La manifestación celebrada en Madrid el 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada en su tiempo “Ley mordaza”), que el Gobierno está preparando, ofrece elementos que deben preocuparnos sobre la vulnerabilidad del Estado democrático y sobre las maniobras que pretenden dificultar la capacidad que tiene éste para ordenar políticamente la sociedad. Vamos a examinar este tema desde tres perspectivas que son: a) el alineamiento de las derechas con una Ley represora; b) el intento de unos sindicatos policiales de presionar al Gobierno y al Parlamento en base, además, a un conjunto extenso de interpretaciones inexactas; y c) la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por lanzar contra el Gobierno a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La crisis interna del Partido Popular no remite sino que sigue creciendo. A lo largo de los últimos días hemos visto el trato diferente que la dirección de Casado otorga al partido en Andalucía y en Madrid. También hemos visto la protesta no disimulada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de convocar un congreso que le daría todo el poder regional. Para embrollar la situación la Diputada disidente Cayetana Álvarez de Toledo acaba de publicar Políticamente indeseable (Barcelona, 2021) donde la imagen de Pablo Casado no sale favorecida. Y para cerrar la situación crítica el Presidente del Partido Popular se mete (¿por despiste?) en una misa dedicada al recuerdo del dictador Franco… y no fue capaz de salirse ni de explicar su error.

En una reciente entrevista, el historiador germano-británico Orlando Figes hablaba de la campaña de los medios británicos para convencer a la opinión pública sobre las ventajas del Brexit y de cómo la facción conservadora más radical ha estado treinta años alimentándola para acabar con esta reflexión: “No puedes repetir machaconamente según qué mensajes y que no tengan efecto” (El País Semanal, 14 de noviembre de 2021). Lo mismo podemos decir de la campaña de algunos diarios (ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia) a propósito de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Vista desde España, la disolución de la Asamblea de la República portuguesa por causa del rechazo parlamentario del proyecto de Presupuesto provoca alguna perplejidad y suscita alguna reflexión constitucional. No voy a entrar en el trasfondo político de la situación y tampoco sabemos si el Primer Ministro Costa hubiera preferido las elecciones anticipadas a gobernar sin Presupuesto (en España, el Presidente Sánchez prefirió disolver cuando Esquerra Republicana de Catalunya provocó la aprobación de una enmienda de totalidad en 2019). Sobre lo que quiero reflexionar es sobre el modelo constitucional que en algunos países europeos otorga al Presidente de la República (nunca al Rey en las Monarquías parlamentarias) la facultad de disolver a su voluntad el Parlamento y, con ello, de cesar al Gobierno.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al Partido Popular por la reforma de la sede nacional del partido a través de dinero “negro” obtenido de sobornos de empresarios que participaban en concursos de obras públicas, constituye un hecho muy preocupante dentro de la dinámica política actual. Y no ha acabado de conocerse la sentencia cuando se filtran más declaraciones en el siguiente sumario que afecta al Partido Popular. Ahora es el antiguo Alcalde de Boadilla del Monte, que ha preferido confesar lo que hacía y la complicidad de personajes relevantes en el partido, como el ya condenado Correa.

El Gobierno en las democracias parlamentarias es un órgano constitucional complejo que está formado por varios órganos, actúa bajo formas colegiales y unipersonales y se rige por la combinación de varios principios organizativos. Desde los primeros Gobiernos de las Monarquías constitucionales del siglo XIX, dirigidos por el Monarca, hasta los actuales Gobiernos de las democracias parlamentarias (Monarquías y Repúblicas), que dirigen los Presidentes del Gobierno, la organización y el funcionamiento gubernamentales han cambiado mucho. Lo determinante en la actualidad es cómo se combinan tres principios organizativos, a saber, de dirección presidencial o de canciller (para asegurar que el Presidente del Gobierno dirija efectivamente todo el complejo gubernamental), colegial (para asegurar una participación de todos los Ministros y de todos los Ministerios en la preparación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno) y departamental (con el objetivo de que cada Departamento ministerial disponga de un ámbito propio de acción política y administrativa). La conjunción de los tres principios exige aplicar técnicas jurídicas de coordinación del trabajo gubernamental.

