La sucesión de acontecimientos políticos que han tenido lugar en España en la mañana del 10 de marzo puede tener consecuencias importantes para algunas Comunidades Autónomas y también para toda la política nacional. Todo comenzó en Murcia con el anuncio del acuerdo PSOE–Ciudadanos para presentar mociones de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia. Varias horas después, se celebró un Consejo de Gobierno en Madrid, en el que la Presidenta regional sometió a debate la disolución de la Asamblea de Madrid y la celebración de nuevas elecciones. Tras este anuncio, los Grupos Parlamentarios Socialista y de Más Madrid en la Asamblea de Madrid presentaron sendas mociones de censura.

Las cifras que poseemos sobre la incidencia del Covid-19 en la Comunidad de Madrid son, por sí solas, preocupantes porque son peores que las que corresponden a otras Comunidades Autónomas. En número de casos diagnosticados la última semana por cada cien mil habitantes, la Comunidad de Madrid sólo tiene por encima Melilla. Un triste honor para los madrileños. En cambio, los datos de vacunación nos enseñan que la Comunidad madrileña sólo tiene por debajo a Castilla–La Mancha, a las Islas Baleares y al País Vasco. En lo que se refiere a vacunaciones, la Comunidad de Madrid está en el 78’4 % de dosis administradas, con 7 dosis por cada cien mil habitantes cuando Asturias alcanza 11’50 por cada cien mil habitantes y Castilla y León 10’72 por cada cien mil personas. Otro dato, la Comunidad de Madrid tiene, al día de hoy (3 de marzo), 2.575 personas ingresadas, lo que supone un 15 % de camas ocupadas, frente a porcentajes muchas más bajos de otras Comunidades Autónomas (2’7 % de Extremadura y 5’7 % de Galicia), de modo que Madrid es la Comunidad con el porcentaje más elevado de camas ocupadas, que es tanto como decir el porcentaje más alto de enfermos graves.

Los disturbios y actos vandálicos que se han producido en Cataluña y en algunas otras ciudades españoles, tras el encarcelamiento de Pablo Hasél, están teniendo efectos más allá de la suerte personal de un cantante que basa todo su arte en la provocación verbal y a veces en la agresión física. El tema está afectando a la cohesión de los Gobiernos, pero también pone en cuestión el nivel de cohesión social que se da en Cataluña, tanto en sentido identitario, como en sentido social.

Como hemos tenido ocasión de comentar aquí, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, ha sido un paso positivo para adaptar una Administración poco eficiente a los retos del Mecanismo de Recuperación que prepara la Comisión Europea. Pero, como también hemos comentado aquí, la aplicación de esas reformas puede tener algún efecto perturbador porque puede acabar configurando dos Administraciones distintas: la que ejecuta el Mecanismo de Recuperación, dotada de cierta agilidad, y la que gestiona el resto de asuntos públicos, maniatada aún por las reformas de los años 2015 y 2017 del Partido Popular.

Como se recordará, las elecciones al Parlamento catalán de 2015 fueron unas elecciones históricas, incluso con aires referendarios. La historicidad de esas elecciones estaba justificada porque los partidos independentistas creían que iban a obtener unos resultados que les permitirían convocar un referéndum de autodeterminación y, adicionalmente, proceder a la Declaración Unilateral de Independencia. Como los independentistas se habían acostumbrado desde el 11 de septiembre de 2012 (primera Diada cuya organización fue encargada a la Asamblea Nacional de Cataluña con participación masiva) a celebrar frecuentes jornadas históricas, la jornada electoral de 2015 se celebró bajo una calificación igualmente histórica, pues se suponía que los partidos independentistas obtendrían mayoría absoluta de votos y escaños para organizar la convocatoria unilateral de un referéndum y, llegado el caso, la soñada Declaración Unilateral de Independencia.

En todos los países el Covid-19 ha supuesto un reto para los poderes públicos, órganos del Estado e instancias territoriales de éste. En España también. Pero cada Estado ha dado diferentes respuestas desde el punto de vista de la eficacia de la acción pública y de los procedimientos jurídicos y administrativos. La respuesta de los poderes públicos españoles es conocida, pero al día de hoy se suscitan tres cuestiones imbricadas que conviene examinar. Por una parte, la capacidad de las Administraciones Públicas para culminar la política sanitaria de erradicación de la pandemia y, muy especialmente, la gestión de la distribución de las vacunas que están apareciendo. En segundo lugar, la eficacia de la distribución de los fondos de reconstrucción y resiliencia. Y, en tercer lugar, debemos valorar el tipo de Administración que va a salir del post-Covid-19, si hace falta plantearse una reforma profunda y, si es así, qué tipo de Administración debería erigirse.

