Aunque los historiadores de la economía mostraron muy pronto los efectos negativos de las guerras sobre las necesidades socioeconómicas de las naciones, fue Keynes quien mostró brillantemente los efectos económicos de la Gran Guerra y sus consecuencias sobre la paz (John Maynard Keynes: Las consecuencias económicas de la paz, Barcelona, 2013). Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, también se produjo una extensa literatura sobre los efectos socioeconómicos de aquel conflicto y esa producción bibliográfica contribuyó a diseñar el gran pacto social que permitió asentar el Estado social en la mitad occidental de Europa. Algo más recientemente, la grave crisis económica que provocó en Europa la Guerra del Yom Kippur, por la subida del precio del petróleo, se resolvió en España, ya en la Transición, con los Pactos de la Moncloa que fueron el complemento socioeconómico del previo acuerdo político para elaborar la Constitución.

En los primeros meses de 2003, cuando se veía que Estados Unidos iba a atacar Irak con el pretexto de unas inexistentes armas de destrucción masiva, las ciudades europeas (incluyendo las españolas) se llenaron de manifestantes que gritaban “No a la guerra”. Gritar “No a la guerra” era como gritar “No a la agresión”, porque el Estado que buscaba la guerra, Estados Unidos, era también el Estado agresor y nadie equiparaba al agresor con el agredido, que fue Irak. Pero hay otros ejemplos históricos donde decir a “No a la guerra” es como pedir al agredido que no se defienda, que no utilice la fuerza armada para defenderse. Un caso semejante fue la agresión anglofrancesa contra Egipto tras nacionalizar el Canal de Suez en 1956, pues este país necesitaba defenderse ante una operación neocolonialista que pretendía transmitir un mensaje de advertencia al Tercer Mundo. Lo mismo puede decirse, años antes, de la invasión de varios países europeos por Alemania a partir de septiembre de 1939: no se podía decir a Polonia, a los Países Bajos, a Bélgica, a Dinamarca o a Noruega que no intentaran defenderse. Menos aún podría llamarse partido de la guerra a quienes en Egipto, en Polonia, en los Países Bajos, en Bélgica, en Dinamarca o en Noruega defendían la respuesta armada contra la agresión. Y más recientemente, no se podía prohibir al nuevo Estado de Bosnia-Herzegovina que se defendiera frente a los agresores serbios que tenían cercado Sarajevo.

La guerra en Ucrania continúa con su secuela de vidas humanas sacrificadas y de bienes destruidos. También prosigue la presión rusa sobre terceros países que no aprueban la agresión y se plantean buscar un paraguas defensivo y así estamos viendo las amenazas contra Suecia y contra Finlandia, dos Estados de la Unión Europea, y la puesta a punto de la fuerza atómica táctica de la Federación Rusa. Al final la Unión Europea y Estados Unidos se han inclinado (inevitablemente) por duras represalias económicas y financieras, compatibles con el suministro de armamento. Este suministro es necesario para intentar aproximar a las Fuerzas Armadas ucranianas a los grandes medios que posee Rusia en armamento y en efectivos. Por cierto que no se entiende que algunas izquierdas quieran impedir que Ucrania se arme, que es una forma de pedir que sea derrotada por Rusia, cuyo desarme, en cambio, no piden. Cuando estallan las crisis se comprueba que la nostalgia por la Unión Soviética como paraíso del proletariado sigue pesando demasiado.

La Carta de Naciones Unidas de 1945 cambió totalmente el Derecho internacional en su dimensión de ordenación de los conflictos armados. A partir de la Carta de Naciones Unidas la guerra como instrumento de política internacional para defender los intereses nacionales dejó de ser legal. El antiguo procedimiento de declaración de la guerra para formalizar la ruptura de hostilidades (que todavía contempla el artículo 63.3 de la Constitución española, un puro anacronismo) desapareció del Derecho internacional y desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a declararse ninguna guerra.

