Pocas veces se ve en la vida política un fenómeno tan curioso y hasta esquizofrénico en el que un mismo político quiere jugar dos papeles antagónicos. Pocas veces ocurre, de modo que hay que fijarse con mucha atención en la conducta de Núñez Feijóo cuando le veremos, con muy pocas horas de diferencia, desempeñar el papel de líder de la protesta callejera y a continuación, casi sin cambiarse de ropa, acudir al Congreso de los Diputados para transformase en candidato a Presidente del Gobierno. Se me dirá, con razón, que todo líder de la oposición que se precie quiere ser Presidente del Gobierno y para ello moviliza a su partido para convencer de sus cualidades gubernamentales al cuerpo electoral. Ello es cierto, pero el papel de líder de la posición se inicia DESPUÉS de que un Parlamento otorgue su confianza a un candidato; es decir, se trata de una secuencia temporal en la que el Parlamento otorga la confianza a un candidato y a continuación otro líder de otro partido, al constatar que no ha sido elegido presidente del Gobierno, se erige en líder de la oposición. Pero, no es usual que una figura política practique ambos roles con muy pocas horas de diferencia.

El artículo “Felonías políticas”, que el antiguo director de El País Juan Luis Cebrián publicó el 11 de septiembre en ese diario, me da pie a comentar un fenómeno que se está dando en España y que debería dar pie a alguna reflexión en los medios de comunicación. No voy a glosar el artículo de Cebrián, aunque llama la atención que acuse de ágrafo al Presidente Sánchez como escaparate de su calidad moral e intelectual. ¿Cuántos libros y artículos publicaron los anteriores Presidentes del Gobierno antes de cesar? Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero son los únicos Presidentes del Gobierno que son doctores y Sánchez es el único que llegó a La Moncloa hablando inglés y francés, pero se le acusa de ágrafo para destacar su poca altura moral e intelectual. Es un ejemplo de lo que está pasando en la derecha española y de lo que se han impregnado personas que antes se situaban en el centro o en la izquierda.

El jueves 7 de septiembre inaugurará el Rey el año judicial. Elegido en diciembre de 2012, el actual Consejo General del Poder Judicial entró en prorrogatio en diciembre de 2018, por lo que en la apertura del año judicial de septiembre de 2019 ya debería haber sido sustituido por otro Consejo. Esto significa que es la quinta apertura del año judicial con un Consejo sin renovar, cada vez más reducido y con menos atribuciones.

Después de un mes de agosto pleno de noticias y debates, la política española vuelve con toda fuerza a la situación de impasse con que acabó julio. El impasse es evidente, pues en el mejor de los casos no habrá Gobierno antes de octubre. Todo podría haber ido más rápido, pero Núñez Feijóo ha decidido que ya que no va a gobernar tiene que hacer toda clase de operaciones extravagantes con el fin de salvar su futuro político. Porque si no tenemos Gobierno en un plazo mínimo de varias semanas es porque el Presidente del Partido Popular está haciendo extraños equilibrismos para evitar que sus compañeros (con Díaz Ayuso a la cabeza) no le decapiten. Lo harán, sin duda, pero el “ganador de las elecciones” está como el pollo decapitado que aún sin cabeza anda de aquí para allá. La reunión que el día 30 de agosto tuvo con el Presidente Sánchez y las que ha intentado mantener sin éxito con los Presidentes de las Comunidades Autónomas no populares son ejemplos de esa situación de plena desorientación de Núñez Feijóo. Pero conviene sistematizar los problemas y las cuestiones que subyacen a la errática conducta de Núñez Feijóo, cuyo frecuente trasfondo constitucional requiere que se analicen con rigor.

Tras las elecciones de 23 de julio el panorama político está en parte despejado pero también con alguna incertidumbre importante. Por ello vamos a examinar: I) el fracaso de las predicciones y sondeos; II) cómo quedan los partidos; III) las causas del fracaso del Partido Popular; IV) los motivos por los que el PSOE ha soslayado el anunciado fracaso; y V) el panorama constitucional que se abre.

