De chantaje, secuestro y bloqueo en el poder judicial

Una senda de judicialización de la política que ha sumido a nuestro tribunal de garantías en un descrédito sin precedentes desde el Estatut, con la imposición de una deriva negacionista por parte de la mayoría conservadora contra la legislación de alarma adoptada por el gobierno para hacer frente a los embates de la pandemia. Deriva que contrasta con el respaldo de los tribunales de garantías de la práctica totalidad de las democracias de nuestro entorno a unas legislaciones de emergencia o de calamidad casi idénticas.

Todo esto forma parte de la misma estrategia de bloqueo de los partidos de la derecha encabezados por el Partido Popular, que ha impedido hasta ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de casi cuatro años en funciones desde que haya terminado su periodo de vigencia de cinco años contemplado en la Constitución.  En este caso, la enésima excusa para el mantenimiento del bloqueo es la espera a la mediación del comisario europeo de justicia Reynders de la UE.

Ahora, bajo presión del propio presidente del CGPJ Lesmes, que después de casi cuatro años en funciones ha decidido por fin que el secuestro del órgano por parte del núcleo duro de la mayoría conservadora y la vulneración del plazo estipulado en la ley sobrepasa cualquier límite admisible en democracia, incluso los límites de su legítima ambición personal a formar parte del TC en el próximo futuro, y que por tanto no desea pasar a la historia, si es que algún actor secundario tiene ese honor, con ese oscuro perfil firmando parte del chantaje y el secuestro institucional.

Para ello ha presentado un informe ad hoc sobre su relevo en el que además señala a su sucesor al margen del Consejo, que ha provocado la consiguiente reacción del Tribunal Supremo que, como era de esperar, ha trasladado la responsabilidad de la renovación a los políticos del Congreso y el Senado, eludiendo cualquier crítica al bloqueo de la derecha, que por otra parte ha sido el factor determinante de su propia designación.

En el trasfondo de todo está la defensa corporativa de la elección del órgano de gobierno directamente por parte de los propios jueces, ignorando la ley vigente ratificada en su momento por sentencia del Tribunal Constitucional. Como si la política de los partidos representativos fuese menos legítima que la no menos política de las asociaciones judiciales. Aunque también con una concepción de la independencia del poder judicial que se sitúa más allá de la Constitución española, que al igual que en el resto de las democracias europeas, acota la independencia de jueces y tribunales al momento y al contenido cuando instruyen y juzgan.  No solo con una concepción conservadora y mandona de la justicia que entronca con la justicia real del antiguo régimen de la monarquía absoluta, sino sobre todo con la concepción nacional populista más propia del Trumpismo que eleva al poder judicial sobre los demás como un poder supremo, garante de la razón de estado y de la unidad de la patria por encima de lo que consideran la inestabilidad y la volubilidad propias de los poderes blandos del legislativo y ejecutivo en democracia.