El PP se revuelve contra el Pacto de Toledo

Este nuevo acuerdo en materia de pensiones primero dentro del gobierno y luego con la Unión Europea, culmina la segunda parte de una reforma fundamental después de la reposición de la ley de revalorización, dando con ello cumplimiento a las principales recomendaciones del Pacto de Toledo que fueron aprobadas por amplia mayoría en noviembre de 2020 en el Congreso de los Diputados.

Una reforma que contará con un más que probable acuerdo con los sindicatos, a diferencia del conflicto social creciente entre el gobierno y los sindicatos del país vecino, que paradójicamente está siendo capitalizado por la misma ultraderecha que aquí a omina del sistema público de pensiones.

Con ello, el gobierno español recupera la iniciativa política, que había perdido en las últimas semanas, en lo que supone un nuevo avance de la agenda social, esta vez en materia de pensiones, y que contará previsiblemente con un aval superior al de la amplia mayoría del Pacto de Toledo.

De lo que hasta ahora hemos conocido destaca la posibilidad de elegir entre el periodo actual de cotización o bien ampliarlo a ventinueve años excluyendo los dos años peores desde el punto de vista laboral, que aunque era lo previsto explícitamente en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha sido recibido con cierta sorpresa.

-"Se evaluará el impacto de la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y la elección de los mejores años para calcular la pensión para evitar lagunas de cotización". Al contrario de la imposición que desde un principio algunos anunciaron de una nueva ampliación del periodo de cómputo, que nos impondría la Unión Europea a cambio de los fondos de recuperación, con el correspondiente recorte de las pensiones.

Tampoco se ha cumplido la amenaza de un nuevo retraso en la edad de jubilación en la que también algunos expertos han insistido, cuando todavía no hemos culminado el retraso de dos años incluido en la reforma del año 2011. Finalmente, no se retrasa de nuevo ni a los setenta años ni mucho menos a los setenta y dos como ha propuesto el Círculo de Empresarios, lo que nos hubiera situado en una edad de jubilación muy por encima de media de la UE, que hoy es de sesenta y cuatro años y medio para los hombres y un año menos para las mujeres, superando a los sesenta y seis de Alemania e incluso a la edad récord de los sesenta y siete años de jubilación en Suecia y Noruega.

También ésta en la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo que propugnaba la aproximación “tanto como sea posible” la edad de jubilación efectiva a la edad legal mediante los correspondientes incentivos, e incluso la prolongación voluntaria más allá de la edad legal. Pero lo más sorprendente ha sido el rechazo al destope de la base máxima de cotización por parte de los empresarios y del PP, como ya ocurriera con el fondo de solidaridad destinado a mantener la suficiencia del sistema en los años de jubilación de la generación del Baby boom, con el manido argumento de su previsible impacto en las pequeñas empresas y en el empleo, cuando la elevación paulatina de las bases máximas que ahora se propone ha formado parte de las principales medidas para la suficiencia del sistema junto a la financiación presupuestaria de aquellas materias sociales que no forman parte del sistema contributivo de pensiones. Así lo decía también otra de las resoluciones.

-"La Comisión rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización. La financiación del sistema de la Seguridad Social debe adecuarse a la naturaleza de la protección, de modo que las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado"

-Asimismo propone que la relación entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima guarde equilibrio entre aportaciones realizadas y prestaciones percibidas para garantizar la contributividad, pero sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema.

Aunque esta amnesia selectiva de la derecha española no es nueva en materia de pensiones. Después de derogar unilateralmente la revalorización de las pensiones, todo ello al margen del texto constitucional y del mandato legal, ha votado favorablemente volver a reponerlo en el marco del Pacto de Toledo.

-Artículo 50 de la Constitución Española: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

-"La Comisión del Pacto de Toledo defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley".

Aunque recientemente han vuelto a cuestionarlo en el presupuesto para 2023 excusándose en la fuerte escalada inflacionaria.

De igual modo, el acuerdo supone un avance en la solidaridad de nuestro sistema de pensiones al prever la mejora de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, así como medidas adicionales para favorecer el cierre de la brecha de género, también en la senda de las resoluciones del mencionado pacto parlamentario. Entonces, las recomendaciones fueron aprobadas con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, cuatro diputados de Junts, PNV, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria,y el PRC.

Parece ser que en poco más de dos años algunos de los partidos que votaron el informe del Pacto de Toledo, que como vemos incluye entre sus resoluciones la revalorización de las pensiones, el destope de la base máxima de cotización y la superación de los vacíos en el periodo de cálculo, resulta que ahora se han olvidado y lo rechazan.

Quién no los conozca, que los vote.