En las elecciones del próximo domingo se dilucida qué partido o partidos gobernarán España en la próxima legislatura. Muchos sondeos apuntan un triunfo del Partido Popular, triunfo insuficiente para formar Gobierno si no es con el apoyo de Vox. Dejando a un lado la poca calidad de muchos de esos sondeos y de la intención evidente de desmovilizar (desmoralizando) el voto de la izquierda, como aportación al debate de los últimos días se pueden compendiar algunas de las razones por las que los partidos de la derecha no deben gobernar España.

Las noticias electorales de esta semana se inician con el debate Sánchez-Núñez Feijóo, pero también tiene interés recordar que la Junta Electoral Central ha incoado expediente al Presidente del Gobierno por hacer campaña en Bruselas, coincidiendo con el inicio de la Presidencia de España de la Unión Europea. Una vez más descubrimos la politización del Poder Judicial en favor de la derecha, porque solo desde una perspectiva conservadora se puede explicar que se quiera sancionar al Presidente del Gobierno por hacer política. La derecha quiere un Presidente del Gobierno callado y que la propaganda electoral solo proceda de ella, nunca de la izquierda. Y la mayoría de la Junta Electoral Central, aliada a la derecha, así lo ha explicado. Cuarenta y cinco años de democracia todavía no han igualado a la derecha y a la izquierda.

En el juego de contradicciones que caracteriza a la campaña electoral del Partido Popular, la existencia del Ministerio de Cultura es uno de los últimos casos en que el principal partido de la derecha se desdice de lo declarado. Recordemos los hechos.

La hipotética pérdida de un millón de votos del PSOE en el electorado de centro, del que habla alguna prensa, es un fenómeno estasiológico llamativo, porque denota la dificultad de unos electores para entender la dinámica de los partidos y sus posibilidades de acción política en el Estado democrático. De ser cierta esa apreciación (que deberá confirmarse en las próximas elecciones en un contexto de extrema polarización de las derechas por la ya evidente colaboración del Partido Popular con Vox) llama la atención que un electorado que se consideraba maduro, después de cuarenta y seis años de elecciones democráticas, se deje guiar más por los ecos que por las voces que emanan de la situación política española.

La derecha política española no se ha distinguido por sus inclinaciones democráticas. En el siglo XIX apoyaron a un Monarca absolutista como Fernando VII y con la hija de éste, Isabel II, se dividieron entre actuar a través del carlismo (que provocó tres guerras civiles) o del Partido Moderado que creó un régimen excluyente que sacó del juego político al Partido Progresista.

La experiencia de la campaña electoral para la convocatoria del pasado 28 de mayo puede dar indicios de cómo se desarrollará la de la convocatoria del 23 de julio. En esta campaña han predominado temas colaterales a las elecciones, pero que servían para dos fines, a saber, “nacionalizar” las elecciones restándoles su contenido local e introducir dudas sobre la limpieza de las elecciones por si en su momento hubiera que utilizarlo como arma. Como la elección la ha ganado el difusor de las dudas, el Partido Popular, ya no se ha vuelto a poner en duda la honestidad del proceso electoral, pero aun así merece examinarse este fenómeno porque nunca se sabe si lo volverán a exhumar.

Las elecciones municipales y autonómicas se han vivido, como pretendía el Partido Popular, con dimensión nacional y no local. La derrota del PSOE se debe examinar a partir de las siguientes circunstancias:

El 19 de mayo se ha difundió un sorprendente comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (en adelante APM) que parecía dirigido a sus afiliados dónde les instaba a renunciar a la subida retributiva que han pactado otras asociaciones de las carreras judicial y fiscal con el Ministerio de Justicia, acuerdo “que consideramos insuficiente, indigno e inaceptable”. Además, el comunicado se refería a “la complicidad y el beneplácito de otras asociaciones judiciales” que han pactado con el Ministerio. No se ha confirmado que este comunicado fuera verídico y más bien parece una fake news dirigida a enturbiar un acuerdo útil para las carreras judicial y fiscal, pues una cosa es que una asociación judicial discrepe del acuerdo y otra que proponga algo que es simplemente ilegal.

El pasado 11 de mayo se conoció que el Partido Popular volvía a condicionar la renovación del Consejo General del Poder (en lo sucesivo CGPJ) a que PREVIAMENTE se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce Vocales del CGPJ sean elegidos exclusivamente por los Jueces y Magistrados, sin intervención parlamentaria. La noticia no era casual porque en el Pleno del Congreso de los Diputados de ayer 16 de mayo se debatió una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba el cambio de elección de los Vocales judiciales del CGPJ en el mismo sentido, es decir, elegidos exclusivamente por los miembros de la carrera judicial.