Una de las acepciones de la palabra “diversión” que contiene el Diccionario de la Real Academia Española, y que es propia de la milicia, es “acción de distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo”. Esta acepción parece aplicable a toda la política informativa del Partido Popular que, desde el momento en que se cerraron los resultados electorales de Castilla y León, parece encaminada a desviar la atención de su importante fracaso electoral. Oyendo al Secretario General del partido, García Egea, a las once de la noche del domingo 13 de febrero, podríamos creer que estábamos ante un gran éxito del Partido Popular; y lo mismo pensaríamos escuchando a los dirigentes populares que han hablado desde ese día. Pero, la realidad es algo más dura, porque Pablo Casado ha fracasado por completo ante unas elecciones que se convocaron de forma intempestiva por orden suya. No es el único fracaso.

La controvertida votación para la convalidación del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, está llevando a escuchar más los ecos que las voces, a los que se refería Antonio Machado. Los ecos son el voto equivocado del Diputado popular Casero, que, en cierto modo, es anecdótico. Las voces, es decir, los sonidos ciertos son los votos contrarios de los Diputados Sayas y Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, cuando la dirección de su partido se había comprometido al voto favorable a la convalidación y ellos msmos, como se oyó en la radio, declararon esa misma mañana que votarían a favor, a pesar de que no los gustaba el Decreto-Ley. Separemos ambos hechos para no hacer el juego a Casado y al Partido Popular que han creado un gran escándalo de un error imputable a un Diputado conservador, precisamente para que pase desapercibido el nuevo “tamayazo”. Más abajo volveremos sobre el voto equivocado del Diputado Casero, pero siempre en segundo lugar.

La nueva crisis que está creando Rusia en Ucrania no sólo tiene las obligadas consecuencias internacionales. Además, en España, algunos partidos la están utilizando para obtener ciertas ganancias políticas internas. Aunque la crisis internacional se presenta con unos perfiles relativamente fáciles de entender, conviene compendiar el estado de la cuestión para mejor entender los argumentos que están difundiendo ciertas derechas y ciertas izquierdas.

La tramitación del informe del Consejo General del Poder Judicial del anteproyecto de ley del derecho a la vivienda es un ejemplo de la desinformación que se ha adueñado de los medios de comunicación, desinformación que en parte procede de la poca formación jurídica de los profesionales de la información, pero también en parte de la tendencia a desacreditar al Gobierno con cualquier motivo. Veamos los hechos para pasar a continuación a centrar el trasfondo jurídico y político.

Cuando el Gobierno español está distribuyendo los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia con criterios generalmente aceptados por las Comunidades Autónomas en numerosas Conferencias Sectoriales, donde han participado todos los Ministerios junto a sus respectivos Consejeros, el Partido Popular, en su no disimulada guerra a muerte contra el Gobierno del Presidente Sánchez, ha dado nuevos pasos destinados a deslegitimar todo el complejo plan de distribución de estos fondos.

La calidad de la democracia se mide, entre otros parámetros, por la solidez y la responsabilidad de la oposición. Hace muchos años un constitucionalista francés, Jacques Gicquel, decía que Gobierno y oposición son socios comprensivos, a la manera de una pareja, y su código de conducta es: 1) concurrencia para la conquista del poder; 2) tolerancia en el ejercicio de éste; y 3) alternancia o cambio de la mayoría política (Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 1993, pág. 196). Viene a cuento esta idea del catedrático de la Sorbona cuando observamos el comportamiento opositor del Partido Popular y de su Presidente, Pablo Casado, un comportamiento en parte errático y en parte destructivo y cuando decimos destructivo no es destructivo del Gobierno o de los partidos que lo forman, sino destructivo del sistema democrático.

Se acaba de publicar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 1471/2021, de 14 de diciembre de 2021) que ha resuelto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) contra todos los Decretos del Consejo de Ministros de los Gobiernos del Presidente Sánchez que exceptuaban desde 2018 de la condición de funcionarios a treinta y cinco Directores Generales de diversos Ministerios, así como contra los Decretos singulares de nombramiento de esos mismos Directores Generales. Es una Sentencia muy bien estructurada que permite la fácil lectura de sus 188 folios y que supone una desautorización casi completa de los recurrentes pues de treinta y cinco nombramientos que se impugnaban, el Tribunal Supremo sólo da la razón a los recurrentes en dos casos. El tema es de gran relevancia y merece examinarse con detenimiento para lo cual vamos a ver a continuación: a) el significado del recurso: b) la repercusión en los medios de comunicación; c) el grave problema político de fondo que se arrastra desde 1997; y d) las repercusiones de este problema sobre la estructura del Estado democrático.

