La vivienda es un derecho y no solo un negocio

El acuerdo alcanzado sobre la ley en tramitación contempla finalmente unas subidas de los alquileres del dos y del tres por ciento en 2023 y 2024 respectivamente, la rebaja de diez a cinco el número de viviendas para el tratamiento como gran tenedor por parte de las CCAA y el establecimiento de un criterio amplio para la consideración de zona tensionada en base a la evolución del precio de la vivienda y al porcentaje de la renta dedicado a la misma.

No es nada casual que la presentación de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la mayoría de investidura le haya correspondido a la izquierda independentista y que se haya cerrado en los prolegómenos de la campaña electoral del próximo veintiocho de Mayo.

Por eso, como era de esperar, la ley ha sido considerada innecesaria e incluso contraproducente tanto para la derecha como por el sector inmobiliario, ya que según ellos no solo reducirá la oferta de viviendas, sino que subirá los alquileres y desincentivará la inversión. Lo cierto es que tanto las experiencias del pasado como la más reciente de la contención de precios del alquiler, primero en el contexto de la pandemia y ahora de la escalada de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania, apuntan en el sentido contrario: la oferta se ha recuperado en niveles pre pandemia, los alquileres se han contenido y la inversión inmobiliaria ha crecido.

Por si fuera poco, el PP ha puesto en cuestión además el interés de los partidos soberanistas en acordar una ley destinada a todos los españoles. Una boutade y un argumento ad hominem más, para así no entrar al fondo del problema.

Porque la vivienda es un asunto complejo en el que se arrastran varios debates: Entre Estado y mercado, lo público y lo privado, entre la propiedad y el alquiler, el valor de uso y el de cambio, entre el suelo y el vuelo, el centro y la periferia, el uso y el equipamiento…etc. En resumen conceptos diferentes e intereses encontrados que hacen imprescindible la intervención de los poderes públicos en defensa del derecho a la vivienda y del interés general en materias como el empleo y la efectiva provisión de los servicios públicos.

Un concepto de vivienda que ha ido cambiando con la evolución de la sociedad y de las ciudades desde el mero alojamiento a lo residencial, pasando por el predominio de la vivienda en propiedad a los llamados complejos inmobiliarios más recientes. De hecho la propiedad se ha impuesto al alquiler desde mediados del siglo XX en España y asimismo el negocio y sobre todo la especulación urbana de los últimos años han vaciado de contenido el derecho a la vivienda digna reconocido en nuestra Constitución. También los llamados alojamientos turísticos han convertido una parte del centro de las ciudades españolas, fundamentalmente en el levante y en las islas Baleares y Canarias, como zonas tensionadas, cuando no en zonas gentrificadas, tanto para las viviendas residenciales como para los mismos hoteles, con la consiguiente repercusión en el acceso a la vivienda y en el empleo del sector servicios.

Por todo ello, en los últimos meses el acceso a una vivienda digna se ha convertido, a tenor de las opiniones expresadas en las encuestas, en una de las principales preocupaciones de los españoles que no podía permanecer sin respuesta. En primer lugar por el difícil acceso a una vivienda de alquiler y a un precio asequible para la emancipación de los sectores más jóvenes y también para la compra de viviendas por parte de los tramos superiores de edad debido a la elevación del precio de las hipotecas como consecuencia del fuerte incremento de los tipos de interés decidido por el Banco Central Europeo, se dice que en su lucha contra la inflación.

Todos estos grupos de edad y los correspondientes tramos de renta se ven obligados a destinar una parte cada vez más importante de su renta a la vivienda y a la alimentación. Por eso, además de la limitación al incremento de los precios de los alquileres, es preciso incrementar de forma sustancial el escaso esfuerzo público de las diferentes administraciones en la promoción de viviendas sociales y cooperativas destinadas al alquiler, así como en la movilización, el aval y la reducción de los alquileres de los más de tres millones de viviendas hoy vacías, y también en las nuevas formas de alojamiento como los mencionados complejos inmobiliarios y las llamadas viviendas colaborativas.

En definitiva, la ley de vivienda es un nuevo avance social en el reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda y en el avance del estado social en la buena dirección.