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Trabajos forzados


  • Escrito por Jesús Membrado Giner
  • Publicado en Opinión
(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

La Unión Europea (UE) vetará los productos fabricados por personas en situación de trabajos forzados La noticia que saltó a los medios de comunicación hace unas semanas, es un paso importante en la eliminación de una situación que, no por desconocida deja de existir. Cuando el Parlamento de la UE lo apruebe y el convenio lo asuma el Consejo, corresponderá a los estados miembros su ratificación. Para ello contarán con una base de datos sobre estas actividades ya conocidas y con las propias auditorias que las empresas tienen que hacer.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lleva años denunciando esta situación. Según esta 27´6 millones de personas sufren este tipo de abuso en el mundo. Incluso en la UE habla de más de 800.000 personas.

El objetivo es eliminar del mercado todos los productos fabricados con mano de obra forzada, independientemente de donde se hayan fabricado. Por eso, se aplicarán tanto a los productos nacionales como a las exportaciones e importaciones.

Aunque la UE tiene desde el año 2009 una normativa que persigue estos abusos, donde se fijan, por ejemplo, sanciones a empleadores de inmigrantes en situación irregular, que son los más proclives a sufrir esta situación, lo cierto es que lejos de remitir es una actividad en ascenso.

Según la OIT son 50 millones las personas que vivían en condiciones de esclavitud moderna en el año 2021, de los cuales 27’6 en situación de trabajo forzoso (sobre los que actúa la norma) y otros 22 millones que son obligadas/os a matrimonios forzosos y que para la Organización es también un sistema de esclavitud.

De estas personas en trabajo forzoso, 17’3 millones son las explotadas en el sector privado, 6’3 se encuentran en situación de explotación sexual forzosa y 3’9 impuesto por el estado. Las mujeres y los niños representan 4’9 millones en situación de explotación sexual y 6 millones sufren trabajos forzados en otros sectores de la economía.

Por territorios, la región de Asia/pacífico tiene el mayor número, 15’1 millones mientras que los Estados árabes tienen el mayor porcentaje 5’3 por cada mil personas.

En la economía privada esta explotación genera al año ganancias ilegales de más de 200.000 millones de dólares, de los cuales dos terceras partes provienen de la explotación sexual, y el resto, del trabajo a domicilio, la agricultura, la minería, el textil y demás actividades económicas.

El primer convenio sobre trabajo forzoso fue aprobado por la OIT en 1930. Fue el convenio número 29 y ya prohibía todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Y aunque ha sido ratificado por 180 países, (entre ellos España en 1932, con la paradoja de que 8 años después cientos de miles de españoles perdedores de la guerra civil fueron condenados a estos trabajos donde muchos de ellos perdieron la vida), lo cierto es que hubo que replantearlo de nuevo en 195 a través del convenio 105 “Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, que daba un paso más, prohibiendo estas medidas como forma de coacción o educación política, así como su utilización en forma de sanciones por discrepancias políticas, o movilización como mano de obra para el desarrollo económico de un país, o de carácter disciplinario o sancionador por hacer alguna huelga o por ejercer discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Si bien es cierto que los dos convenios cuentan con el mayor número de ratificaciones por parte de países, la persistencia generalizada de estas prácticas, llevó de nuevo a la OIT a aprobar en 2014 un “Protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” y unas “Recomendaciones sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias) 2014, número 203, ratificados por España en 2017. La diferencia con los convenios anteriores es que son instrumentos jurídicamente vinculantes que impulsan medidas de prevención, protección y negociación para eliminar las formas contemporáneas de esclavitud.

La medida de la UE de vetar los productos y sancionar así a los países que permiten estas prácticas es un paso importante en la histórica batalla contra ellas, pero el compromiso debe llevar campañas de información, de denuncia y de inspección e investigación, y ahí son muchos los países que miran para otro lado. Veremos.

 

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