El consentimiento y el gobierno compartido

Sin embargo, la negociación o el paripé han resultado ser finalmente tan solo para gestionar el desacuerdo, que ha resultado poco menos que irreconciliable.

Por tanto, el PSOE presenta sus enmiendas en solitario y Unidas Podemos defenderá el texto original, si acaso con alguna enmienda de matiz al objeto de evitar la crítica de inmovilismo. En definitiva, cada uno por su lado, los dos mantienen las espadas en alto y en consecuencia trasladarán sus diferencias, primero a la tramitación parlamentaria de las enmiendas anunciadas y más adelante al perfil político de cada cual dentro de la izquierda en la futura campaña electoral.

Con ello, se reducen los pretendidos efectos de cortar o paliar la sangría  en la opinión pública y en particular en el clima punitivista de los medios por los centenares de rebajas de penas y las decenas de excarcelaciones, que además de ser apenas de un tercio no afectan a lo fundamental de una ley centrada en la prevención y la protección de las víctimas, ni tampoco al objetivo constitucional de las penas, como es la rehabilitación y la reinserción del delincuente.

A continuación, la consiguiente escenificación de las diferencias en el Congreso y el Senado, no cabe duda de que será también desfavorable para ambos y que además significará un regalo inesperado para la oposición conservadora, que no ha dudado ni dudará en su tramitación en echar sal en la herida de la división entre los dos partidos del gobierno y también entre sus apoyos parlamentarios, atribuyéndosela en última instancia al presidente del gobierno.

Mientras tanto continuará el inevitable goteo de rebajas de penas y excarcelaciones durante los próximos meses por la aplicación del principio que obliga a adaptarla la que más beneficie al reo.

Y aunque la división provocada por la ley del solo sí es sí cuente con el compromiso de los dos partidos coaligados de que no romperá la coalición ni afectará a la estabilidad del gobierno durante lo que queda de legislatura, sin embargo, también es cierto que abrirá una dinámica imprevisible en la relación entre los dos partidos, no solo con respecto a la solución de las discrepancias y a la viabilidad de algunas las principales leyes todavía en tramitación como son la de vivienda o la ley mordaza, sino también sobre la gestión de leyes ya aprobadas que han suscitado un enfrentamiento interno y la correspondiente polarización y debate público.

Además, incluso en el caso de que la realidad o el paripé de negociación de los últimos dias haya servido para acotar los daños, el gobierno progresista corre el riesgo de trasladar a sus socios de investidura y al conjunto de la ciudadanía una imagen distorsionada de la coalición.

Así, el valor incuestionable de la estabilidad del gobierno de coalición y de la mayoría de investidura, que se ha puesto a prueba en sucesivos reales decretos a lo largo de la pandemia y frente a la actual escalada de precios y se ha plasmado en tres presupuestos aprobados por una amplia mayoría y un potente paquete legislativo quedarán empañados por el defecto de origen de la conformación del gobierno y de los respectivos ministerios y sus iniciativas a modo de compartimentos estancos, cosa que se ha hecho evidente no solo en las remodelaciones parciales del gobierno de solo una de las partes, sino también en algunas posiciones e iniciativas no compartidas e incluso rechazadas por la contraparte dentro del propio gobierno.

Por último, esperemos que la mencionada divergencia no incida más a corto plazo enconando la conflictiva relación del proyecto de Sumar con Unidas Podemos ni debilitando la posición mediadora de la vicepresidenta Yolanda Díaz.