La regeneración democrática según Núñez Feijóo
- Escrito por Gaspar Llamazares Trigo
- Publicado en Editoriales
( Haz lo que yo diga y no lo que yo hago )
Alberto Núñez Feijóo ha buscado el escenario simblico de las Cortes de Cádiz para presentar sus sesenta medidas del denominado Plan de Calidad Institucional. Lo hace unas horas después de la concentración de Cibeles a la que acudió por poderes de la mano de la ultraderecha. Se podría decir aquello de que unos sacuden el árbol y otros tratan de recoger las nueces. Transcurridos también solo unos días del escándalo del protocolo fallido del gobierno de coalición de Castilla y León, con el objetivo de disuadir a las mujeres del ejercicio de su derecho al aborto.
Dentro de las medidas del mencionado plan destaca la propuesta al PSOE de promover una reforma legislativa para garantizar el gobierno del partido que cuente con mayoría relativa a nivel municipal. Una propuesta de resucitación del bipartidismo, más que de regeneración democrática, que provoca una sensación de melancolía por su inutilidad ante la consolidación del pluralismo a lo largo de la última década.
Pero es que además, los Ayuntamientos han funcionado con carácter general con gran estabilidad desde la Transición, así como la mayoría de los gobiernos de las CCAA y también el gobierno central. Por ejemplo, el actual gobierno de coalición y su mayoría parlamentaria han garantizado la aprobación de sus tres presupuestos de legislatura así como la gran mayoría de sus compromisos legislativos. Paradójicamente, la excepción han sido los gobiernos en minoría del PP, con apoyo de Ciudadanos y la ultraderecha de Vox de la última legislatura, los que han tenido que prorrogar sus presupuestos o convocar elecciones anticipadas en comunidades como Madrid y Castilla y León.
Así como sus socios de la ultraderecha proponen ilegalizar partidos al margen de lo que contempla la Constitución, para conseguir revertir la actual mayoría de gobierno, ahora la derecha de Feijóo propone que ninguno de los partidos, más o menos minoritarios, pueda condicionar los programas políticos y las futuras mayorías. Algo que contradice también la proporcionalidad y el pluralismo de nuestra Constitución. No es extraño que lo propongan los mismos que se autodenominan patriotas y constitucionalistas, pero con una concepción patrimonializadora que excluye a todos los demás en contraposición con el carácter incluyente de la Constitución.
Por otra parte, la pretensión de gobernar tan solo con el apoyo apenas un tercio de los votos y con las dos terceras partes en contra, no se trata de algo dudosamente constitucional, al limitar las opciones de voto de la gran mayoría, sino muy poco pragmático ya que luego convierte la legislatura en un calvario para lograr las mayorías necesarias para la aprobación de cada ley y de cada presupuesto.
Lo que no tiene ninguna duda es la inviabilidad constitucional de la segunda vuelta propuesta por Isabel Díaz Ayuso, tanto para las elecciones generales como en las autonómicas dentro de una democracia parlamentaria como la nuestra. Habría que cambiar de arriba abajo la actual Constitución para introducir un sistema presidencial y mayoritario como se pretende. Con Margaret Tatcher en el imaginario.
Y es que la preocupación del PP no es la regeneración democrática ni la estabilidad, sino que más bien tiene su origen en su incapacidad para el diálogo y para tejer alianzas, y por tanto mayorías de gobierno en el presente y en el futuro, más allá de la ultraderecha. Lo que por otra parte pone en evidencia la mencionada iniciativa es su recurso a la deslegitimación y el bloqueo institucional del pp desde la oposición al gobierno de coalición progresista y a su mayoría parlamentaria basada en la pluralidad de hasta ocho grupos parlamentarios.
En definitiva, todo apunta a que esta iniciativa es una nueva excusa para eludir su responsabilidad sobre las contradicciones de sus actuales y futuras acuerdos con la ultraderecha y con su mensaje de moderación, achacándola a la intransigencia de lo que descalifican como 'Sanchismo'.
Por último, lo de limitar el mandato del fiscal general del Estado aumentándolo a cinco años, olvidando además que debido a su estrategia de bloqueo a la renovación los miembros del Consejo General del Poder Judicial han más que duplicado su mandato, es un disparate y una burla al concepto mismo de regeneración.
En el resto de los epígrafes relativos a la transparencia, las puertas giratorias, la actividad parlamentaria y la utilización de lo público, además de una excusa para descalificar con el mismo trazo grueso de los insultos de la concentración de Cibeles al gobierno, las propuestas de regeneración del PP consisten en la aplicación de aquella máxima del cinismo político de 'haz lo que yo diga pero no lo que yo hago'.
Gaspar Llamazares Trigo
Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.