Para los clásicos de la Ciencia Política, los partidos cumplen varias funciones, entre las que hay que destacar el reclutamiento y la formación del personal político, la agregación de demandas sociales, la comunicación entre gobernantes y gobernados y el encuadramiento de preferencias electorales (por todos, Josep Maria Vallès: Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, 8ª ed., págs. 369-371). En esa interrelación con la sociedad, la acción política de los partidos tiene efectos tangibles o irrelevantes para la propia sociedad y para franjas específicas de la misma. Para que esa acción política no sea irrelevante, es necesario que el partido, como organización, actúe eficazmente sin lastres internos. Y el momento en que se plasma la disposición de los partidos para una acción política eficaz es el de la celebración de sus congresos nacionales, cada varios años.

En las dos últimas semanas se han ido produciendo noticias relacionadas con el Poder Judicial que refuerzan una idea que va calando en la opinión pública: que la derecha política y la derecha judicial, en santa alianza, están utilizando ese poder para alcanzar objetivos políticos que no podrían conseguir a través de procedimientos democráticos. Esos objetivos políticos son: para la derecha política, controlar el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores, tanto para obtener la confirmación judicial de algunas de sus políticas, como proteger al número creciente de eminentes militantes del Partido Popular que van siendo imputados por problemas de corrupción; para la derecha judicial, controlar el Consejo General del Poder Judicial es disponer de una plataforma para repartir los cargos judiciales, para que se perciba que afiliarse a las asociaciones conservadoras (que actúan como verdaderos sindicatos de clase) es rentable y también para cortar el paso al Gobierno y al Parlamento en la gestión del Poder Judicial; y ambas derechas, de consuno, para debilitar al Gobierno al que consideran ilegítimo.

Recientemente señalábamos en esta sección que la política del Partido Popular se aleja mucho, actualmente, de la noción de democracia pluralista que describió el jurista austríaco Hans Kelsen en Esencia y valor de la democracia; alejamiento tan notable que nos obligaba a apuntar que el Partido Popular y su Presidente, Pablo Casado, están infringiendo la Constitución, cuyos principios y valores se basan también en la democracia pluralista, y no casan, por ende, con el intento de Casado de deslegitimar al Gobierno y sacar del campo político democrático al propio PSOE y a su Presidente, Pedro Sánchez (Javier García Fernández: “La deslealtad constitucional de Pablo Casado y del Partido Popular o su falta de sentido del Estado”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2021).

La inauguración del año judicial ha vuelto a sacar a debate la negativa del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), aunque, en realidad, se trata de no renovar este Consejo, más el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Aunque Hans Kelsen es conocido por su Teoría Pura del Derecho con la que pretendía excluir de la Ciencia jurídica todo componente ideológico o político, también escribió muy interesantes obras sobre la dimensión política del Estado. Entre estas últimas, una obra destaca por su brillantez y al mismo tiempo por su claridad, Esencia y valor de la democracia que se publicó por vez primera en 1920 y en España en 1934. En esta obra Kelsen defiende la democracia parlamentaria que comporta admitir el principio de mayoría que, a su vez, conduce al juego de mayorías y minorías. Esta idea es, sin duda, una de las más potentes del Kelsen y un siglo después sigue caracterizando a la democracia porque significa admitir la legitimidad del adversario político, lo que conlleva, a su vez, no sólo la noción de pluralismo sino, incluso, yendo más lejos, la relatividad de los valores pues todos son valiosos y legítimos.

Como vimos en el anterior artículo, el núcleo esencial de la Sentencia gira sobre la falsa contraposición suspensión/limitación de derechos fundamentales.

I. La contraposición limitación/suspensión de derechos fundamentales

Aunque el Tribunal Constitucional no ha publicado formalmente la sentencia sobre la declaración del estado de alarma durante el Covid-19 (y menos aún se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado) en los medios de comunicación y en las redes sociales ya se ha difundido el texto completo y también se han difundido los diversos votos particulares que disienten del fallo. Por su densidad, el texto merece analizarse con cuidado por lo que hoy sólo nos vamos a centrar en el debate conceptual que ha llevado a declarar inconstitucional el artículo 7.1 y 3 del Real Decreto de declaración, el que limitaba la libertad de circulación de los ciudadanos.

