Caso Mediador: investigación frente al doble rasero

La jueza del caso mediador acusa al diputado Fuentes Curbelo ( tito Beni) de delitos graves como cohecho y la falsedad documental, además del blanqueo, el tráfico de influencias y la pertenencia a una organización criminal que incluye ya a una docena de personas. Y es que no solo hay varios altos cargos del gobierno canario implicados en el informe de la guardia civil, sino que el mencionado mediador apunta también a otros partidos, incluido el actual candidato del PP en las islas.

La instructora considera además que se ha utilizado el parlamento como centro de operaciones, con entrevistas y  visitas de los empresarios como aperitivo para entrar en contacto con la trama corrupta. 

Una vez conocido el sumario, el grupo parlamentario socialista ha aplicado la cirujía de urgencia expulsando y obligando a dimitir al acusado de su cargo de diputado. A pesar de ello el escándalo no ha hecho más que aumentar. Entre otros motivos, porque se ha sabido también que una quincena de diputados compartieron mesa y mantel con el diputado acusado y con los empresarios, aunque los parlamentarios aseguren que solo se trató de una cena sin más.

Esa es la razón por la que a continuación el grupo parlamentario ha emplazado a sus diputados a la máxima transparencia, al tiempo que ha defendido su honorabilidad frente a insinuaciones y acusaciones infundadas de algunos medios conservadores. Un asunto que como era de esperar ha provocado la salida  en tromba de los medios de comunicación de la derecha contra el primer caso de corrupción de uno de los partidos del gobierno en esta legislatura.

Es por eso, que tiene que haber garantías cuanto antes de que el tumor ha sido extirpado y de que no tiene nuevas metástasis en el parlamento o incluso más allá. Es decir, que no pueden aparecer ningún implicado más, en particular en el Parlamento ni en los ministerios a los que aludía la trama corrupta, en concreto de agricultura, economía, interior o exteriores que pueda suponer echar más sal en la herida.

En definitiva, lo ocurrido no se puede cerrar sin que se produzca al menos una investigación interna del grupo socialista, sino también de los servicios del propio parlamento para garantizar la máxima transparencia y que no hay ningún diputado o senador implicado.

Solo eso puede evitar que, a las puertas de una campaña electoral, la mayoría de los grupos parlamentarios se vean abocados a votar una comisión de estudio o una comisión de investigación, aunque esté abierto el procedimiento judicial.

Por eso el PP no ha dudado en rasgarse las vestiduras y ha exigido la apertura inmediata de la mencionada comisión de investigación en el parlamento, de forma que de aire al escándalo durante los próximos meses. Todo ello, cuando todavía no ha respondido a las graves acusaciones de la fiscalía anticorrupción en el caso Kitchen ni ha tomado ninguna medida con la senadora y alcaldesa de Marbella ni con sus parlamentarios investigados.

Lo cierto es que la implicación del PP en casos mucho más graves de corrupción ni tampoco su pasividad ante los mismos eximen a todos los demás, y en particular al grupo socialista, al parlamento y al gobierno en su conjunto de realizar una investigación a fondo y depurar las posibles responsabilidades, no solo para evitar la prolongación del escándalo sino sobre todo para demostrar la máxima contundencia y ejemplaridad en la respuesta.

Por último, la presidencia y la mesa de la cámara tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir hechos similares en el futuro, tanto en las publicaciones de las agendas de los diputados y diputadas en el portal de transparencia, en la efectiva aplicación del código ético existente, como también con respecto a la anunciada reforma del reglamento para regular de una vez por todas la presencia de los grupos de presión en el parlamento. Llegamos otra vez tarde.