El gobierno frente a sí mismo

La cantidad asciende a más de dos mil quinientos millones de euros y en especial eleva las cantidades destinadas a apoyar las necesidades de aquellos estudiantes de la España vaciada que se ven obligados a cursar estudios fuera de su localidad de residencia o de su provincia. Una nueva medida de hondo calado social, que añadir a la reciente revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, que junto a la ampliación de la ley de dependencia, la aplicación del salario mínimo vital y a la práctica equiparación del salario mínimo interprofesional al sesenta por ciento del salario mediano del país, en la línea de las recomendaciones de la Carta Social Europea, sin duda suponen un salto cualitativo en el fortalecimiento del estado del bienestar.

Todo ello en el difícil contexto de una evolución al alza de los precios, que si bien se ha reducido sustancialmente gracias a la puesta en marcha de medidas como la excepción ibérica, las subvenciones y las rebajas de impuestos a la energía, sin embargo se mantiene al alza en particular en la cesta de la compra, y asimismo en las hipotecas, esto último como principal consecuencia de la elevación de los tipos de interés del Banco Central Europeo.

Pero no es tan solo la todavía alta inflación, ni la subida de tipos de interés y el malestar social consiguiente, sino principalmente la confusión y el desasosiego provocado por la polarización política y mediática frente a algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, así como el aumento del ruido de las divergencias en el seno de la coalición, los que han reducido sino anulado el impacto favorable en la opinión pública de unas políticas sociales que no tienen demasiados precedentes.

La muestra de ello es la negativa evolución de las encuestas, incluidas entre ellas las más favorables como la del CIS, que muestran un debilitamiento del bloque progresista con una menor adhesión en sus potenciales votantes, unos situados en el desánimo de la abstención y otros atraídos por el canto de sirena del mensaje de aparente moderación de la derecha. 

Por una parte, sigue el efecto provocado por los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí, con cientos de rebajas de penas y decenas de excarcelaciones en aplicación del principio de aplicación de la pena que más beneficia al reo, al que más recientemente se ha añadido el ruido interno de las discrepancias dentro del gobierno en relación a la proposición de ley presentada de reforma presentada de forma unilateral por el PSOE con el objetivo de paliar la alarma social que estos casos han generado.

En este sentido, el debate sobre el mantenimiento o no del principio del consentimiento en la mencionada reforma ha impedido hasta ahora cualquier acuerdo. Primero por los reproches por su carácter unilateral al margen del ministerio de igualdad y luego por la falta de interlocución corren el riesgo de deteriorar la relación entre los socios de gobierno e  incluso de trasladarlo a la propia mayoría de investidura en el Congreso de los Diputados. Urge la discreción y un acuerdo de mínimos.

Por otro lado, la reforma del código penal de la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación sin ánimo de lucro encaminadas a reconducir hacia la política la respuesta a los rescoldos del Procés, por lo pronto ha resultado frustrada por la interpretación opuesta a la voluntad del legislador de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los principales implicados, con los previsibles efectos, no solo dentro del parlamento y en la confianza entre el gobierno y el ejecutivo catalán, sino también en el ánimo del electorado progresista más moderado.

A todo esto, y en una dinámica de divergencia, cada día más acentuada, se han añadido nuevos temas como la crítica a la posición del presidente y del PSOE sobre la guerra de Ucrania en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Munich y del primer aniversario del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Una posición que ha vuelto a ser descalificada por parte de Podemos como seguidismo de los EEUU, al parecer ante la falta de iniciativas diplomáticas en favor de la paz.

También las medidas para paliar el incremento de los precios de los alimentos se han convertido en otro motivo ya no solo de legítimas alternativas entre partidos diferentes, como lo habían sido en el pasado, sino también de confrontación dentro del gobierno y ante la opinión pública entre la mayoría del PSOE que considera suficientes las medidas adoptadas y la minoría de UP que exige medidas de intervención o nuevas subvenciones a la cesta básica de la compra. También aquí habría que acercar posiciones con pragmatismo.

La explicación más benigna de tan notorias diferencias y de su amplificación en la plaza pública tendría que ver con la reivindicación de un perfil propio, en particular en el momento preelectoral que ya estamos viviendo a unos meses de las elecciones autonómicas y municipales y a menos de un año de las próximas elecciones generales. Sin embargo, cuando se forma parte del mismo gobierno hay que tener mucho cuidado para que el legítimo perfil de partido no oculte los buenos resultados de las políticas sociales de la coalición de gobierno ni merme la confianza imprescindible para mantener el pulso del gobierno y de la mayoría parlamentaria durante los próximos meses. No vaya a ser que haya incluso quienes, dentro o fuera de la mayoría de investidura, lo atribuyan a un distanciamiento, deliberado o no, que podría provocar la ruptura, sino la disolución adelantada y la coincidencia de ambas elecciones, lo que no solo sería un final injusto para la experiencia del primer gobierno de coalición de la democracia, que aunque se ha visto enfrentado a un rosario de calamidades y a las limitaciones del modelo de gobierno más compartimentalizado que compartido, lo ha hecho cumpliendo buena parte de sus compromisos electorales con los ciudadanos, sino ante todo una apuesta destinada al fracaso que acabaría con las expectativas de la continuidad futura del gobierno de coalición progresista y con la izquierda en la oposición.