“Este hombre no es de ayer ni es de mañana / Sino de nunca; de la cepa hispana / No es el fruto maduro ni podrido, / Es una fruta vana…”

(Antonio Machado: “Del pasado efímero”, Campos de Castilla)

Si entre 2012 y 2017 el Gobierno del Presidente Rajoy hubiera actuado con menos desidia y con más inteligencia, la declaración de la independencia en Cataluña no habría llegado tan lejos. No digo que no hubiera sido necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero la tensión habría sido bastante menor. Ello no supone responsabilizar al Gobierno de Rajoy de lo que es responsabilidad del independentismo, pero sí repartir responsabilidades de una operación política en la que muchos sujetos (el Gobierno de Maragall que inició una reforma estatutaria que nadie pedía, el Tribunal Constitucional que tardó cuatro años en dictar Sentencia sobre el Estatuto, el Partido Popular que vio en el Estatuto una ocasión de captar votos, etc.) actuaron con frivolidad, con ingenuidad y, sin duda, con desidia.

La exhumación de los restos mortales de Queipo de Llano, de su mujer y del General del Cuerpo Jurídico Francisco Bohórquez, que estaban enterrados en la Basílica de la Macarena de Sevilla, ofrece un simbolismo que debe glosarse, simbolismo que conecta con el sentido de la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. A continuación vamos a comentar el significado de sacar los restos mortales de Queipo de Llano de una basílica católica de uso público, las causas por la que las derechas españolas rechazan la nueva Ley y, en fin, la dimensión conciliadora de la nueva Ley.

Núñez Feijóo aún no lo sabe, pero la marcha atrás para su cese como Presidente del Partido Popular ha empezado a correr. La primera vez en que podía demostrar su capacidad de liderazgo en el seno del partido se ha saldado con una notable derrota en donde ha salido ganadora Díaz Ayuso. Y en política hay oportunidades que no se repiten. No volverá a tener una ocasión igual en donde pueda demostrar que es él quien manda realmente en el Partido Popular.

Entre las noticias que van filtrándose acerca de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se comenta con frecuencia que el Partido Popular no desea que los futuros Vocales de este órgano posean perfil político, es decir, que hayan desempeñado puestos políticos en el pasado, lo que comportaría vetar a ciertos candidatos que propongan otros partidos. El fin de este deseo sería, según dicen los populares y sus aliados mediáticos, asegurar la independencia de la Justicia frente a una supuesta politización de ésta. No está claro si ese veto a los políticos se refiere a todos los Vocales del Consejo o sólo a los de extracción judicial, pero ya es indicativo de la mentalidad del partido conservador. Merece por ello glosarse la coherencia de este deseo del Partido Popular, qué entienden las derechas, política y judicial, por politización de la Justicia, qué es lo que en realidad politiza la Justicia y qué tipo de exclusión comporta la postura del Partido Popular.

El jurista alemán Rudolf Smend (1882-1975) indagó sobre los elementos espirituales que subyacen bajo el Estado. Decía Smend que las formas espirituales colectivas no constituyen sustancias estáticas, sino que son una unidad de sentido en continua actualización. Por eso, el Estado se desarrolla mediante un proceso de continua renovación y Smend describía ese proceso con la expresión de integración, porque es un proceso de integración del propio Estado en la realidad. Para el jurista alemán, la eficacia de la función integradora depende de que su principio constitutivo tenga en sí fuerza integradora y que integre realmente a toda la comunidad política. Las formas de integración son muy variadas y pueden ser personales (especialmente el caudillaje), funcionales (tienden a reforzar la vivencia comunitaria en la vida social) y materiales (los fines jurídicos y culturales del Estado) (Rudolf Smend: Constitución y Derecho constitucional, Madrid, 1985, págs. 62-106).

La esperada crisis del Gobierno catalán de coalición se ha producido. Como se comentaba en la prensa catalana, la duda era si el Gobierno estallaría en este mismo otoño o después de las elecciones municipales (Francesc-Marc Álvaro: “El rito y el lío”, La Vanguardia, 26 de septiembre de 2022). Pero Puigdemont y Borràs no han querido esperar y han preferido echarse ya al monte. ¿Por qué la crisis? ¿Qué efectos tendrá en la política catalana? ¿Qué efectos producirá en la política española?

El peso político de las instituciones de la Unión Europea es limitado. En los medios de comunicación y en ciertos políticos hay expresiones engañosas que se suelen utilizar con fines políticos torticeros como “Europa ordena” o “Europa recomienda”. Normalmente, Europa no ordena ni recomienda porque todos los órganos de la Unión (especialmente la Comisión y el Parlamento) conocen muy bien el alcance del Derecho comunitario y saben por ello que muchas de las materias que algunos políticos de los Estados miembros invocan para que “Europa” tire de las orejas a los Estados son de competencia nacional o, al menos, no son materias de competencia comunitaria conforme a los Tratados. Eso es lo que está pasando con el agotador e inacabable tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ en lo sucesivo), donde las derechas españolas, política y judicial, han intentado apoyarse en un Comisario europeo, el liberal belga Didier Reynders, para obligar al Gobierno a renunciar a su concepción democrática de la composición del CGPJ y, de paso (aunque es un tema conceptualmente distinto), a que renuncie a su potestad constitucional de proponer al Rey el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Otra vez la historia interminable.