En el artículo que publicamos aquí la semana pasada sobre el intento de Golpe de Estado que promovió Trump en el Capitolio de Washington, acabábamos apuntando un lugar común, que es la fragilidad de la democracia. No quisimos seguir especulando sobre el tema la semana pasada, pero quizás sea ahora oportuno aportar algunas ideas más concretas. El punto de partida ha de situarse, naturalmente, en Estados Unidos y en la ambigua actitud del Partido Republicano desde que se conoció el triunfo electoral de Biden el 3 de noviembre. Aunque finalmente el Vicepresidente Mike Pence actuó conforme a la Constitución y tras él la mayoría de los Senadores y Representantes republicanos, no ha faltado un grupo de parlamentarios, dirigidos por el ultra Ted Cruz, que ha presionado hasta el último momento para impedir la proclamación de Biden como vencedor de la elección presidencial. Dicho en pocas palabras, el Partido Republicano estadounidense ha estado varias semanas en una posición ambigua y desde fuera del país no se sabía hacia dónde iba a dirigirse, respetando la Constitución o sumándose al Golpe de Estado que preparaba el Presidente vencido.

Desde que Gabriel Naudé teorizó sobre los golpes de Estado en el siglo XVII, la idea de que los gobernantes pueden ser desalojados del poder por medios ilegítimos y usualmente violentos fue calando en la Teoría Política si bien la Monarquía absoluta era un régimen pétreo que no permitía muchas maniobras contra el Monarca salvo en la Inglaterra del siglo XVII. Tras la Revolución francesa, los Gobiernos se hicieron mucho más frágiles como se vio en fecha tan temprana como 1799 cuando Napoleón organizó el golpe del 18 de brumario contra el Directorio y dio los primeros pasos para arrebatar la Revolución a las clases populares. A partir de ahí, los golpes de Estado se generalizaron en Europa y en América (salvo Estados Unidos) y el dato político en bruto se fue sofisticando pues, ya en el siglo XX, Hans Kelsen apuntó que hay un golpe de Estado (y en general una revolución) cuando “el orden jurídico de una comunidad es nulificado (sic) y substituído en forma ilegítima por un nuevo orden” (Teoría General del Derecho y del Estado, México, D. F., 1979, pág. 137), añadiendo que en sentido jurídico el criterio decisivo es que el orden en vigor es reemplazado por un orden nuevo de forma no prevista por el anterior y la Constitución es reemplazada por otra Constitución o norma con vocación de ordenar el Estado.

Como hemos tenido ocasión de comentar en otros momentos, durante las dos legislaturas en que gobernó el Presidente Rajoy, la Administración General del Estado sufrió un proceso acelerado de destrucción y de disminución de tamaño, con el fin de reducir la gestión pública en beneficio de la gestión privada de los intereses privados. La Administración que encontró el Gobierno del Presidente Sánchez es una Administración enteca a la que cuesta mucho aprobar normas, contratar o dictar actos administrativos. Es una Administración tutelada en exceso por el Ministerio de Hacienda y, en especial por la Intervención Delegada de cada Ministerio.

La confluencia de varios fenómenos políticos en España, y fuera de España, parece indicar que algunos principios esenciales de la democracia están poniéndose en cuestión sin que se dé la respuesta contundente que merecería. Lo preocupante es que la mayoría de iniciativas de desgaste de la democracia parecen surgir de ambientes de la derecha y de la extrema derecha, como si los partidos conservadores, que en el siglo XX asumieron la democracia, quisieran retornar a la política ultramontana que, durante el siglo XIX, caracterizó a las derechas monárquicas en toda Europa. Es sabido que la línea divisoria entre derechas e izquierdas en el siglo XIX pasaba a través de dos materias, a saber, los derechos sociales y la organización política del Estado (forma de Estado, tipo de sufragio, principio de mayorías, amplitud de las libertades públicas) y sólo cuando las derechas, avanzado el siglo XX, asumieron los derechos sociales y la totalidad del modelo democrático de organización política se pudo llegar a un verdadero contrato social, que hizo posible el Estado del Bienestar. Pero la derecha no está a gusto con la democracia ni con los derechos sociales, siempre quiere volver hacia atrás. Y si en la década de los ochenta los Gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Tharcher en el Reino Unido rompieron conscientemente el componente social del Estado del Bienestar, en los últimos años (sobre todo, tras la pandemia del Covid-19) estamos viendo otra ofensiva del conservadurismo político para reducir las libertades políticas y quebrar los principios de la democracia representativa. Es verdad que hay casos extremos, como los Gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia, pero hay casos igualmente significativos, como la operación Brexit, donde la mayor parte de la derecha británica (con la tibieza cómplice de una parte del laborismo) ha impuesto a una franja muy amplia de la población una salida de la Unión Europea amparada en fake news, o el defenestrado Ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, que basó su política en la demagogia antiinmigratoria. Hay ejemplos suficientes en Europa de cómo la derecha gira desde la democracia hacia el autoritarismo y el populismo, pero en lo que va recorrido el año 2020 encontramos dos ejemplos preocupantes en el Partido Republicano estadounidense y en las varias derechas españolas (Partido Popular y Vox). Y no nos detendremos, para no desviarnos demasiado, en los quebrantamientos de la democracia en América, con Presidentes elegidos, pero autoritarios y populistas, como el brasileño Bolsonaro, o el salvadoreño Bukele, o con Parlamentos como el peruano (y antes el brasileño) que destituyen Presidentes legitimados por el sufragio universal.