Cuando la Constitución española de 1978 dedicó un precepto, su artículo 6, a los partidos políticos a los que atribuyó las funciones de expresar el pluralismo político, de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y de ser instrumento fundamental de la participación política, dio a este tipo de asociación un carácter del que había carecido durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Además la Constitución no se limitó a a caracterizar a los partidos con los rasgos que acabamos de ver, sino que estableció la libertad de creación y de actividad y les exigió estructura interna y funcionamiento democráticos. La Constitución española, al igual que otras de nuestro entorno como la alemana y la francesa, ha dado a los partidos un papel central en la política del Estado y un carácter estructural de este Estado que no podría concebirse sin la participación de los partidos políticos. Más aún, sin decirlo con contundencia, el artículo 6 de la Constitución hace de los partidos el ente de intermediación entre los ciudadanos y el poder público y por ello su regulación se sitúa en el Título Preliminar, que contiene los grandes principios del Estado y está especialmente protegido frente a la reforma.

Alberto Núñez Feijoo no quedó contento con las respuestas del Presidente del Gobierno a la Secretaria General de su partido, Cuca Gamarra, en la última sesión de control del Gobierno. No gustó a Núñez Feijoo que el Presidente Sánchez no se amilanase ante el tono agresivo de la Diputada Gamarra, que sigue tratando al Gobierno y a su Presidente con el mismo tono agresivo y descalificador que utilizaba cuando era la Portavoz del Grupo Parlamentario de Pablo Casado. Quedose Núñez Feijoo tan molesto por la respuesta firme del presidente Sánchez a su agresiva Secretaria General, que improvisó una comparecencia ante los medios para leerles un breve comunicado, sin preguntas ni respuestas.

Las informaciones sobre la retirada rusa de Bucha, más las noticias que están llegando de Mariúpol, nos muestran que las Fuerzas Armadas rusas se están ensañando con la población civil. Por mucho que lo niegue el Gobierno de Putin, todo hace pensar que el invasor ruso ha dado un paso más en la agresión contra la población civil. Si desde que se inició la invasión los Ejércitos rusos atacaron a la población civil por medio, generalmente, de artillería y de misiles, ahora estamos descubriendo que esa agresión ha subido en intensidad y todo hace pensar que los rusos han perseguido a los civiles en las zonas de ocupación y que posiblemente han querido castigar los civiles antes de abandonar, derrotados, una ciudad como Bucha. El cambio cualitativo en las formas de agresión es muy notable.

No sin tensiones, en el Consejo Europeo del pasado 25 de marzo se acordó reconocer la excepcionalidad de los dos Estados de la Península Ibérica, España y Portugal, con medidas ad hoc para que el precio de la energía eléctrica en ambos países no esté condicionado por el precio del gas en Europa, pues el porcentaje de gas que se emplea en España para generar energía eléctrica es pequeño (en torno al 15%). No es habitual que un Jefe de Gobierno se salga de la reunión como medida de presión ante un problema cuya resolución (negociada durante muchas horas en los días previos) no sale adelante.

En la Ética a Nicomano Aristóteles señala que los hombres buscan la felicidad y que la felicidad es una actividad del alma en concordancia con la virtud perfecta, una forma de placer, entendiendo por placer la realización de la esencia propia con el ejercicio de la razón (apud Ramón Xirau: Introducción a la historia de la filosofía, México, D. F., 2016, pág. 93). Esa idea, que supone el rechazo de la pasión, tendrá múltiples expresiones en la Historia de la Filosofía y, sin pretenderlo, acaba enlazando con la valoración moral de la guerra.

Aunque los historiadores de la economía mostraron muy pronto los efectos negativos de las guerras sobre las necesidades socioeconómicas de las naciones, fue Keynes quien mostró brillantemente los efectos económicos de la Gran Guerra y sus consecuencias sobre la paz (John Maynard Keynes: Las consecuencias económicas de la paz, Barcelona, 2013). Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, también se produjo una extensa literatura sobre los efectos socioeconómicos de aquel conflicto y esa producción bibliográfica contribuyó a diseñar el gran pacto social que permitió asentar el Estado social en la mitad occidental de Europa. Algo más recientemente, la grave crisis económica que provocó en Europa la Guerra del Yom Kippur, por la subida del precio del petróleo, se resolvió en España, ya en la Transición, con los Pactos de la Moncloa que fueron el complemento socioeconómico del previo acuerdo político para elaborar la Constitución.