El resultado de las elecciones de Italia ha confirmado no sólo los sondeos, sino la impresión que adelantaban muchos analistas de que se trata de una situación política volátil y en ebullición cuyo rumbo final aún no se conoce. Con unos datos que empiezan a sentarse vamos a examinar: a) el sentido de los resultados; b) las posibles causas de estos resultados; y c) las previsiones políticas inmediatas, tanto internas como en el ámbito de la Unión Europea.

El descubrimiento de las fosas de Izlum, con cerca de quinientos cadáveres, se viene a unir a otros descubrimientos similares o la matanza de la prisión de Olenivka. Moscú tiene oficio en la perpetración de matanzas como se vio en Katyn y el caso de Izlum es otro más, porque si algo se ha comprobado en la agresión rusa contra Ucrania es que Putin no duda en atacar a la población civil y a las infraestructuras civiles como viviendas y hospitales. Nada nuevo en las guerras: estos días estamos viendo Londres con ocasión de los actos mortuorios de la Reina Isabel II, pero deberíamos recordar cómo era Londres a mediados de 1945, tras los bombardeos alemanes. Precisamente en los lugares donde ha estado expuesta la Reina, en el Hall y en la Abadía de Westminster, hay placas que recuerdan a las personas que murieron por causa de los bombardeos alemanes. No ha de extrañar por ello que tras los bombardeos alemanes en muchos países de Europa (Rotterdam, Belgrado, etc.) la propia Alemania fuera arrasada por los bombardeos aliados, empezando por Dresde.

El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, está necesitado de mostrar que es el líder de la oposición y de su partido. De modo que, como inicio de la nueva temporada política, desafió al Gobierno pidiendo un debate en el Senado, que es la Cámara donde él está presente. Pensaba que el Gobierno no aceptaría el desafío, pero no fue así y de inmediato el Gobierno solicitó una comparecencia de su presidente, para debatir la crisis energética, comparecencia que ha tenido lugar el 6 de septiembre. No se puede decir que el debate haya servido para consolidar el liderazgo de Núñez Feijóo en la sociedad y en su partido.

El primer debate sobre el Estado de la Nación que ha convocado el Presidente Sánchez se ha resuelto de manera muy positiva, tanto para el Gobierno como para el conjunto de los ciudadanos españoles. Veamos, en primer lugar, el sentido político de la intervención del Presidente del Gobierno y, en segundo lugar, las respuestas de los distintos sujetos. Pero antes, conviene avanzar dos acotaciones.

El desmesurado aumento del límite de renta familiar para solicitar becas para estudiar el bachillerato en los centros no públicos de la Comunidad de Madrid (desde 10.000 euros al año a 100.000 euros) no es anecdótico. Tampoco es anecdótica la justificación de esta elevación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad:

Para tener su minuto de gloria en medio de un contexto informativo que daba gran protagonismo al Gobierno, el Partido Popular ha inventado los últimos días un bulo que acusa al Gobierno de manipular las futuras elecciones legislativas. La noticia, reproducida por El País, es la siguiente:

La confirmación de los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas, como ya anunciaban los sondeos, ha dado lugar a reacciones que parecen más propias de los aparatos de propaganda de los partidos que de un análisis objetivo de la situación política resultante. Por eso, conviene examinar las consecuencias prácticas de estas elecciones soslayando la fácil manipulación partidista a la que algunos van a tender.

Cuando la derecha política y la derecha mediática forzaron la defenestración de Pablo Casado parecieron respirar tranquilas con la sustitución de éste por Alberto Núñez Feijóo, un político maduro con gran experiencia de Gobierno autonómico.

Cuando la Constitución española de 1978 dedicó un precepto, su artículo 6, a los partidos políticos a los que atribuyó las funciones de expresar el pluralismo político, de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y de ser instrumento fundamental de la participación política, dio a este tipo de asociación un carácter del que había carecido durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Además la Constitución no se limitó a a caracterizar a los partidos con los rasgos que acabamos de ver, sino que estableció la libertad de creación y de actividad y les exigió estructura interna y funcionamiento democráticos. La Constitución española, al igual que otras de nuestro entorno como la alemana y la francesa, ha dado a los partidos un papel central en la política del Estado y un carácter estructural de este Estado que no podría concebirse sin la participación de los partidos políticos. Más aún, sin decirlo con contundencia, el artículo 6 de la Constitución hace de los partidos el ente de intermediación entre los ciudadanos y el poder público y por ello su regulación se sitúa en el Título Preliminar, que contiene los grandes principios del Estado y está especialmente protegido frente a la reforma.