Toda organización social puede introducirse en una dinámica negativa para sus intereses que acabe debilitándola e incluso destruyéndola. La dinámica que Pablo Casado está llevando al Partido Popular puede provocar, a largo plazo, un debilitamiento del partido y, con ello, un paralelo debilitamiento de la democracia. Las vías tácticas que Casado ha adoptado y algunas decisiones estratégicas que está tomando actualmente pueden acabar despeñando a este partido en beneficio, naturalmente, de Vox.

En La Vanguardia del 13 de diciembre se ha publicado un artículo de Iván Redondo titulado “Díaz podría ganar al PSOE con 78 escaños”. En este texto, el antiguo Director del Gabinete del Presidente Sánchez presenta un sondeo que otorga al Partido Popular 106 escaños, a la supuesta candidatura de Yolanda Díaz 78 escaños, al PSOE 67 escaños y a Vox 46 escaños. Al lado de los datos de esta encuesta, el autor dedica el artículo a destacar los méritos personales de la actual Vicepresidenta Segunda del Gobierno, amén de apostar sutilmente por un movimiento amplio que incluya a Podemos. Varias reflexiones merecen este artículo.

Si los partidos políticos nacieron en el Reino Unido en el siglo XVIII no fue una casualidad ni un designio de la providencia. Aunque se dice usualmente que los partidos ingleses (tories y whigs) nacieron en el siglo XVII tras la revolución de 1648, lo cierto es que éstos sólo eran grupos político-ideológicos que defendían, respectivamente, la preeminencia del Rey y del Parlamento, sin intentar encuadrar a los ciudadanos ni, menos aún, participar de forma permanente en las elecciones. Sólo cuando en el siglo XVIII el Parlamento británico se consolidó como órgano de dirección política frente a los Monarcas y, con ello, se convirtió en un órgano representativo que se formaba a través de elecciones directas (aunque todavía con sufragio censitario y muy minoritario), los partidos políticos aparecieron con el carácter que todavía hoy poseen. Desde entonces, la democracia representativa necesita a los partidos que expresan el pluralismo de la sociedad hasta el extremo de que incluso en dictaduras que no permiten la existencia de partidos, éstos existen en la clandestinidad y tratan de organizar a los opositores, como ocurrió en España y en Portugal en las dictaduras franquista y salazarista. Como explicó un constitucionalista francés, la existencia de partidos políticos diferentes significa que la competición ante los electores no es momentánea e improvisada sino que es duradera e institucional (André Hauriou: Derecho constitucional instituciones políticas, Barcelona, 1971, pág. 273). Pero los partidos no se limitan a concurrir a las diversas elecciones para obtener el triunfo de sus candidatos pues, como ha señalado el politólogo Josep Maria Vallès, los partidos, dotados de una organización estable, acaparan las posibilidades de conectar a los individuos y a los grupos con las instituciones políticas (Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, pág. 363).

La manifestación celebrada en Madrid el 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada en su tiempo “Ley mordaza”), que el Gobierno está preparando, ofrece elementos que deben preocuparnos sobre la vulnerabilidad del Estado democrático y sobre las maniobras que pretenden dificultar la capacidad que tiene éste para ordenar políticamente la sociedad. Vamos a examinar este tema desde tres perspectivas que son: a) el alineamiento de las derechas con una Ley represora; b) el intento de unos sindicatos policiales de presionar al Gobierno y al Parlamento en base, además, a un conjunto extenso de interpretaciones inexactas; y c) la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por lanzar contra el Gobierno a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La crisis interna del Partido Popular no remite sino que sigue creciendo. A lo largo de los últimos días hemos visto el trato diferente que la dirección de Casado otorga al partido en Andalucía y en Madrid. También hemos visto la protesta no disimulada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de convocar un congreso que le daría todo el poder regional. Para embrollar la situación la Diputada disidente Cayetana Álvarez de Toledo acaba de publicar Políticamente indeseable (Barcelona, 2021) donde la imagen de Pablo Casado no sale favorecida. Y para cerrar la situación crítica el Presidente del Partido Popular se mete (¿por despiste?) en una misa dedicada al recuerdo del dictador Franco… y no fue capaz de salirse ni de explicar su error.

