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¡Guardaos de las divisiones el 8 de Marzo!


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Por segundo año consecutivo el movimiento feminista acudirá dividido a las movilizaciones del ocho de Marzo, y por si fuera poco, también lo harán los partidos de la izquierda del gobierno de coalición, paradójicamente en un contexto de importantes avances legislativos en igualdad de género como lo han sido la sentencia del Tribunal Constitucional y la nueva ley de interrupción del embarazo que después de más de una década lo han consolidado en España como un derecho de las mujeres, así como en la ley frente a la trata. Unos avances que han sido acompañados de medidas presupuestarias, de reformas laborales y de pensiones y de una fuerte revalorización del salario mínimo de indudable repercusión en la mejora de las mujeres, en particular las de situación más desfavorable.

Todo ello, en abierto contraste con un panorama internacional regresivo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que todavía continúan siendo botín de guerra entre otras en Ucrania y sufriendo una represión brutal en Irán y sujetas a la doble discriminación en buena parte del mundo, mientras en más de una decena de Estados de los EEUU sufren la vuelta atrás en el derecho al aborto, obstaculizado su ejercicio o incluso castigado por su código penal.

Es cierto que la división del movimiento feminista ante el ocho de marzo en España estaba servida, sobre todo a raíz del agrio debate generado por la ley trans y en particular por el concepto de identidad de género en el marco de la discutida teoría Queer, que ha sido interpretado como un borrado por una parte del movimiento feminista, a lo que se había sumado el alineamiento polarizado en una y otra posición irreconciliable bien por parte de Podemos desde el Ministerio de Igualdad o por otro lado por caracterizadas dirigentes del PSOE como Carmen Calvo.

A todo esto se ha sumado la aplicación de la ley del solo sí es sí, que si inicialmente se las prometía muy felices como un avance decisivo en el consentimiento de las relaciones sexuales y en la protección a las víctimas de violación, sin embargo se ha convertido progresivamente en un goteo de rebajas de penas y de excarcelaciones, que aunque recurridas por la fiscalía en su mayoría, ya han generado una grave alarma social y el consiguiente debate público que finalmente ha terminado girando en torno al populismo punitivista, tan alejado de la reinserción y rehabilitación que contempla la Constitución. Unos efectos colaterales que la coalición de gobierno no supo prever y que tampoco ha acertado después en el cómo y cuándo reaccionar. Tan pronto atribuyéndo la cadena de revisiones de penas al inveterado machismo judicial, para luego mirar hacia otro lado durante meses, acabando finalmente por dividirse en torno a una reforma de sus efectos indeseados, que ambas partes han terminado considerando poco menos que ineludible.

Una discrepancia por tanto técnica o de procedimiento, que no en la oportunidad de la reforma, pero que sin embargo ha devenido en una disyuntiva de fondo sobre el ser o no ser de la ley en su conjunto, al mayor o menor feminismo de los partidos del gobierno y que por tanto ha afectado negativamente a la imagen de la ley y de sus indudables avances en el principio del consentimiento y la protección de las víctimas de las agresiones sexuales. Además, una discrepancia tan sólo en el procedimiento (como agravante o como subtipo) que sin embargo se ha convertido poco menos que en una barrera infranqueable para el acuerdo y en motivo de confrontación.

De hecho, si no hay un cambio de posición en las próximas horas, las dos fuerzas políticas del gobierno de coalición y sus aliados de investidura parecen abocados a votar de forma contradictoria, haciendo con ello ostentación de su división en la toma en consideración de la reforma del código penal presentada unilateralmente por el grupo socialista frente al ministerio de igualdad de Podemos que ha sido el promotor de la ley del solo sí es sí. El apoyo de la derecha pretende incidir en la división del gobierno y poner en cuestión la necesidad del conjunto de la ley.

En definitiva, si finalmente la división de voto se consuma, no cabe duda que sus repercusiones irán más allá de la discrepancia en torno a una importante ley entre los partidos de la coalición. Sobre todo enturbiará además las relaciones en el último año de legislatura y con ello el buen balance de cohesión y de estabilidad del gobierno. Pero, por encima de todo, afectará a la imagen del gobierno y de sus componentes en lo que ya es un periodo de precampaña electoral. Bien se podría decir aquello de 'guárdate César de los Idus de Marzo'.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.