Medicinas e impuestos: recursos limitados y demandas infinitas

En España, el 49,3% de hombres y el 59,1% de mujeres de quince y más años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido y esos porcentajes se incrementan a medida que aumenta la edad. Conforme aumenta la edad, los males crónicos se acumulan. Por cada 100 euros mensuales que la Seguridad Social paga a la industria farmacéutica por los medicamentos que un pensionista toma a diario para controlar la tensión, el colesterol, la alergia y la próstata, la farmacia le cobra a él unos 10 euros. La diferencia sale de sus impuestos y de los que pagamos solidariamente los demás.

El Partido Popular sigue empeñado en aliviar solo la situación fiscal de unos pocos privilegiados, como se ha visto otra vez con la bonificación del impuesto al patrimonio en Madrid y en Andalucía. Ambas decisiones dan cuenta de para quién gobierna cada partido. Reducir impuestos a las grandes fortunas no genera riqueza, sino desigualdad. Lo que buscan en realidad es que nuestro pensionista pague 100 euros en vez de 10, porque regalarle a los más ricos el impuesto de patrimonio significa perdonar dinero a quien no usa los servicios públicos, en detrimento de quien, como él, sí los necesita.

Madrid, la comunidad que me ha tocado vivir (y sufrir), es la única autonomía española que hoy bonifica al 100%, y por tanto elimina, el impuesto que grava a las grandes fortunas. Dicho de otra manera, casi 500 multimillonarios y unos 3.700 contribuyentes que poseen entre 6 y 30 millones de euros evitan pagar gracias a su residencia fiscal. La presidenta Ayuso sostiene que es mejor bajar impuestos porque donde mejor está el dinero es en nuestro bolsillo.

Dudo mucho que quien paga impuesto de patrimonio, es decir quien tiene acciones y propiedades (descontando la primera vivienda) por valor superior a 700 mil euros, pida cita en su centro de salud. De la misma manera que dudo mucho que quien paga impuesto de patrimonio se encuentre en una lista de espera de más de seis meses para ser operado o tenga a su hijo matriculado en una escuela pública o a su padre o madre ingresado en una residencia pública.

De esto va el perdonar o no los impuestos a quien más tiene. De esto va también el poner un impuesto temporal a los bancos, eléctricas y petroleras por los beneficios extraordinarios obtenidos durante la crisis energética que estamos sufriendo desde la invasión de Rusia a Ucrania. El Partido Popular se niega el al nacimiento de este nuevo impuesto, defienden que si estas grandes empresas tienen beneficios se los repartan en forma de dividendos y si tienen perdidas, como vimos en la anterior crisis financiera, socialicemos las pérdidas, es decir, se las paguemos entre todos.

Nada nuevo bajo el sol, ya lo vivimos hace unos años: impusieron recortes a la clase media y trabajadora, nos subieron los impuestos y nos bajaron los sueldos, mientras todo ese ahorro, todo ese esfuerzo familiar, lo utilizaron para rescatar a la banca. De camino, vaciaron la hucha de las pensiones (65.000 millones de euros) que habían heredado del malvado Zapatero.

Una de las lecciones que nos dejó la peor pandemia sanitaria vivida, que provocó la total paralización de la actividad económica de nuestro país, fue que era más necesario que nunca tener un Estado del Bienestar fuerte que fuera capaz de dar una respuesta rápida y eficaz a todas las necesidades que iban surgiendo.

Me resisto a creer que nos hayamos olvidado ya de la pesadilla que sufrimos como sociedad, cuando en aquel momento todas las ellas quedaron colapsadas. ¿En serio no hemos aprendido nada después de la pandemia? Me niego a pensar que la sociedad en la que vivo no tiene memoria. Me niego a pensar que todavía haya alguien que se crea la fórmula mágica que nos ofrece el Partido Popular: bajar impuestos sin recortar los gastos.

La solución a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania no pasa por una bajada generalizada de impuestos. La apuesta de numerosos organismos internacionales y también del Gobierno de España se basa en reducciones selectivas. Con ellas, se alivia el bolsillo de los más vulnerables sin poner en riesgo los recursos del estado del bienestar. Un sistema de protección que cobra más sentido en etapas de dificultades económicas.

También cobra sentido este modelo en épocas de incertidumbre política. El estado de bienestar es el mejor freno al extremismo, porque ver cómo sus instituciones hacen regalos fiscales a los privilegiados en lugar de fomentar un sistema de protección robusto produce en la gente un profundo desarraigo.

El sistema impositivo sirve para dos cosas. Para recaudar recursos con los que financiar el gasto público, de forma que, si se reducen, hay que efectuar recortes, y para redistribuir el ingreso. Por eso, el sistema debe ser progresivo: que paguen más quienes más tienen o más ingresan. En relación con Europa, en España los impuestos son regresivos. Son menos progresivos que la media de los 27 Estados miembros. Algo clave para discutir sobre aumentarlos o reducirlos.

Desde la democracia el sistema dio un salto de gigante. Pero sigue siendo deficiente. Recauda unos seis puntos menos (6%) que la media de lo recolectado en relación con el PIB en la UE. Y es menos progresivo (o más regresivo) que el resto: trata mejor la renta y riqueza de los mejor situados que la de los de menos posibles. Así, no cumple (totalmente) en ambos objetivos. Para equilibrar algo más hay que recaudar más. Y en mayor medida a los más favorecidos.

Con el fin de combatir, tanto la desigualdad social que generan las políticas neoliberales como los extremismos que fomentan, es imprescindible proteger a la clase media y trabajadora, gobernar para la gente y garantizar un reparto justo de las cargas de la crisis. Hay que evitar que, como ocurrió hace una década, las consecuencias de una situación económica adversa la paguen los ciudadanos con subidas de impuestos, recortes en derechos y ataques al estado del bienestar.

En esta vida no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos, dice el viejo refrán inglés. La política es la tarea tan compleja de repartir recursos limitados a demandas infinitas. Por lo tanto, la verdad es qué decisión toma cada uno y cuáles son las prioridades que se marca.

Así que medidas fiscales selectivas para quien más lo necesita, sí. Una defensa de servicios públicos fuertes y bien presupuestados, también. Pero, ante una rebelión fiscal para favorecer solo a los más ricos, hay que hacer un frente común. Con calma. Sin acritud. Para igualar.