En una reciente entrevista, el historiador germano-británico Orlando Figes hablaba de la campaña de los medios británicos para convencer a la opinión pública sobre las ventajas del Brexit y de cómo la facción conservadora más radical ha estado treinta años alimentándola para acabar con esta reflexión: “No puedes repetir machaconamente según qué mensajes y que no tengan efecto” (El País Semanal, 14 de noviembre de 2021). Lo mismo podemos decir de la campaña de algunos diarios (ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia) a propósito de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Vista desde España, la disolución de la Asamblea de la República portuguesa por causa del rechazo parlamentario del proyecto de Presupuesto provoca alguna perplejidad y suscita alguna reflexión constitucional. No voy a entrar en el trasfondo político de la situación y tampoco sabemos si el Primer Ministro Costa hubiera preferido las elecciones anticipadas a gobernar sin Presupuesto (en España, el Presidente Sánchez prefirió disolver cuando Esquerra Republicana de Catalunya provocó la aprobación de una enmienda de totalidad en 2019). Sobre lo que quiero reflexionar es sobre el modelo constitucional que en algunos países europeos otorga al Presidente de la República (nunca al Rey en las Monarquías parlamentarias) la facultad de disolver a su voluntad el Parlamento y, con ello, de cesar al Gobierno.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al Partido Popular por la reforma de la sede nacional del partido a través de dinero “negro” obtenido de sobornos de empresarios que participaban en concursos de obras públicas, constituye un hecho muy preocupante dentro de la dinámica política actual. Y no ha acabado de conocerse la sentencia cuando se filtran más declaraciones en el siguiente sumario que afecta al Partido Popular. Ahora es el antiguo Alcalde de Boadilla del Monte, que ha preferido confesar lo que hacía y la complicidad de personajes relevantes en el partido, como el ya condenado Correa.

El Gobierno en las democracias parlamentarias es un órgano constitucional complejo que está formado por varios órganos, actúa bajo formas colegiales y unipersonales y se rige por la combinación de varios principios organizativos. Desde los primeros Gobiernos de las Monarquías constitucionales del siglo XIX, dirigidos por el Monarca, hasta los actuales Gobiernos de las democracias parlamentarias (Monarquías y Repúblicas), que dirigen los Presidentes del Gobierno, la organización y el funcionamiento gubernamentales han cambiado mucho. Lo determinante en la actualidad es cómo se combinan tres principios organizativos, a saber, de dirección presidencial o de canciller (para asegurar que el Presidente del Gobierno dirija efectivamente todo el complejo gubernamental), colegial (para asegurar una participación de todos los Ministros y de todos los Ministerios en la preparación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno) y departamental (con el objetivo de que cada Departamento ministerial disponga de un ámbito propio de acción política y administrativa). La conjunción de los tres principios exige aplicar técnicas jurídicas de coordinación del trabajo gubernamental.

La celebración del 40º Congreso Federal del PSOE ha venido a confirmar las impresiones que se tenían las semanas anteriores (véase Javier García Fernández: “Un congreso para afianzar la acción del Gobierno” Sistema Digital, 30 de septiembre de 2021) acerca de los efectos políticos que tendrá el nuevo programa y la nueva articulación del partido con el Gobierno. Los efectos que deben comentarse son la nueva línea política que se desprende de las resoluciones aprobadas, los cambios en la Comisión Ejecutiva Federal, el espíritu de convergencia de diversas sensibilidades y experiencias de la militancia y de los cuadros, la citada articulación del partido con el Gobierno (además, de coalición) y hasta la preparación de nuevos cuadros para gobernar en el futuro. Veamos estos puntos.

Para oponerse al actual procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, las tres derechas en presencia (política, judicial y mediática) invocan una supuesta politización de la Justicia como si una elección de los Vocales judiciales, atribuida sólo al propio personal judicial, viniera a despolitizar la propia elección. Si se habla de asociaciones conservadoras y progresistas, ¿cómo va a ser la elección sino totalmente politizada? Pero, en realidad, en los últimos años, coincidiendo con los Gobiernos del Presidente Sánchez, estamos asistiendo al fenómeno contrario: no hay politización de la Justicia, sino judicialización de la política.