Los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional chileno, el órgano que debe redactar un proyecto de Constitución, no pueden haber sido más desastrosos por el triunfo de la extrema derecha y de la derecha frente a una exigua izquierda: sólo 16 consejeros de izquierdas frente a 34 consejeros de todas las derechas, con predominio de los pinochetistas.

Desde que el Partido Popular intentó derribar al Presidente del Gobierno durante la pandemia, la derecha desacredita al Gobierno con un argumento que ya se ha convertido en una consigna de agit-prop: el Gobierno socialcomunista ha establecido un régimen autoritario, cuasi bolivariano, y para ello ha “ocupado” los órganos y las instituciones. En realidad, esta consigna, que se repite en la prensa de derechas y ha llegado incluso a libros donde escribe lo más florido de la caverna, es la reacción contra la aplicación de la Constitución. Por eso la guerra a muerte para impedir la renovación, más que tardía, del Tribunal Constitucional y por eso el continuo boicot a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ). Y por eso también la curiosa proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso destinada a impedir que el Gobierno elija libremente al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que el Congreso no tomó en consideración hace pocos días.

La política, al menos desde que en la Grecia antigua se tomó conciencia de la necesidad de gestionar la vida social con una perspectiva colectiva, consiste en diseñar acciones que mejoren la vida de las personas. Y el juego político en democracia se basa en ofrecer al ciudadano distintos programas de gobierno para que éste elija en las elecciones el que más se acomode a sus intereses. Ese juego interesa por igual a los gobernantes y a los partidos de la oposición, porque el futuro está abierto y el ciudadano debe formar sus juicios de valor sobre lo que ha hecho hasta entonces el gobernante, sobre lo que éste ofrece para el futuro y sobre las alternativas que los partidos de la oposición se comprometen a aplicar. Esta idea tan simple no parece que hoy rija en España porque, como se ha visto en el debate celebrado en el Senado el martes 25 de abril entre el Presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, el principal partido de la oposición conservadora sigue sin atreverse a ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno.

Se dice que Mariano Rajoy ha comentado respecto a Núñez Feijóo que es el momento de estar callados. Sea o no verdad este rumor sobre el antiguo Presidente del Gobierno, la sensación que se tiene es que no va desencaminado. Núñez Feijóo habla mucho y, en términos coloquiales, parece que mete mucho la pata. La semana del 20 al 26 de marzo, con una prolongación al día 27, es indicativa de esta verborrea del presidente del Partido Popular.

Para explicar cuál es la función del jurista, el filósofo del Derecho Luis Recasens Siches escribió que el jurista tiene que indagar la norma aplicable a cada situación, encontrar el precepto que se refiere a la materia en la que trabaja y, una vez hallada la norma, debe entenderla, es decir, interpretar lo que dice y las consecuencias implícitas que contiene (Luis Recasens Siches: Tratado General de Filosofía del Derecho, México, D. F., 1988, pág. 1). Esta labor de identificar la norma y el precepto aplicables, interpretarlo y sacar las consecuencias del mismo merece recordarse a propósito de la moción de censura presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario de Vox, que lleva como candidato alternativo a Ramón Tamames y que se debatirá los próximos días 21 y 22 de este mes de marzo.

Si Karl Marx y Max Weber son considerados padres de la Sociología es porque, ambos, cada uno en su época, tuvieron la clarividencia de describir el modo de producción capitalista. En El capital y en algunos capítulos de Economía y sociedad, Marx y Weber analizaron la esencia de ese modo de producción que ya en el siglo XIX era dominante en Europa y en América. Así, Weber describió la explotación lucrativa de mercado como aquella actividad orientada de modo continuado por las posibilidades del propio mercado en la medida en que empleando bienes como medios lucrativos puede obtener dinero mediante la producción y venta de bienes solicitados o mediante la oferta de servicios (Economía y sociedad. México, D. F, 1979, pág. 75). Y a su vez debemos a Hans Kelsen el haber despojado el análisis jurídico de connotaciones morales para dejarlo en una tarea ajena a lo axiológico.