El TS: más madera

En definitiva, una enmienda a la totalidad a la reforma del código penal ejecutada desde fuera del parlamento por el Tribunal Supremo.

Esta sentencia echa por tierra la reforma por razones tanto corporativas como de naturaleza también política. Se temía y se esperaba, desde la misma lógica corporativa por la que en su momento el TS persiguió y condenó a la inhabilitación al juez Garzón y que una vez cumplida la condena continua ignorando la resolución de las Naciones Unidas que le emplaza a su inmediata rehabilitación.

Sin embargo, solo desde la prepotencia y el más absoluto desprecio hacia el papel del gobierno y el parlamento se puede entender el exordio del supremo contra el legislador por su reforma del código penal, para rechazarla con la acusación de ser una medida de desprotección del orden constitucional ante futuros intentos de secesión. Un argumentario tan desproporcionado como fuera de lugar, y además una injerencia inaceptable en la vida parlamentaria, si como todo apunta no viene acompañada de la remisión por su parte del correspondiente informe al Tribunal Constitucional.

En relación al conflicto catalán, la sentencia, más allá de la paradójica revisión de las sentencias (en contra más que a favor del penado) para al final sostenerla y no enmendalla, curiosamente con el respaldo entusiasta de la misma fiscalía del TS que mantuvo hasta el final la acusación de rebelión. Pero sobre todo pretende prolongar en el tiempo y de forma artificial la respuesta del Estado por vía penal y represiva, abonando con ello la inflamación de la veintena de juicios pendientes de los implicados de la segunda fila del Procés, que a la luz de los argumentos de la sentencia, muy probablemente sean condenados a sendas penas de cárcel. Todo ello además en un año electoral.

Con esta reafirmación de la sentencia está claro que continúa, si no se encona, el conflicto institucional abierto entre el autodenominado núcleo conservador del poder judicial frente al gobierno y su mayoría parlamentaria de apoyo de rojos y separatistas.

En consecuencia, se consolida el papel como ariete de la oposición política tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que hace años sigue caducado y en rebeldía con la Constitución y la ley sin que ello provoque mayores críticas ni exigencia de responsabilidades.

Aunque es aún peor el papel de tercera cámara que con este tipo de intervenciones se pretende atribuir a sí mismo el Tribunal Supremo en defensa de la Constitución, y en particular como la garantía más sólida de la unidad nacional frente a la voluntad de los órganos democraticos representativos, considerados como blandos y poco fiables.

Por último, parece que el Tribunal Supremo, al margen de la realidad y en una aplicación regresiva de la ley penal deja una única salida al gobierno: asumir de nuevo su responsabilidad para desinflamar las brasas del Procés mediante nuevos indultos, y está vez sin quedarse a medias. Con su consiguiente uso como munición electoral por parte de las derechas.

Más madera..