En los primeros meses de 2003, cuando se veía que Estados Unidos iba a atacar Irak con el pretexto de unas inexistentes armas de destrucción masiva, las ciudades europeas (incluyendo las españolas) se llenaron de manifestantes que gritaban “No a la guerra”. Gritar “No a la guerra” era como gritar “No a la agresión”, porque el Estado que buscaba la guerra, Estados Unidos, era también el Estado agresor y nadie equiparaba al agresor con el agredido, que fue Irak. Pero hay otros ejemplos históricos donde decir a “No a la guerra” es como pedir al agredido que no se defienda, que no utilice la fuerza armada para defenderse. Un caso semejante fue la agresión anglofrancesa contra Egipto tras nacionalizar el Canal de Suez en 1956, pues este país necesitaba defenderse ante una operación neocolonialista que pretendía transmitir un mensaje de advertencia al Tercer Mundo. Lo mismo puede decirse, años antes, de la invasión de varios países europeos por Alemania a partir de septiembre de 1939: no se podía decir a Polonia, a los Países Bajos, a Bélgica, a Dinamarca o a Noruega que no intentaran defenderse. Menos aún podría llamarse partido de la guerra a quienes en Egipto, en Polonia, en los Países Bajos, en Bélgica, en Dinamarca o en Noruega defendían la respuesta armada contra la agresión. Y más recientemente, no se podía prohibir al nuevo Estado de Bosnia-Herzegovina que se defendiera frente a los agresores serbios que tenían cercado Sarajevo.

La guerra en Ucrania continúa con su secuela de vidas humanas sacrificadas y de bienes destruidos. También prosigue la presión rusa sobre terceros países que no aprueban la agresión y se plantean buscar un paraguas defensivo y así estamos viendo las amenazas contra Suecia y contra Finlandia, dos Estados de la Unión Europea, y la puesta a punto de la fuerza atómica táctica de la Federación Rusa. Al final la Unión Europea y Estados Unidos se han inclinado (inevitablemente) por duras represalias económicas y financieras, compatibles con el suministro de armamento. Este suministro es necesario para intentar aproximar a las Fuerzas Armadas ucranianas a los grandes medios que posee Rusia en armamento y en efectivos. Por cierto que no se entiende que algunas izquierdas quieran impedir que Ucrania se arme, que es una forma de pedir que sea derrotada por Rusia, cuyo desarme, en cambio, no piden. Cuando estallan las crisis se comprueba que la nostalgia por la Unión Soviética como paraíso del proletariado sigue pesando demasiado.

La Carta de Naciones Unidas de 1945 cambió totalmente el Derecho internacional en su dimensión de ordenación de los conflictos armados. A partir de la Carta de Naciones Unidas la guerra como instrumento de política internacional para defender los intereses nacionales dejó de ser legal. El antiguo procedimiento de declaración de la guerra para formalizar la ruptura de hostilidades (que todavía contempla el artículo 63.3 de la Constitución española, un puro anacronismo) desapareció del Derecho internacional y desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a declararse ninguna guerra.

Una de las acepciones de la palabra “diversión” que contiene el Diccionario de la Real Academia Española, y que es propia de la milicia, es “acción de distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo”. Esta acepción parece aplicable a toda la política informativa del Partido Popular que, desde el momento en que se cerraron los resultados electorales de Castilla y León, parece encaminada a desviar la atención de su importante fracaso electoral. Oyendo al Secretario General del partido, García Egea, a las once de la noche del domingo 13 de febrero, podríamos creer que estábamos ante un gran éxito del Partido Popular; y lo mismo pensaríamos escuchando a los dirigentes populares que han hablado desde ese día. Pero, la realidad es algo más dura, porque Pablo Casado ha fracasado por completo ante unas elecciones que se convocaron de forma intempestiva por orden suya. No es el único fracaso.

La controvertida votación para la convalidación del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, está llevando a escuchar más los ecos que las voces, a los que se refería Antonio Machado. Los ecos son el voto equivocado del Diputado popular Casero, que, en cierto modo, es anecdótico. Las voces, es decir, los sonidos ciertos son los votos contrarios de los Diputados Sayas y Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, cuando la dirección de su partido se había comprometido al voto favorable a la convalidación y ellos msmos, como se oyó en la radio, declararon esa misma mañana que votarían a favor, a pesar de que no los gustaba el Decreto-Ley. Separemos ambos hechos para no hacer el juego a Casado y al Partido Popular que han creado un gran escándalo de un error imputable a un Diputado conservador, precisamente para que pase desapercibido el nuevo “tamayazo”. Más abajo volveremos sobre el voto equivocado del Diputado Casero, pero siempre en segundo lugar.

