HEMEROTECA       EDICIÓN:   ESP   |   AME   |   CAT
Apóyanos ⮕

Movilización sindical para una salida progresista y justa de la crisis


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Están ya plenamente en marcha las movilizaciones anunciadas hace unos días por los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y que culminarán el próximo 3 de noviembre con una gran manifestación en Madrid. Su campaña ‘Salario o conflicto’ parte de la negativa de la patronal para aceptar un acuerdo que permita renovar los convenios colectivos en términos salariales aceptables para los trabajadores y las trabajadoras.

La inflación disparada y la subida de precios por encima del aumento de los salarios lleva a una situación crítica a miles de familias que ya arrastran sucesivas pérdidas de poder adquisitivo tras las crisis acumuladas desde 2008. Los sindicatos y las fuerzas políticas de izquierdas no ven admisible que a los problemas que parten en su mayor parte de acciones ajenas y externas se les sume el intento de las asociaciones empresariales de salvaguardar sus márgenes empresariales a costa de negar un aumento salarial adecuado.

La inflación disparada y la subida de precios por encima del aumento de los salarios lleva a una situación crítica a miles de familias

Un informe del Banco de España asegura que en los seis primeros meses del año los márgenes de las empresas apenas se han visto afectados por la situación generada por la guerra y por el incremento de precios. Muchas incluso los han mejorado, lo que demuestra la necesidad de activar una negociación que lo corrija y garantice que las medidas de protección social que aprueba el Gobierno, que en muchos casos actúan como salarios indirectos o semi-indirectos, no se vean anuladas por los recortes en los salarios directos.

Carece de justificación en clave de interés general que las grandes empresas que sufren menos la crisis sean, precisamente, las que mantienen posiciones más duras en las mesas de negociación. Es su enésimo intento para tratar de condenar a la clase trabajadora y a las capas populares a pagar los efectos de la crisis. Hasta ahora no han mostrado ninguna voluntad negociadora y sí una visión totalmente interesada y cortoplacista para afrontar la resolución de los problemas de nuestro país.

En este momento de incertidumbres acumuladas, el bloqueo en la negociación de convenios colectivos, además de devaluar los salarios, supone un incremento muy importante de las desigualdades salariales. Los convenios con una presencia sindical importante incorporarán mayores subidas o incluso cláusulas de revisión, pero los de las empresas con más debilidad sindical tienen serias dificultades incluso para ser renovados.

Desde esta perspectiva, desbloquear la situación no es una cuestión a resolver sólo entre los agentes sociales. Ante esta cuestión de interés nacional, el Gobierno debe implicarse en asegurar el cumplimiento del derecho de trabajadoras y trabajadores a una negociación colectiva que evite una devaluación salarial. De ahí que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya manifestado de acuerdo con las demandas sindicales en la medida que representan el interés general.

Lo contrario complicaría la recuperación económica en los próximos años, ya que el incremento de la demanda y del consumo interno de las personas con rentas más afectadas por la crisis es fundamental para cumplir las previsiones de crecimiento en torno al 1% que hacen las instituciones internacionales, no solo para España, sino para el conjunto de la Unión Europea.

La movilización organizada por CC OO y UGT va dirigida a lograr subidas salariales justas, que las empresas repartan los beneficios en los convenios colectivos, subir el SMI, controlar los precios del mercado energético, además de que los Presupuestos Generales del Estado refuercen los servicios públicos y contribuyan a mejorar las condiciones de las empresas que licitan con las administraciones públicas. Ya están dejando en evidencia a aquellas fuerzas políticas y sociales que presumen de ‘patriotismo’ hasta que ven peligrar sus privilegios.

 

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.