No se trata de más penas, sino de más protección y reinserción

La decisión ha provocado el lógico desencuentro con sus socios de gobierno de Unidas Podemos, cuyo ministerio de igualdad ha sido el promotor de la ley. Por eso exigen el mantenimiento en todo caso del contenido esencial del principio del consentimiento, que pretende evitar la estigmatización de la mujer que estaba obligada hasta esta reforma a demostrar una resistencia heroica frente a un grado de violencia poco menos que irresistible para ser calificada de agresión sexual y no de abuso. Incorporando además nuevos tipos de agresión sexual como la sufrida bajo la sumisión química.

En este sentido, el PSOE y el ministerio de justicia tratarían de paliar los daños de la rebaja de penas durante este año incorporando de nuevo la violencia como agravante para así aumentar las penas a los futuros condenados, sin necesidad de tocar para ello el principio del consentimiento, aunque todavía mantiene con Unidas Podemos diferencias de fondo sobre el procedimiento a seguir. Es por eso que el PP no ha tardado en abrir la herida prestándose a un acuerdo para revertir la ley en el parlamento y con ello marginar a UP y humillar a la ministra de igualdad Irene Montero. Sin embargo, el principal problema es que ninguna reforma penal puede evitar que prime el principio constitucional de la aplicación de la legislación más beneficiosa para el reo, con lo que es previsible que continúe el rosario de rebajas de penas y excarcelaciones, y por tanto se corre el riesgo de que la medida aparezca como algo meramente cosmético, al menos es previsible que así lo van a valorar los medios de comunicación de la derecha.

Y es el error no está en el texto de la ley del solo sí es sí, que no ha hecho otra cosa que incorporar las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, firmado y ratificado por España,  sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que pide que se tipifiquen de la misma manera abuso y agresión sexual, que además ha sido apoyada recientemente por parte del parlamento europeo como un ejemplo a seguir para la protección legal de las mujeres frente a la violencia sexual.

Por el contrario, el error fundamental ha estado en el clima y en el relato punitivista que han acompañado a la reforma del solo sí es sí casi desde el inicio de su elaboración, para verse luego amplificada en su desarrollo con la atribución exclusiva de la responsabilidad de la rebaja de penas al conservadurismo de los jueces. Todo ello, en vez de haber hecho hincapié en la explicación de los avances que la nueva ley supone para la prevención del delito y la protección de la mujer y de las víctimas, previendo y admitiendo al tiempo los efectos paradójicos que la fusión de tipos delictivos iba a suponer para las penas, como en cualquier reforma penal.

En definitiva, esta modificación por razones electorales sería una suerte de cura homeopática con una nueva dosis más punitivista para paliar el precedente del error de un relato inicial punitivista. Un nuevo error que añadir al error anterior. Con ello, el gobierno se suma además al marco mental de la derecha, que se basa en que la única respuesta a los delitos es solo el incremento de las penas y de su cumplimiento. Sin tener en cuenta que junto a la proporcionalidad de las penas, son imprescindibles las medidas educativas y de igualdad para la protección de las mujeres y la prevención del delito, así como las de rehabilitación y reinserción del delincuente, que no solo incorpora la ley aludida, sino que conforman el núcleo del marco ideológico de la izquierda y de los sectores humanistas y de progreso.

Porque en España ya tenemos las penas y el cumplimiento de penas más alto entre nuestros pares europeos, y sin embargo nuestras medidas preventivas y de reinserción están entre las menos desarrolladas.