La nueva crisis que está creando Rusia en Ucrania no sólo tiene las obligadas consecuencias internacionales. Además, en España, algunos partidos la están utilizando para obtener ciertas ganancias políticas internas. Aunque la crisis internacional se presenta con unos perfiles relativamente fáciles de entender, conviene compendiar el estado de la cuestión para mejor entender los argumentos que están difundiendo ciertas derechas y ciertas izquierdas.

La tramitación del informe del Consejo General del Poder Judicial del anteproyecto de ley del derecho a la vivienda es un ejemplo de la desinformación que se ha adueñado de los medios de comunicación, desinformación que en parte procede de la poca formación jurídica de los profesionales de la información, pero también en parte de la tendencia a desacreditar al Gobierno con cualquier motivo. Veamos los hechos para pasar a continuación a centrar el trasfondo jurídico y político.

Cuando el Gobierno español está distribuyendo los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia con criterios generalmente aceptados por las Comunidades Autónomas en numerosas Conferencias Sectoriales, donde han participado todos los Ministerios junto a sus respectivos Consejeros, el Partido Popular, en su no disimulada guerra a muerte contra el Gobierno del Presidente Sánchez, ha dado nuevos pasos destinados a deslegitimar todo el complejo plan de distribución de estos fondos.

La calidad de la democracia se mide, entre otros parámetros, por la solidez y la responsabilidad de la oposición. Hace muchos años un constitucionalista francés, Jacques Gicquel, decía que Gobierno y oposición son socios comprensivos, a la manera de una pareja, y su código de conducta es: 1) concurrencia para la conquista del poder; 2) tolerancia en el ejercicio de éste; y 3) alternancia o cambio de la mayoría política (Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 1993, pág. 196). Viene a cuento esta idea del catedrático de la Sorbona cuando observamos el comportamiento opositor del Partido Popular y de su Presidente, Pablo Casado, un comportamiento en parte errático y en parte destructivo y cuando decimos destructivo no es destructivo del Gobierno o de los partidos que lo forman, sino destructivo del sistema democrático.

Se acaba de publicar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 1471/2021, de 14 de diciembre de 2021) que ha resuelto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) contra todos los Decretos del Consejo de Ministros de los Gobiernos del Presidente Sánchez que exceptuaban desde 2018 de la condición de funcionarios a treinta y cinco Directores Generales de diversos Ministerios, así como contra los Decretos singulares de nombramiento de esos mismos Directores Generales. Es una Sentencia muy bien estructurada que permite la fácil lectura de sus 188 folios y que supone una desautorización casi completa de los recurrentes pues de treinta y cinco nombramientos que se impugnaban, el Tribunal Supremo sólo da la razón a los recurrentes en dos casos. El tema es de gran relevancia y merece examinarse con detenimiento para lo cual vamos a ver a continuación: a) el significado del recurso: b) la repercusión en los medios de comunicación; c) el grave problema político de fondo que se arrastra desde 1997; y d) las repercusiones de este problema sobre la estructura del Estado democrático.

Toda organización social puede introducirse en una dinámica negativa para sus intereses que acabe debilitándola e incluso destruyéndola. La dinámica que Pablo Casado está llevando al Partido Popular puede provocar, a largo plazo, un debilitamiento del partido y, con ello, un paralelo debilitamiento de la democracia. Las vías tácticas que Casado ha adoptado y algunas decisiones estratégicas que está tomando actualmente pueden acabar despeñando a este partido en beneficio, naturalmente, de Vox.

En La Vanguardia del 13 de diciembre se ha publicado un artículo de Iván Redondo titulado “Díaz podría ganar al PSOE con 78 escaños”. En este texto, el antiguo Director del Gabinete del Presidente Sánchez presenta un sondeo que otorga al Partido Popular 106 escaños, a la supuesta candidatura de Yolanda Díaz 78 escaños, al PSOE 67 escaños y a Vox 46 escaños. Al lado de los datos de esta encuesta, el autor dedica el artículo a destacar los méritos personales de la actual Vicepresidenta Segunda del Gobierno, amén de apostar sutilmente por un movimiento amplio que incluya a Podemos. Varias reflexiones merecen este artículo.