Diputado en las Cortes Generales por Madrid. Secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
Porque la decisión que tienen que adoptar los grupos parlamentarios el próximo 3 de febrero es tan fácil como esto. O se está a favor o se está en contra de elevar el salario de miles de trabajadores y trabajadoras, a los que, gracias a la reforma laboral, se les aplicará ahora un convenio sectorial más ventajoso.
No es fácil hacer oposición.
Cada día sufres porque la mejor de tus propuestas tiene menos repercusión que cualquier iniciativa del gobierno. Resulta casi imposible influir en la agenda mediática. Da igual sobre qué quieras hablar hoy, porque te obligarán a pronunciarte sobre aquello de lo que prefieres no hablar.
En este comienzo de año, las principales fuerzas políticas se enfrentan a la decisión de respaldar o rechazar el acuerdo alcanzado por trabajadores y empresarios a fin de mejorar la regulación del mercado de trabajo en España. Se trata de una decisión trascendente, con consecuencias muy relevantes para el desarrollo económico y los derechos de trabajadores en el presente y en el futuro, sobre la que cabe reclamar responsabilidad y altura de miras.
No está en mi ánimo reeditar aquella pesadilla antes de navidad que nos regalaron los geniales Selick y Burton, pero puede resultar interesante en estos días imaginar qué hubiera ocurrido durante los dos últimos años si el modelo ejercido por Ayuso en Madrid se hubiera aplicado desde el Gobierno de España.
No es cierto que haya una pandemia de crispación en la política española. Ni en la política, ni en los políticos, ni en el Parlamento. Hay crispación y hay crispadores, sí, pero pueden identificarse y circunscribirse perfectamente, sin generalizar: están en la derecha.
El Partido Socialista pone en marcha en estos días su Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, y esta iniciativa responde a dos apuestas muy importantes.
A menudo no se valora debidamente lo que se tiene hasta que se pierde, o hasta que se ve de cerca el riesgo de perderlo. Viajar también ayuda.
En el año 2015, el gobierno del PP impuso una ley para reprimir la contestación ciudadana a sus recortes de derechos y libertades. La llamamos “ley mordaza”.
La promulgación de leyes de memoria democrática constituye un deber moral para aquellas sociedades que han conquistado la democracia tras sufrir regímenes dictatoriales. Se trata de una obligación ética ineludible para valorar debidamente lo conquistado, para evitar el olvido y para neutralizar los intentos de reversión.
La derecha en la oposición comete una y otra vez el mismo error. Hablan mal de España con la intención de desgastar a su Gobierno.
Nuestras sociedades, pretendidamente avanzadas en la defensa de los derechos humanos, conviven con un enorme agujero negro de explotación sexual cotidiana con miles de mujeres y niñas como víctimas.
Vivimos una paradoja curiosa en la percepción de la ciudadanía respecto de las relaciones entre los diferentes actores políticos en España.
No ha sido solo el 40 congreso socialista. Ni los triunfos electorales en Alemania, en Italia, en Portugal y en los países nórdicos. O el giro de 180 grados en los postulados antes liberales de los gurús económicos en el FMI, el BCE y la OCDE. O la rectificación de la Comisión Europea respecto a la crisis de 2008. O el giro doctrinal que se demuestra en el perfil de los últimos premios Nobel de economía…
Ser joven nunca fue fácil. Sin embargo, casi siempre se mantuvo en vigor una especie de contrato generacional implícito. Ese pacto no escrito aseguraba cierta proporcionalidad entre el esfuerzo que el joven estaba dispuesto a desarrollar, el nivel de su formación y la calidad del empleo al que podía acceder. La disposición de un empleo garantizaba razonablemente también una vida digna e independiente.
En la semana de su convención nacional, el PP se ha opuesto a la subida de las pensiones conforme al coste de la vida, a pesar del acuerdo social cerrado con trabajadores y empresarios.
En estos días estamos asistiendo a una inequívoca escalada en el activismo ultraderechista, que se manifiesta tanto en las instituciones democráticas como en la propia sociedad española.
Nada hay tan antiguo en la filosofía moral como la dialéctica entre universalistas y relativistas. Siempre ha habido defensores de una moralidad objetivable, universal y de legítima imposición. Y siempre se ha escuchado a quienes esgrimen que, en realidad, cada valor moral resulta válido para un lugar y una circunstancia concreta, pudiendo ser diferente e igualmente legítimo para otro sitio y otro tiempo.
Cada vez en mayor medida, la acción política se está convirtiendo en una especie de cacería, en la que los éxitos no se miden en función de los problemas resueltos, sino en función del número de enemigos heridos y abatidos.
La socialdemocracia alemana ha sido tradicionalmente fuente de inspiración para el conjunto de los socialistas europeos. Y en estos tiempos de transformaciones líquidas, de significantes sin significados y de tartufismo político sin medida, el candidato del SPD a la cancillería se ha atrevido a centrar su campaña en una idea revolucionaria: el respeto.
Todo parece indicar que afrontamos la fase final de la mayor crisis sufrida en nuestro país desde la recuperación de la democracia. Los daños ocasionados por la pandemia han sido muy graves, pero la sociedad española ha reaccionado con un grado encomiable de entereza, civismo y solidaridad.
El nivel de desencuentro y confrontación que se está alcanzando en la política española no tiene parangón en nuestra historia reciente ni en el contexto europeo más cercano.
Porque fueron 450 mil las vidas que salvó el Estado de Alarma durante las fases más cruentas de la pandemia.
Se veía venir. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las agresiones relacionadas con los delitos de odio han aumentado un 45% desde el año 2013.
En estos días se convoca el 40 Congreso del PSOE y centenares de miles de hombres y mujeres socialistas reafirman el orgullo de formar parte de un proyecto político importante.