de las obligaciones fiscales”, y así sucesivamente.

Los impuestos surten al Estado de recursos para que pueda desarrollar políticas públicas. Dejando de lado las razones de equidad, justicia, redistribución de la riqueza, etc. que suele esgrimir la izquierda, también desde un punto de vista estrictamente liberal debería defenderse un suficiente nivel de impuestos:

• Unas buenas infraestructuras públicas contribuyen a mejorar la rentabilidad de las empresas.
• Una educación pública de calidad permite que no se pierdan talentos por falta de recursos, lo que se traduce en trabajadores mejor cualificados y en mayor riqueza para el país.
• Una sanidad pública bien financiada mejora la salud general de la población y reduce el absentismo.
• Una ciencia pública bien financiada es garantía de riqueza y competitividad del sistema productivo.

La estrategia de bajos o nulos impuestos a los ricos defendida por el Partido Popular invoca un tipo de sociedad muy distinto: en ella, solo tendrían sanidad, pensiones y educación de calidad quienes pudieran pagárselas; un tipo de sociedad desigual donde coexistirían grandes fortunas con grandes bolsas de pobreza; una sociedad tan desigual que, sin duda, desembocaría en graves conflictos sociales, en mayor delincuencia y en la que el Estado debería invertir grandes sumas en seguridad. Tenemos un ejemplo muy cercano —los Estados Unidos— para corroborarlo.

Esto es lo que hay detrás de la batalla fiscal y lo que los ciudadanos deberían valorar, abstrayéndose en lo posible del ruido y concentrándose en lo esencial: ¿Qué tipo de sociedad deseamos? ¿Una con potentes políticas públicas financiadas con suficientes impuestos? ¿O una con un Estado empequeñecido donde, para obtener servicios de calidad, haya que pagárselos —quienes puedan— a las entidades privadas?