La celebración del 40º Congreso Federal del PSOE ha venido a confirmar las impresiones que se tenían las semanas anteriores (véase Javier García Fernández: “Un congreso para afianzar la acción del Gobierno” Sistema Digital, 30 de septiembre de 2021) acerca de los efectos políticos que tendrá el nuevo programa y la nueva articulación del partido con el Gobierno. Los efectos que deben comentarse son la nueva línea política que se desprende de las resoluciones aprobadas, los cambios en la Comisión Ejecutiva Federal, el espíritu de convergencia de diversas sensibilidades y experiencias de la militancia y de los cuadros, la citada articulación del partido con el Gobierno (además, de coalición) y hasta la preparación de nuevos cuadros para gobernar en el futuro. Veamos estos puntos.

Para oponerse al actual procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, las tres derechas en presencia (política, judicial y mediática) invocan una supuesta politización de la Justicia como si una elección de los Vocales judiciales, atribuida sólo al propio personal judicial, viniera a despolitizar la propia elección. Si se habla de asociaciones conservadoras y progresistas, ¿cómo va a ser la elección sino totalmente politizada? Pero, en realidad, en los últimos años, coincidiendo con los Gobiernos del Presidente Sánchez, estamos asistiendo al fenómeno contrario: no hay politización de la Justicia, sino judicialización de la política.

La sucesión de actos de la itinerante convención del Partido Popular, que han concluido con un mitin en la plaza de toros de Valencia, supone para algunos la confirmación de un giro político de gran trascendencia. ¿Por qué Casado ha impulsado esta especie de “semana fantástica” donde, como unos conocidos grandes almacenes, se ha lanzado a vender mercancías a precios rebajados?

La reunión del Presidente del Gobierno con el de la Generalidad de Cataluña ha provocado reacciones contrapuestas en los medios políticos. La contraposición ha empezado por la explicación posterior de la propia reunión, pues, como se ha dicho en algún medio, la versión de la reunión que dieron la Ministra Portavoz y el Presidente Aragonès era tan distinta que parecía que hablaban de dos reuniones distintas.

La referencia al Rey en el discurso de Díaz Ayuso en la plaza de Colón de Madrid puede parecer, según el grado de benevolencia con que se mire a la Presidenta madrileña, expresión de ignorancia jurídico-política, simple truco para que se hable de ella durante varios días o, lo que es peor, una manifestación de los deseos de manipular al Jefe del Estado en beneficio de la extrema derecha que Díaz Ayuso empieza a representar. Añadamos el juego de disculpas y desmentidos en que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha incurrido y, con ella, el propio Casado y la sensación es preocupante.

La intención, anunciada por distintos miembros del Gobierno, de conceder el indulto a los condenados por la rebelión secesionista catalana, ha provocado un seísmo político que merece comentarse. Veamos en primer lugar el régimen jurídico del derecho de gracia; en segundo lugar, el origen político de la situación que dio lugar a que ahora se plantee el indulto; en tercer lugar, los fines que se persiguen con el indulto; y, en cuarto lugar, los previsibles efectos políticos en los partidos nacionales y en el resto de España.

La crisis de Ceuta puede provocar reflexiones de muchos tipos y en este artículo vamos a tratar de presentar algunas primeras ideas. En primer lugar, una de las ideas que pueden aparecer con más fuerza es la de fragilidad geoestratégica de las democracias frente a los regímenes autoritarios. Ante una supuesta ofensa de España por acoger a Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Polisario (sobre lo que luego hablaremos), el Gobierno de un país democrático (como lo son casi todos los Estados miembros de la Unión Europea) habría utilizado los instrumentos diplomáticos usuales para mostrar su malestar.