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Un relato apocalíptico para el adelanto del curso parlamentario


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

"No es la primera vez, ni por desgracia será la última, en que la derecha se sume al relato catastrofista y a un discurso populista sobre las vacaciones permanentes del gobierno y de una clase política indolente e incompetente"

La portavoz parlamentaria del PP ha exigido la consideración del mes de Enero como periodo ordinario para la actividad parlamentaria a todos los efectos, algo obligado en opinión de la derecha debido circunstancias extraordinarias como la sexta ola de la pandemia, la según ellos crítica situación económica con el fuerte rebrote de la inflación que merma el poder adquisitivo de los ciudadanos, y todo con un gobierno dividido y con una mayoría parlamentaria inestable.. y ahora con la polémica añadida a raíz de unas declaraciones del ministro de consumo en relación a las macrogranjas.

No se extrañen, no se trata de un juego de palabras esto de exigir la declaración como periodo ordinario por circunstancias extraordinarias, ya que la señora Cuca Gamarra sabe que según la Constitución y el Reglamento de la Cámara los meses del curso parlamentario, considerados como periodo ordinario, van de febrero a junio y de septiembre a diciembre, con lo que el mes de Enero no lo es, y que como consecuencia la Cámara solo podría habilitar fechas concretas para la realización de plenos extraordinarios o para las ponencias de leyes en tramitación mediante un acuerdo de la mesa y la junta de portavoces.

De hecho, en el momento de la petición de periodo ordinario ya se había autorizado el funcionamiento de las ponencias de varias leyes en tramitación por parte de la dirección de la Cámara y se habían pedido una serie de comparecencias por parte del gobierno. Además está previsto en el Reglamento el funcionamiento de la diputación permanente, una representación del pleno en el período extraordinario, que cuando se reúna a mediados de mes, por mayoría de sus miembros aceptará o rechazara las peticiones de comparecencia urgente de las ministras y ministros del gobierno ante la comisión parlamentaria correspondiente.

Hasta aquí la norma, algo sobradamente conocido por sus señorías, pero da igual. Otra cosa son las intenciones de esta exigencia exótica del partido popular de transformar el periodo extraordinario en periodo de actividad ordinaria, todo ello con la nada oculta intención de poner en evidencia unas supuestas vacaciones permanentes del gobierno. No es la primera vez, ni por desgracia será la última, en las que la derecha se sume al discurso populista sobre las vacaciones del gobierno y de una clase política indolente e incompetente por naturaleza, para hacer oposición destructiva al gobierno de coalición de la izquierda, sin pararse en mientes en el descrédito y el cuestionamiento de los políticos y de la actividad política en general.

Todo ello para seguir con un relato de tintes apocalípticos sobre la situación crítica creada por el gobierno socialcomunista más radical y extremista de Europa, apoyado además en una mayoría parlamentaria de enemigos de España formada por independentistas y ex terroristas, al rebufo de la ultraderecha. Haciendo buena la máxima periodística de que nunca dejes que la realidad estropee un buen titular o en este caso un buen relato populista. El problema que tiene la dirección del PP es que la realidad no se compadece con esos calificativos catastrofistas: ni la realidad del país ni la del gobierno ni la de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Es cierto que sufrimos una nueva ola de la pandemia, pero también con mucha menor gravedad que las anteriores debido a un nivel de vacunación récord que supera ya el noventa por ciento de la población diana, también es cierto que vivimos una recuperación económica con un crecimiento por debajo de las previsiones debido a la continuidad de la pandemia y también un rebrote de la inflación en el contexto de salida de la crisis, pero a la vez con la práctica recuperación de todo el empleo perdido al cabo de menos de dos años del inicio de la pandemia.

En cuanto al gobierno y su mayoría parlamentaria, ha garantizado hasta ahora la aprobación de más de cuarenta leyes, de setenta decretos y de dos presupuestos consecutivos que garantizan la incorporación de los importantes fondos de recuperación europeos, y por si fuera poco cuenta con el reciente acuerdo de concertación social sobre la reforma laboral como culminación de una larga serie de acuerdos económicos y sociales para paliar los efectos de la pandemia. Lo que se echa de menos es el diálogo y el acuerdo político e institucional.

Por último, el gobierno acaba de presentar su agenda legislativa para el resto de la legislatura, compuesta por más de noventa leyes de un ambicioso contenido social, feminista y ambiental. Una agenda de la que sin embargo se han caído los compromisos de modificación del código penal sobre asuntos tan importantes como la sedición, la rebelión o las injurias a la corona que nos siguen diferenciando de la legislación europea más avanzada. Algo que el gobierno debería al menos explicar, si no rectificar.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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