La dignidad de los políticos y su derecho a participar en todos los órganos constitucionales

Empecemos por la coherencia del Partido Popular al exigir perfiles despolitizados para el CGPJ (se supone que también para el Tribunal Constitucional). En 2013 correspondía al Gobierno (presidido por Mariano Rajoy) proponer al Rey el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional y, sin que ningún otro partido se lo pusiera en cuestión, el Gobierno propuso a dos catedráticos, uno de Derecho Constitucional y otro de Filosofía del Derecho, éste último antiguo Diputado del Partido Popular. El Catedrático de Derecho Constitucional tenía un perfil muy vinculado al Partido Popular y el Catedrático de Filosofía del Derecho poseía una doble trayectoria académica y también política (Diputado entre 1986 y 2003). El nombramiento de este último dio lugar incluso a un artículo de otro Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, que puso en cuestión la idoneidad del nombramiento del catedrático por su pasado como parlamentario (El País, 8 de noviembre de 2012). Más abajo hablaremos de esta idoneidad, pero ahora quiero dejar aclarado que el Gobierno del Presidente Rajoy no dudó en escoger a dos profesores con un marcado perfil político e ideológico para el Tribunal Constitucional.

Demos un salto de más de ocho años. En octubre de 2021 el Gobierno y el Partido Popular negociaron las propuestas de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, propuesta que debía aprobar el Congreso de los Diputados. En este acuerdo, el partido conservador propuso (sin que nadie lo pusiera en cuestión) a un Catedrático de Derecho Constitucional que ya fue Vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular con un perfil extremadamente vinculado a este partido y a una Magistrada que se hizo famosa por la causa que mantuvo contra varios altos cargos de la Administración de Castilla-La Mancha por causa de un incendio forestal en Guadalajara donde murieron varios bomberos. Mientras esa Magistrada fue Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara algunos cargos políticos y varios funcionarios de la Junta de Comunidades estuvieron imputados pero, milagrosamente, el día en que esa Magistrada abandonó su cargo judicial en Guadalajara dejaron de estarlo [véanse las interesantes consideraciones que sobre esta imputación y sobre el papel de la Magistrada formula el entonces Presidente de la Comunidad Autónoma, José María Barreda Fontes, en sus memorias Historia vivida, historia construida, Bargas (Toledo), 2022, págs. 322-329]. Es decir, al igual que en 2013, en 2021 el Partido Popular propuso para el Tribunal Constitucional dos personas de perfil político e ideológico nada neutro.

No acaba aquí la querencia del Partido Popular por proponer personas muy significadas políticamente para ser Magistrados del Tribunal Constitucional. Muy recientemente, el pasado 17 de octubre, El Mundo iniciaba una información de la siguiente manera:

“Un afín a Feijóo se perfila para la quinta plaza del PP en el TC”.

Según este diario (sin que el Partido Popular lo haya desmentido), el partido conservador quiere cubrir una plaza de un Magistrado que dimitió hace meses por razones de salud. Magistrado que en su momento fue propuesto por la derecha. La noticia llama la atención porque, de ser cierta, Núñez Feijóo quiere situar en el Tribunal Constitucional a un Magistrado de profesión que es actualmente Presidente del Consejo Consultivo de Galicia “con quien mantiene una estrecha relación desde hace muchos años”. Un Magistrado con claras afinidades políticas, aunque no tenga carné de partido.

Con estos antecedentes, ¿cómo se atreven Núñez Feijóo y el Partido Popular a pedir que los órganos constitucionales en general, y el CGPJ en particular, sean ocupados por personas despolitizadas? Además, ¿qué entiende el CGPJ por personas despolitizadas y por despolitizar la Justicia?

Como tuve ocasión de comentar aquí mismo hace algún tiempo (Javier García Fernández: “El mito de la politización de la Justicia, una pantalla que oculta el control conservador de algunos órganos constitucionales”, Sistema Digital. 20 de julio de 2022), debemos distinguir entre la politización de la Justicia y la política partidista de la Justicia. De forma latente, la Justicia está politizada porque sus servidores responden a las ideologías presentes en la sociedad (en el caso del Poder Judicial, ideologías mayoritariamente conservadoras). Pero no debe preocupar esa ideología latente siempre que no se proyecte en las decisiones de los órganos judiciales y siempre que el criterio para decidir sea el ordenamiento jurídico y no las ideologías. En un porcentaje muy elevado los miembros del Poder Judicial actúan conforme a Derecho y sus ideologías no se proyectan sobre sus decisiones. Por ahí, por ende, no hay riesgo de politización.

Pero es verdad que en el Poder Judicial hay riesgos de politización, riesgos que no provienen de la elección parlamentaria de los Vocales del CGPJ, sino de otros fenómenos concomitantes. ¿Cómo no va haber politización si todos hablamos de asociaciones judiciales de derechas, de centro y de izquierda? ¿Y a estas asociaciones queremos dejar el control del acceso al CGPJ para “despolitizar” la Justicia? En La Vanguardia del 16 de octubre, en una entrevista a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (la asociación conservadora), además de expresarse como una militante del Partido Popular, llegó a afirmar: “El Ejecutivo ha colonizado el legislativo y va a por el judicial”. Que una Magistrada haga estas afirmaciones sorprenden, preocupan y, sin duda, duelen por el nivel de ignorancia y de politización de algunos miembros del Poder Judicial, porque ¿qué es “colonizar” el legislativo cuando se tiene una mayoría parlamentaria? ¿Cómo se “coloniza” el judicial? ¿No será más bien que el Gobierno pretende descolonizar el Poder Judicial que hoy es rehén de la derecha política y por la derecha judicial?

También hay riesgo de politización cuando un colectivo de funcionarios no responde a la pluralidad ideológica de la sociedad y se escora hacia una sola tendencia, y ese deslizamiento está causado por el modo de seleccionar a su personal que excluye de esos Cuerpos a las clases populares. En fin, hay politización cuando la alianza de la derecha política y de la derecha judicial pelea con uñas y dientes para que en el CGPJ no se dé la pluralidad de la sociedad y siempre haya una mayoría conservadora.

Por todo ello el Partido Popular podría ser más prudente a la hora de hablar de politizar la Justicia porque, si hay politización, es precisamente por la alianza de la derecha política y de la derecha judicial. Más aún, el mensaje antipolítico que transmite el Partido Popular es un mensaje que evoca los mensajes del franquismo, donde lo político era nefando. Y no es un mensaje meramente nostálgico, porque lo que pretenden la derecha política y la derecha judicial es que en los órganos constitucionales (y en particular en el CGPJ) no estén presentes personas con experiencia y con sentido de lo público. ¿Puede ir al CGPJ un abogado de un gran bufete y no un antiguo Subsecretario de Justicia? ¿Puede elegirse para el CGPJ a un Magistrado que en su toda su vida profesional no ha salido de su Juzgado y no a un Diputado que ha sido miembro de la Comisión de Justicia del Congreso? ¿El abogado del gran bufete y el Juez de Instrucción de un pueblo, con sus respectivas ideologías, politizan menos la Justicia que el antiguo Subsecretario de Justicia o el antiguo Diputado?

Por eso hay que reivindicar lo político, la dignidad y el honor de lo político, frente a las falacias e insidias de las dos derechas que ya no saben qué inventarse para que el CGPJ siga siendo un órgano cerrado, inmune a la pluralidad de la sociedad.