A comienzos de la tarde del 13 de julio el Tribunal Constitucional ha publicado un comunicado de prensa que contiene la parte dispositiva de la Sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los Diputados de Vox contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma por vez primera. Como su denominación indica, se trataba de un Decreto, susceptible en principio de ser recurrido sólo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero la prórroga del mismo que autorizó el Congreso de los Diputados dio a este Decreto fuerza de ley y eso explica que haya sido impugnado ante el Tribunal Constitucional, porque la disposición equivale a una Ley.

Dentro del Derecho constitucional y de la Ciencia Política, la reflexión y el análisis del Gobierno es una de las materias más interesantes, porque combina sutiles conocimientos teóricos con una práctica política muy compleja. Y dentro de esa parte del Derecho constitucional que estudia el Gobierno, todo lo referente a la vida del órgano atrae mucho interés. Más interés todavía si hablamos de un Gobierno de coalición. Añádase que el Gobierno es un órgano muy mal regulado en todas las Constituciones democráticas, pues en estas encontramos pocos artículos que disciplinan al Gobierno, frente a la extensa regulación que reciben los Parlamentos o la Jefatura del Estado.

La legislatura 1993-1996 se inició con la decepción de José María Aznar cuando creía que vencería al PSOE. El Partido Popular ideó la consigna “Váyase, señor González” y hasta pactó con Julio Anguita presentar conjuntamente en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en donde se pedía al Presidente del Gobierno que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, intentando así que el Congreso de los Diputados vulnerara la prerrogativa del Presidente del Gobierno de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones que establece el artículo 115 de la Constitución.

El proceso de formación de Gobierno en Cataluña, como era de esperar, se está haciendo difícil y a estas alturas del mes de mayo no se sabe si llegará a ser elegido un Presidente de la Generalidad o, por el contrario, habrán de repetirse las elecciones que se convocarían automáticamente el 26 de mayo.

Las asociaciones judiciales españolas de derechas (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que actúan en la práctica como sindicatos, han enviado cartas a las instituciones comunitarias, concretamente a la Vicepresidenta de la Unión para Valores y Transparencia y al Comisario de Justicia, para denunciar que la última reforma legislativa española en materia judicial (la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la actuación del Consejo General del Poder Judicial en funciones) pone en riesgo del Estado de Derecho, porque limita las atribuciones del órgano de gobierno del Poder Judicial cuando ha rebasado su mandato constitucional de cinco años.

La elección a la Asamblea de Madrid ya está en pleno furor. Ya conocemos los candidatos de los partidos, incluso de Ciudadanos. Algunos medios han dejado asentar una impresión poco fundada, pero que ha calado en algunos comentaristas, a saber, que la candidata del Partido Popular y Presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, no sólo recogerá votos de su partido, sino también de los votantes de Ciudadanos y, por su inclinación ultraderechista, de Vox. No hay datos sociológicos que avalen esta impresión interesada, pero se deja destilar a ver si cala. Lo que sorprende es que esa impresión que otorga un victoria fácil a la Presidenta Díaz Ayuso haya podido asumirse en algunos medios de comunicación, porque la gestión de la candidata del Partido Popular ha sido tan nula, tan vacía y tan ideológica que sorprende que alguien, con independencia de sus convicciones políticas, se plantee en serio que esta señora ha de repetir Gobierno. Estas calificaciones de la gestión de Díaz Ayuso no son improperios huecos, como veremos a continuación.

La sucesión de acontecimientos que han ocurrido en la Comunidad de Madrid tras la (probablemente) fracasada moción de censura contra el Presidente de la Región de Murcia, están dejando una sensación decepcionante, porque está calando la idea de que un hecho ajeno a Madrid (la moción de censura murciana) ha sido capturado por la Presidenta Díaz Ayuso en una operación estratégica de gran calado.

La sucesión de acontecimientos políticos que han tenido lugar en España en la mañana del 10 de marzo puede tener consecuencias importantes para algunas Comunidades Autónomas y también para toda la política nacional. Todo comenzó en Murcia con el anuncio del acuerdo PSOE–Ciudadanos para presentar mociones de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia. Varias horas después, se celebró un Consejo de Gobierno en Madrid, en el que la Presidenta regional sometió a debate la disolución de la Asamblea de Madrid y la celebración de nuevas elecciones. Tras este anuncio, los Grupos Parlamentarios Socialista y de Más Madrid en la Asamblea de Madrid presentaron sendas mociones de censura.